Los negociadores deben aprender de las mujeres en Venezuela, por M. Jiménez y A. Rosales
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Cuando representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se encuentran por tercera vez inmersos en un proceso de diálogo —esta vez en México— para alcanzar la transición democrática, los movimientos de mujeres en Venezuela han dado una contundente lección de coexistencia y cooperación. Más de 60 movimientos de mujeres y organizaciones sociales, tanto “de la oposición” como identificadas con el “chavismo”, han suscrito un comunicado exigiendo la despenalización del aborto. Incluso, casi en simultáneo con la tercera ronda de negociación en la Ciudad de México, mujeres de diversas corrientes políticas tomaron las calles en diferentes ciudades, unidas por una causa común.
En un contexto de consolidación autoritaria, el retorno a la democracia en Venezuela se hace cada vez más urgente. Según las nuevas cifras de la Encovi (Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2021) casi toda la población venezolana vive en la pobreza, mientras que el 76.6% lo hace bajo condición de pobreza extrema. Esta delicada situación humanitaria, que se ve agravada por el colapso de servicios públicos, la ausencia de libertades, la represión y militarización de la sociedad necesita ser abordada por las élites políticas con urgencia.
¿Son las negociaciones en México el espacio apropiado para ello? ¿Está por concretarse una transición a la democracia en el país?
¿Qué podemos esperar del proceso?
Los críticos del proceso en México piensan que la negociación sólo puede servir para una incómoda e innecesaria cohabitación que simplemente legitime al poder autoritario de Nicolás Maduro. Mientras que una serie de actores políticos, económicos, sociales y grupos religiosos insisten en la necesidad de construir acuerdos para la democratización progresiva del país, al tiempo que se abordan temas humanitarios.
En el contexto actual, no es fácil ser optimista ante un nuevo proceso de diálogo. No obstante, las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre ofrecerán una oportunidad para el reacomodo y la reorganización de las oposiciones.
La división estéril de la oposición hace prever amplias derrotas frente al oficialista PSUV que llega a noviembre más cohesionado y habiendo sorteado la amenaza del interinato. Pero tanto esta elección, como este nuevo proceso de diálogo, pueden convertirse en instancias para ahondar procesos democratizadores.
El comunicado, tras la última ronda, deja entrever algunos puntos de incipiente acuerdo entre las partes como la necesidad de “identificar mecanismos de consulta” para incorporar a diversos actores sociales, nacionales e internacionales en el proceso.
El comunicado es ambiguo, sin embargo, es claro que la participación efectiva entre los actores políticos y la sociedad organizada es tan importante como los acuerdos que se puedan generar entre el gobierno y la Plataforma Unitaria.
El comunicado expresa también una tímida intención de incorporar las negociaciones con perspectiva de género, lo cual parece un acto de cinismo a juzgar por la conformación de los equipos negociadores. De hecho, una somera revisión de las candidaturas para noviembre revela una brecha sustancial entre las declaraciones, tanto por parte de la Plataforma Unitaria, como del gobierno, cuya histórica instrumentalización de las luchas de las mujeres no ha conducido a cambios sustantivos, ni en los marcos legales ni en el mercado laboral.
Lecciones desde el feminismo
Sin embargo, en momentos en que representantes de ambas partes están negociando en México para alcanzar unos acuerdos mínimos, en Venezuela, mujeres tanto “de la oposición” como identificadas con el “chavismo”, pertenecientes a diferentes organizaciones de diversos estados del país, marcharon juntas y de manera pacífica por la legalización del aborto.
La lucha por los derechos de las mujeres, así como por la autonomía e integridad personal, los derechos humanos y la justicia social representan un punto central de reivindicaciones históricas en Venezuela. Se trata de valores que ostensiblemente guían —más o menos— a los dos actores políticos en disputa. La penalización del aborto, no sólo atenta contra la integridad física y libertad de las mujeres, sino que es un instrumento de discriminación y doble moral que afecta especialmente a las más pobres.
De hecho, tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro —autodenominados feministas— que llegaron a copar los poderes públicos sin reparo, han ignorado consistentemente las demandas de las feministas acerca del derecho a decidir. Pero tampoco la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría opositora propició un debate, aunque fuera simbólico, sobre el tema.
Por lo tanto, si los actores políticos que están negociando realmente “coinciden” en la necesidad de asegurar un “enfoque de género” durante el proceso, deberían atender las demandas de base que históricamente han sido capaces de salvar las diferencias ideológicas.
De igual manera, los diversos actores no-partidistas como los grupos de fe, económicos, sociales o académicos entre otros, deberían apoyar las instancias de diálogo y continuar alimentando las relaciones de cooperación con los partidos políticos y el Estado —entendiendo su papel fundamental en democracias y sin querer reemplazarlos—, desarrollar propuestas de reformas inclusivas y servir como garantes y constructores de la paz.
Las experiencias comparadas han demostrado que el rol de los movimientos sociales en procesos de democratización es clave. No tanto por provocar directamente la caída de regímenes autoritarios, sino por re-democratizar la sociedad a través de sus actividades.
Estos, además, sirven para establecer mecanismos de interacción que permitan legitimar acuerdos políticos, aunque impliquen sacrificios importantes para los actores políticos en disputa.
Las negociaciones en México son una oportunidad para reconocer y atender los problemas reales de Venezuela, aquellos que impiden la coexistencia democrática incluyendo la lucha por la hegemonía del poder, el centralismo, la intransigencia, la intolerancia, la descalificación perenne del adversario, la negación de derechos, el clasismo, el racismo y la discriminación.
Los actores allí reunidos deben pasar de las declaraciones de principios a las acciones. La democracia no llegará a Venezuela a través de comunicados, ni pactos entre las élites. Se construirá a medida en que la sociedad actúe como partícipe de su propio proceso de transformación. Las últimas protestas en pro de la diversidad y los derechos de las mujeres nos dan esperanza.
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Maryhen Jiménez Cientista política. Investigadora de Postdoctorado en el Centro Latinoamericano de la Univ. de Oxford. Doctora en C. Política por la Univ. de Oxford. Estudia procesos de democratización en perspectiva comparada y autoritarismo en América Latina.
Antulio Rosales es Profesor Asistente de ciencia política de la Universidad de New Brunswick (Canadá). Sus investigaciones se enfocan en temas de economía política, extracción de recursos naturales, energía y democracia.
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