Los gobiernos locales y la migración: propuestas para agenda regional, por Betilde Muñoz
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Los gobiernos locales son los principales órganos políticos encargados de gobernar las comunidades locales y, como tales, tienen la responsabilidad principal de prestar servicios esenciales y están en una posición única para generar cambios significativos en el acceso a derechos e inclusión de la ciudadanía a su cargo. Es por esto que las autoridades locales desempeñan un importante rol en la atención e integración de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en las ciudades de las Américas.
Aunque suele pensarse que la movilidad humana es un tema que solo es abordado a través de políticas públicas de alcance nacional, las autoridades locales se encuentran en una posición de cercanía única con las personas que gobiernan. Por ende, son las primeras en gestionar los impactos que generan los movimientos migratorios y el desplazamiento forzado en sus ciudades, y en la ciudadanía.
Además de las oportunidades que les ofrece su rol para gestionar políticas públicas que permitan un pleno aprovechamiento de la llegada de migrantes y refugiados, tampoco podemos negar que las ciudades y sus gobiernos han tenido que asumir un costo importante para recibir e integrar a poblaciones migrantes y desplazadas forzadas que han venido en aumento en años recientes.
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Al día de hoy sabemos que en las Américas viven más de 73.5 millones de migrantes internacionales, de los cuales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de la mitad (43.3 millones) son trabajadoras y trabajadores migrantes. A finales de 2021, se reportaban cerca de 18,5 millones de personas desplazadas o en necesidad de protección en la región, incluidos solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y desplazados internos, lo que representa alrededor del 20% de la población mundial desplazada por la fuerza.
Además, se estima que más de seis millones de refugiados y migrantes de Venezuela han abandonado su país y son acogidos en 17 países de América Latina y el Caribe, mientras que más de 1 millón de personas han huido de la violencia y la persecución en Centroamérica, incluyendo más de 100.000 nicaragüenses que se han desplazado principalmente hacia Costa Rica.
Adicionalmente, sabemos que las autoridades locales se enfrentan a varios desafíos en la inclusión de las personas migrantes y refugiadas, los cuales se profundizan a nivel local desde las ciudades hasta las llamadas zonas de frontera. Estos van desde la insuficiencia de recursos financieros y capacidades técnicas, la falta de alternativas para la inclusión social plena de los migrantes, hasta la falta de coordinación adecuada entre los gobiernos nacionales y locales, entre otros.
A pesar de estos desafíos, los migrantes y refugiados contribuyen de manera significativa al desarrollo de las comunidades que los acogen. Por un lado, contribuyen al crecimiento del PIB mediante el aumento del consumo y de la mano de obra joven y calificada y, por otro, refuerzan la transferencia de conocimientos y enriquecen el patrimonio cultural y social.
Pero estos beneficios no pueden aprovecharse sin que los gobiernos locales ocupen el espacio para liderar este aprovechamiento. Un rol activo por parte de los gobiernos de las ciudades generará mecanismos que permitan aprovechar su talento humano y contribuciones económicas al tiempo de combatir la discriminación y la xenofobia en las comunidades de acogida.
Ante las actuales crisis de desplazamiento forzado en la región, resulta cada vez más relevante promover espacios de intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, además de cooperación internacional y asistencia técnica, que permita a los países receptores replicar las buenas prácticas que se han desarrollado en otros países. Y que, al mismo tiempo, puedan brindar una respuesta holística y efectiva al fenómeno, además de generar consciencia y propender por la solidaridad y la cohesión en las comunidades receptoras.
Durante la Cumbre de Ciudades de las Américas (Cities Summit of the Americas) a celebrarse en Denver, Colorado (USA) en abril de 2023, será lanzado el Estudio Regional «El Rol de los Gobiernos Locales en la Recepción e Integración de Migrantes y Refugiados en Ciudades de las Américas,» con el objetivo de generar un diagnóstico sobre las necesidades de las autoridades locales en materia de recepción e integración de migrantes y refugiados, además de incluir una recopilación de buenas prácticas desarrolladas a nivel local.
El propósito de llevar este tema a la Cumbre de Ciudades de las Américas es provocar un diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las autoridades locales que actúan en la recepción, la asistencia, la protección y la integración socioeconómica y cultural de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, así como seguir haciendo propuestas de soluciones para que la migración sea un ganar-ganar para las personas migrantes y desplazadas forzadas y sus comunidades de acogida. Esto no es una tarea imposible. Puede lograrse con políticas públicas que permitan aprovechar sus contribuciones.
Betilde Muñoz-Pogossian es directora del Departamento de Inclusión Social, Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Co-Coordinadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres. Fellow del Draper Hills Fellowship en Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Asociada Senior del Center for Strategic and International Studies (CSIS) en Washington, DC.
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