Los retos de la protección social a escala global, por Marino J. González R.
Reducir la pobreza es una de las exigencias más compartidas cuando se analiza la gestión de los gobiernos. No hay forma de alcanzar logros en la reducción de la pobreza que no pase por la intervención inteligente y sistemática de los gobiernos. Atender a la población en situación de pobreza requiere asumir que esa intervención es temporal, que es el primer paso para que las familias puedan incorporarse a la actividad productiva en condiciones favorables y sostenibles.
El primer paso en la superación de la pobreza es proteger a esas personas y familias. Esto es, establecer los medios y recursos para que la protección social sea efectiva y de amplia cobertura. En la más reciente publicación del Banco Mundial sobre el estado de la protección social en el mundo se evidencia claramente la actual brecha de cobertura.
Al ritmo actual, según el reporte señalado, se requerirán 18 años más para que todas las personas en situación de pobreza extrema en el mundo sean cubiertas por programas de protección social. Se requerirán, por otra parte, otros 20 años para que sea cubierto por estos programas el 20% de las personas más pobres en los países de bajos y medianos ingresos.
Se destacan en el reporte cuatro aspectos en los cuales se requieren cambios sustanciales de políticas públicas para que la protección social pueda ser universal. El primer reto es la capacidad técnica y logística que deben tener los gobiernos para identificar las personas que requieren protección social. Las ventajas de la digitalización y las tecnologías de información no se aprovechan completamente para realizar esta identificación. Se destaca en el informe que en muchos países no existen los elementos básicos de registros sociales adecuados. Obviamente, si no se saben dónde están las personas que requieren protección social, así como sus características principales, no es posible establecer las rutinas que permitan incorporarlas a los programas de protección social.
El segundo reto es establecer las diferentes opciones de protección social que puedan atender las particulares condiciones de las personas que las requieren. Por ejemplo, deben existir programas de transferencias monetarias no condicionadas, pero también programas para promover la incorporación en el mercado laboral y nuevas modalidades de formación para el trabajo. Estos últimos programas solo cubren el 5% de la población en los países de ingresos medianos altos, representando en promedio apenas 0,23% del PIB. A esta brecha habría que agregar la población sin cobertura por los programas de seguridad social.
El tercer requerimiento prioritario es la adaptación que deben tener los programas de protección social ante eventos críticos como desastres y grandes situaciones de riesgo. Estos eventos agravan las situaciones de desprotección social, especialmente en los sectores de la población en situaciones de gran vulnerabilidad física, geográfica, y social.
El cuarto reto es garantizar los recursos necesarios para financiar todos los anteriores. Esto significa transitar rutas de manera simultánea. La primera de ellas es aumentar las asignaciones a la protección social. En los países de ingresos medianos altos el gasto en protección social es superior al 6% del PIB, mientras que en los países de bajos ingresos es menos de 2% del PIB. Proteger a las 2 mil millones de personas que no tienen ahora protección social, requerirá un mayor aporte fiscal en los países coordinados por los gobiernos. La segunda vía es la reasignación de recursos que actualmente se dedican a programas de subsidios regresivos (por ejemplo, combustibles, agrícolas, entre otros) en una proporción equivalente al 8% del PIB global.
Es evidente que no se podrá garantizar la protección social universal sin cambios sustantivos en la calidad del desempeño de los gobiernos, tales como: identificar mejor a las personas y familias en riesgo, diseñar programas diversos y complementarios, incorporar la prospectiva en el seguimiento de las políticas, y modificar sustancialmente las tendencias de asignación de recursos fiscales.
Para que se produzcan estos cambios se requiere un gran esfuerzo de concertación y fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos. Esperemos que se pueda avanzar.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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