Madres por la verdad y la justicia, por Gregorio Salazar
X: @goyosalazar
Fue una razzia indiscriminada y a gran escala que se extendió a lo largo y ancho de todo el país. Venezuela vivió dos días convulsionados y trágicos. El impacto de esos atropellos está más vivo que nunca en la memoria del país: veintiocho personas perdieron la vida y más de dos mil fueron detenidas durante aquellas estremecedoras jornadas represivas del 29 y 30 de julio del 2025.
Por acción de la llamada unión cívico-policial-militar fueron apresados y encarcelados quienes salieron a protestar de manera mayoritariamente pacífica. Pero también varios de quienes con sus equipos de trabajo, en cumplimiento de su labor periodística, reseñaban las protestas: reporteros y camarógrafos.
Peor todavía, también cargaron con ciudadanos que estaban lejos de las manifestaciones, sólo para robarles las motos en las que se desprevenidamente se desplazaban. Y allí no hubo denuncia que valiera. Igual se les acusó de terrorismo, incitación al odio, traición a la patria. Igual fueron fotografiados al lado de bombas molotov que no fabricaron ni cargaban, reseñados, encarcelados. Los uniformados actuaron como si la orden fuera completar una cuota estadal.
No se detuvo allí el desenfreno del aparato represivo. Días después fueran enviados a prisión dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas, abogados y quienes en ejercicio de sus derechos políticos trataron de explicar –con la Constitución en la mano– el legítimo origen de las protestas y el rumbo incierto por el que arrojaban al país luego del desconocimiento de la soberanía popular expresada en los resultados electorales del 28 de julio. Otros fueron citados por los fiscales del podrido sistema de justicia, colocados bajo investigación y siguen amenazados de medidas mayores.
El robo electoral ante los ojos del mundo de las elecciones presidenciales ganadas por Edmundo González Urrutia, con una aplastante mayoría de casi el 40 % de los votos, ha sido el mayor punto de quiebre político-institucional de la historia de Venezuela desde la etapa iniciada en enero del año 58.
En adelante todo resulta subversivo para la mirada represiva de quienes se empeñan en llevar adelante un proyecto político que fracasó y que ahora marcha sin legitimidad de origen. Subversivo es protestar, subversivo es informar sobre la resistencia y sedicioso es todo aquel que pretenda hacer valer la Constitución y la Ley. Esa es la Venezuela que han hecho a su medida quienes usurpan el poder entre nosotros.
El terror se erige como principal fórmula para reducir a quienes adversan este traumático estado de cosas. Y no se queda en los apresados. El martirio es llevado a las propias familias. El formato represivo diseñado y puesto en ejecución después del 28-J así lo confirma. Los detenidos fueron colocados a la orden de un solo juez «antiterrorismo» y sacados de sus ciudades de residencia para ser llevados a apartados centros de reclusión, alejados de sus hogares, perdiendo sus puestos de trabajo, sin poder seguir sus estudios, o mantener sus hogares.
A la pena de la prisión del familiar se sumó la de los largos viajes para poder verlo siquiera por unos pocos minutos, entregarles un paquete de galletas, una medicina, un rollo de papel sanitario. Rogar a efectivos encapuchados que los atienden que les concedan unos minutos más con sus seres queridos. Dolorosamente, por lo menos una docena de esos detenidos han muerto en prisión, según las cifras de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En los penales de Tocorón, Tocuyito, Yare, El Rodeo, el Helicoide se hicieron cotidianas las imágenes de los familiares aguardando al descampado el momento del encuentro familiar. Nada los detuvo, ni la distancia, ni la falta de recursos, ni la espera interminable, ni las precarias condiciones de salud de los de más edad.
Y en primer lugar las madres. No podía ser de otra manera. Ellas nos han cesado de clamar por justicia. Sus voces de reclamo contra la justicia son aliento para quienes padecen cárcel sin garantías de un debido proceso, ni siquiera un defensor privado. Son las que inspiran la solidaridad de toda Venezuela, que espera ver a todos sus hijos en libertad. Su digno ejemplo mantiene la decisión de quienes anhelamos una patria sin presos políticos y viviendo en democracia.
Y han sido ellas quienes apenas hace unos días se plantaron en vigilia, al calor de las velas y la fraternidad surgida del dolor compartido, frente la sede del Ministerio Público para exigir la excarcelación de sus hijos. Se han constituido en el Comité de Madres en Defensa de la verdad. Ellas no se rendirán y con ellas el pueblo venezolano que decidió cambiar de rumbo el 28-J.
Mientras tanto, la represión sigue con rasgos de crueldad “ejemplarizante”. Esta semana se reportó la detención de Génesis Pabón Paredes y Rocío del Mar Rodríguez Guillén. El crimen: estampar una franela con la imagen de una estatua de Chávez, caída o desportillada a golpes de martillo la cabeza de yeso. La pena que se anuncia: diez años de prisión. Ya se dijo: el terror es la única arma que resta a quienes el pueblo les dijo que deben apartarse y dejar el paso abierto a una nueva Venezuela con futuro de libertad, paz y democracia.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
