Los juristas del horror, por Gioconda Cunto de San Blas
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He vuelto por enésima vez a la lectura del libro cuyo título he robado para mi nota de hoy. Publicado en 1987 por Ingo Müller, prestigioso académico alemán del Derecho, y traducido al español en 2006 en cuidada versión de Carlos Armando Figueredo, en sus páginas se demuestra que fue muy poca la resistencia activa de los juristas, intelectuales y académicos frente a los crímenes nazis, y narra cómo –para mayor inri– muchos de los juristas delincuentes se reinsertaron en el poder judicial de la República Federal de Alemania a partir de 1945, al término de la segunda guerra mundial.
El incendio del Reichstag (parlamento alemán) en 1933 fue la excusa para la instalación de un «estado de emergencia» en el Tercer Reich, que privó a los ciudadanos de sus derechos personales y sociales. Así las cosas y en paisaje que puede resultarnos cercano, la libertad del individuo, la inviolabilidad del hogar, la privacidad de la correspondencia, la libertad de expresión y de reunión, el derecho a constituir organizaciones y a ser propietario de bienes, la existencia de partidos políticos distintos al nacional-socialista (nazi) fueron todos suspendidos «hasta nuevo aviso», en realidad, hasta que el 8 de mayo de 1945 las tropas aliadas acabaron con el Tercer Reich, marcando el final de la guerra en el escenario europeo.
Tristemente, figuras prestigiosas del mundo cultural alemán cayeron bajo el embrujo o el terror de un cabo desequilibrado. La Asociación de Instituciones Alemanas de Educación Superior, los colegios profesionales, las academias, las instituciones científicas, el estamento médico con sus aberrantes experimentos, el mundo cultural en general salvo honrosas excepciones, más que callar, colaboraron activamente para amoldarse al régimen nazi y actuar en consecuencia. Los que no callaron fueron eliminados por la fuerza o en el mejor de los casos, huyeron para salvar sus vidas. No quiero pasar por alto la aprobación en 1935 de las tres leyes de Nuremberg bajo cuyo imperio procedió el holocausto de unos 6 millones de judíos y 7 millones de personas «inferiores» (con discapacidad, gitanos, personas de color, etc.), calificadas como dañinas para la fortaleza de la sociedad nazi y la preservación de la «pureza aria».
Todo esto lo traigo a colación en momentos en que la «furia revolucionaria» se ha desatado en nuestra Venezuela no ya bajo la forma de grupos violentos que interrumpen actividades opositoras sin ton ni son, sino desde el mismo centro de las instituciones que supuestamente están allí para defender a los ciudadanos de las perversidades y abusos del poder. Se persigue y desaparece a defensores de derechos humanos, a líderes sindicales, a cualquiera que ose expresar una opinión adversa al régimen (Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Víctor Venegas, por citar unos pocos).
Y en nueva modalidad, no solo a ellos sino a sus familias, como es el caso de San Miguel, cuya hija, hermanos y familiares fueron apresados y presentados en nocturnidad, en ausencia de los abogados defensores de las víctimas, ante unos tribunales presididos por mal llamados jueces, que admiten los casos sin pruebas que sustenten los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, entre otros, de los que se les acusa.
A la fecha del 5 de febrero de 2024, el Foro Penal, ONG dedicada al fomento y defensa de los derechos humanos (DDHH), y a brindar asistencia jurídica gratuita a ciudadanos víctimas de violaciones a sus DDHH, contabiliza 261 presos políticos, de los cuales 18 son mujeres, 146 militares y 123 no condenados.
Muchas son la expresiones nacionales e internacionales, de gobiernos y organismos diversos, en protesta al régimen y en solidaridad con Rocío San Miguel, sus familiares y demás presos políticos, sumidos en las mazmorras de los cuerpos de seguridad del estado. Rocío San Miguel no es una conspiradora, es dirigente de la ONG Control Ciudadano, dedicada a la investigación, monitoreo y evaluación de temas de seguridad y defensa nacional, destacada profesora universitaria. Es beneficiaria de medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde enero de 2012, las cuales no han sido cumplidas por el estado venezolano a pesar de reiterados reclamos de dicha Comisión.
*Lea también: «Detención de Rocío San Miguel es un ataque frontal y feroz contra movimiento de DDHH»
En el prólogo del libro que da origen a esta nota, su autor Eduardo Casanova trae una reflexión que asumo como propia: «Este es un libro (Los juristas del horror) que todo ser humano debería leer con cuidado y atención, para evitar que la perversión de la justicia se repita. Que nunca más la justicia se politice y se coloque en situación de servilismo frente a un Poder Ejecutivo intransigente y antidemocrático. No hay justificación alguna para que en nombre de una revolución se le haga tanto daño a pueblo alguno».
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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