Luisa Kislinger desde la AN: «La igualdad de género no es solo un tema de mujeres»
Una de las denuncias recurrentes hechas por las diputadas durante la sesión ordinaria del martes 16 de julio fue la captación de venezolanas para ser explotadas sexualmente por redes de tráfico de personas en América Latina y Europa
La Asamblea Nacional aprobó a través de un acuerdo visibilizar y promover las campañas de violencia contra la mujer, luego de debatir este problema que afecta a las venezolanas dentro y fuera del país.
En el debate participó la internacionalista Luisa Kislinger, experta en temas de género y directora de la ONG Mujeres al límite, quien advirtió que «la igualdad de género no es solo un tema de mujeres», pues es necesario que se exija un marco normativo legal para que garantice todos los derechos de las mujeres.
En la discusión del proyecto, en el que participaron como voceras seis diputadas, Kisliger destacó que debido a la emergencia humanitaria compleja existe un efecto diferenciado sobre las mujeres venezolanas en el país, pues en muchas ocasiones asumen la carga de conseguir los alimentos y garantizar para los suyos la asistencia médica.
Y es que según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), de cada 100 hombres en situación de pobreza, existen al menos 107 mujeres en esta condición; pero al hacer la discriminación por pobreza extrema, de cada 100 hombres existen 112 mujeres, un fenómeno que define como la «feminización de la pobreza».
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Además de esto y las pocas garantías para la participación política, las mujeres también deben enfrentar la negación de sus derechos sexuales y reproductivos, pues al menos el 80% de los anticonceptivos disponibles en el país no se dispensa y tampoco existe un plan de salud sexual y reproductiva propiciado desde el Gobierno, lo que aunado a las condiciones sanitarias, ha ocasionado el repunte de la mortalidad materna.
Es por ello que, según datos de Migración Colombia citados por Kislinger, 8.200 mujeres venezolanas embarazadas ingresaron a ese país durante el segundo semestre del año, y más del 60% no tenía un control prenatal.
La directora de Mujeres al Límite también señaló la precariedad judicial en el que se encuentran las venezolanas, pues de 75.000 denuncias por violencia de género y femicidios, tan solo el 1% ha llegado a juicio. También destacó el caso de Linda Loaiza, sometida a torturas con anuencia del Estado venezolano, que no ha respetado la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Trata de mujeres
Una de las denuncias recurrentes hechas por las diputadas fue la captación de venezolanas para ser explotadas sexualmente por redes de tráfico de personas en América Latina y Europa.
La diputada Manuela Bolívar dijo que, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al menos 2% de las migrantes venezolanas entre 15 y 45 años son víctimas de trata, incluyendo a mujeres trans a quienes se les arrebata su documentación.
«El crimen organizado fomenta la impunidad», sentenció la diputada, quien durante su intervención recordó el caso de una venezolana en Bogotá, quien fue víctima de una red de trata de personas y explotada sexualmente junto a otras 17 jóvenes, la mayoría menores de edad.
Por su parte, Milagros Eulate aseveró que desde hace dos décadas las mujeres venezolanas son víctimas de «maltratos y tortura. Ahora deambulan por el mundo buscando mejores condiciones de vida».
Eulate también mostró el caso de 19 jóvenes víctimas de explotación sexual, que fueron captadas desde Venezuela por redes de tráfico de personas y obligadas a prostituirse en Trinidad y Tobago. Tres de ellas todavía se encuentran en albergues, mientras que existen venezolanas presas en cárceles comunes en ese país por delitos migratorios.
Tamara Adrián, la primera diputada trans venezolana, afirmó que el régimen ha impedido durante 20 años que se hablen de temas del siglo XXI, al tiempo que recordó que el género son una base de constructos sociales asociados y creados desde la perspectiva masculina y que limitan y encasillan a la persona.
La parlamentaria de Voluntad Popular detalló que la trata de personas afecta en especial a la población LGTBI, pero se han logrado desmantelar redes dedicadas a la explotación de venezolanas en España, Holanda, Italia, República Dominicana o Colombia.
Adrián recomendó al Parlamento trabajar en temas que son vigentes, además de importantes, como la igualdad de género y los derechos de la población LGTBI. Además, la diputada recordó que existe una deuda histórica, y que tampoco ha sido tratada por la Asamblea Nacional que controla la oposición desde 2015, referente al reconocimiento legal de personas trans (siendo ella una de las afectadas), matrimonio igualitario o el aborto.
Los problemas de las mujeres indígenas también fueron puestos sobre la mesa por Nirma Guarulla, quien dijo que los recuentos hechos durante el debate «no es nada comparado con la realidad».
Guarulla destacó que en el caso de mujeres indígenas, especialmente en zonas mineras, son violadas o maltratadas por las personas que se dedican a este oficio o los llamados «pranes» que controlan la minería ilegal.
#Acuerdo Contra la Violencia a la Mujer Venezolana Dentro y Fuera del Territorio Nacional#16Jul pic.twitter.com/shfAeK4Ump
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 16 de julio de 2019
Una carta desgraciada
Durante la sesión ordinaria del martes 16 de julio, que solo contó con la presencia de Juan Guaidó en la junta directiva pues el segundo vicepresidente Stalin González se encuentra en Barbados como representante de la oposición en la mesa de negociación, también se aprobó un acuerdo en rechazo a la comunicación enviada por el régimen de Nicolás Maduro en respuesta al informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela.
Williams Dávila calificó el documento enviado por Maduro como una «carta panfletaria, un pataleo rencoroso de alguien que cuando vino la señora Bachelet en julio, la recibieron con todo el protocolo y alfombra roja».
A juicio del diputado, Bachelet pasó a ser «estigmatizada» por el régimen de Maduro debido a la «contundencia» de su informe, que detalla entre otras cosas, la persecución contra la disidencia política, denuncias sobre torturas y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano criticó a la «satrapía», por utilizar como excusa para criticar el informe de Bachelet, que la mayoría de las entrevistas no se hicieran en el país. Solórzano se preguntó si sería posible que estas personas que fueron entrevistadas por el equipo de la ONU, hubieran podido realizar sus denuncias de encontrarse en territorio venezolano.
#Acuerdo en Rechazo a la Comunicación del Usurpador Nicolás Maduro a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los DDHH Michelle Bachelet#16Jul pic.twitter.com/xwpu5VLHI1
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 16 de julio de 2019
