Los lacayos, por Teodoro Petkoff
De acuerdo con lo establecido por la Ley Habilitante, las leyes que promulgue el Presidente con carácter «Orgánico» deben ser sometidas, antes de su publicación, a la Sala Constitucional del TSJ para que esta «se pronuncie sobre la constitucionalidad de tal carácter». La Sala Constitucional se pronunció, estableciendo, como era de esperarse, la constitucionalidad de los textos «orgánicos» que fueron sometidos a su consideración.
Sin embargo, si se examina el caso de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan), no queda duda alguna de que la Sala Constitucional del TSJ no hizo otra cosa que convalidar un acto inconstitucional del presidente de la República. Esa reforma de la Lofan lo es claramente y si la Sala Constitucional no lo declaró así es porque, como ya lo ha demostrado varias veces, opera como una extensión de la oficina jurídica de Miraflores, y no como la cabeza del Poder Judicial. El nombre y la estructura de la FAN están establecidos en la Constitución vigente. Su nombre es Fuerza Armada Nacional y su estructura es la de cuatro componentes: Ejército, Marina, Aviación y Guardia Nacional, cuyos nombres, por cierto, tampoco pueden ser modificados como ahora se pretende. No se puede cambiar los nombres ni crear un quinto componente, la Milicia, sin establecerlo previamente en la Constitución.
Para ello habría que reformar esta, y eso fue lo intentado por Chacumbele el 2D pasado. Sabía que no podía producir esos cambios sin la previa modificación de la Constitución. El país rechazó la reforma y la Constitución quedó como estaba. Los cambios que ahora se proponen no se pueden adelantar por vía de una ley que contraría la Constitución. Como se ve, esta formalidad no es un detalle cualquiera.
Las formalidades constitucionales son reglas de juego que obligan a todos los ciudadanos, pero primero que nadie al propio Gobierno. Están por encima de cada ciudadano y del propio gobierno.
Cuando el gobierno actúa, como ahora, sin respetar la Constitución, ni las leyes, y la voluntad del Presidente es la ley, se puede decir que está cometiendo un acto tiránico. Pero cuando el TSJ, que es el verificador de la constitucionalidad de los actos de gobierno, se conchupa con este para convalidar sus abusos, se transforma en un alcahuete. El TSJ opera como celestina de la presidencia. Esta tentativa de meter por los caminos verdes algunas partes de la reforma constitucional, ya rechazada por el país el pasado 2D, es tan inaceptable como esta. Ese tiro le saldrá también por la culata. El oficialismo está amolando un cuchillo para su propia garganta electoral.
El sexto motor de la «revolución» sí que no está fundido; al contrario, está a millón. Es el mismísimo Chacumbele en persona.
