¿Lucha social o poder?, por Félix Arellano
Los pueblos indígenas ecuatorianos, luego de largas luchas, han logrado avances formales importantes, particularmente en el texto constitucional vigente, también cuentan con organizaciones estructuradas y relevantes, tienen un peso significativo en la población y particular influencia en la política; empero, siguen enfrentando graves problemas sociales, situación que aprovechan algunos de ellos, sus grupos radicales, para asumir una posición antisistema y su protesta, más que lucha por reivindicaciones sociales, se transforma en violencia destructiva en la lucha por el poder.
Las recientes protestas podrían inscribirse en la tendencia de movimientos radicales, auspiciada desde La Habana, de aprovechar la institucionalidad democrática para tomar el poder y, luego una vez en el poder, iniciar el desmantelamiento de las instituciones, para perpetuarse.
Uno de los elementos que debemos tener presente al referirnos al tema indígena en Ecuador es su diversidad y complejidad, de tal forma que no le resultará fácil al Presidente Lenin Moreno construir la convivencia y gobernabilidad en ese heterogéneo espectro. En efecto, se estiman que 14 grupos étnicos conviven en Ecuador, cada uno con sus especificidades culturales, sociales e incluso políticas.
Frente a esta realidad, la constitución ecuatoriana reconoce las nacionalidades y pueblos indígenas y define a Ecuador como: “una nación pluricultural, multirracial y multiétnica”. Tal definición ha sido un reconocimiento y un avance, frente a la tradicional discriminación que han enfrentado los pueblos indígenas a lo largo de la historia.
Es evidente que los pueblos indígenas han sido marginados, no obstante su significativo peso en la población. Estadísticas oficiales lo calculan en un 10%; por el contrario, centros de investigación estiman en más de un 35% de la población ecuatoriana. Pero como se ha indicado, existe una diversidad de grupos, entre los cuales, la etnia Kichwa se presenta como la mayoritaria.
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Otros de sus avances en el tiempo tiene que ver con el nivel de su organización y, en estos momentos, existen varias instituciones representativas de los pueblos indígenas ecuatorianos, la más importante, y que ha estado promoviendo las actuales protestas, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), creada en 1986, actualmente bajo el liderazgo de Jaime Vargas. También existen: la Asociación de la nacionalidad Zarpa, la Confederación de los pueblos Kichwa, creada en 1972; la Coordinadora de la Cuenca Amazónica (Coica); e incluso la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine).
En la actual protesta, el mayor protagonismo está en la Conaie y su líder Jaime Vargas, que tradicionalmente ha cuestionado las políticas liberales; de hecho, mantuvo una tensa relación con el expresidente Rafael Correa y ha rechazado su apoyo a la protesta señalando: “rechazamos el oportunismo descarado del correismo que nos criminalizó y asesino compañeros durante 10 años, y hoy pretende aprovecharse de la plataforma de lucha” (bbc.com 12/10/19). Para la Conaie no es suficiente con derogar el decreto 883, que ha eliminado el subsidio a la gasolina, ellos aspiran expulsar al FMI del Ecuador.
En estos momentos se observa un potencial avance, la Conaie ha aceptado participar en la mesa de negociación que, con el apoyo de: las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y los Rectores de las Universidades, ha propuesto desde hace algunos días el Presidente Lenin Moreno.
Pero el panorama está cargado de incertidumbre, pues los grupos más radicales promueven la renuncia del Presidente y juegan con marcada violencia a la destrucción de la paz y la gobernabilidad. Estos grupos siguen la línea del Foro Social de San Pablo, que en su reciente reunión en Caracas, ha decidido reforzar la lucha contra los llamados gobiernos neoliberales.
Indiscutiblemente que la estabilidad de la democracia ecuatoriana está en juego y el pueblo democrático, incluyendo a los indígenas, no están asumiendo el papel que reclama la crisis histórica que están enfrentando.
Los partidos políticos, los sindicatos y la sociedad civil deberían sumarse a la defensa activa de las instituciones. El silencio puede ser una manifestación de complicidad, esperando “ganar en río revuelto”. En ese caos pierde la democracia y, en consecuencia, pierde todo el país.
Si se logra avanzar en las negociaciones sería importante trabajar con la sociedad ecuatoriana y, en particular, con los pueblos indígenas, sobre los errores y graves consecuencias de los proyectos populistas radicales que están latentes en nuestra región, que al destruir las instituciones y la riqueza existente, solo se genera miseria y hambre. Los radicales promueven la miseria para controlar la población con dádivas. El caso venezolano debería ser una lección fundamental y obligatoria para todos.
Es importante abordar en su profundidad la problemática social de las poblaciones indígenas, pues están sufriendo, entre otros, de desnutrición, mortalidad infantil, analfabetismo, desempleo, etc. En ese contexto, es importante abordar con ellos las bondades que puede conllevar la apertura al mercado, la atracción de inversiones, la generación de confianza y seguridad jurídica, sin menospreciar la equidad, es decir, la atención adecuada y eficiente de los más débiles, pero sin falsos asistencialismos, que los mantengan sumidos en la pobreza y controlados por los discursos radicales.
