Maduro arranca la carrera a las presidenciales con la represión como bandera de campaña
Expertos consultados por TalCual coinciden en que Nicolás Maduro no tiene como objetivo ir a una campaña para sumar votos. Afirman que tanto el mandatario como su cúpula de funcionarios están claros que el año de las presidenciales les llegó en un momento de altísimo rechazo y desaprobación de su gestión «y que, a este punto, es irremediable». Ante la falta de votos, añaden, el Gobierno intentará hacerse con el cargo nuevamente fulminando judicialmente a sus contrincantes
La carrera hacia las presidenciales empezó, aunque oficialmente no se ha dado la señal de «partida». En búsqueda de la reelección, el mandatario Nicolás Maduro y su cúpula de funcionarios han asomado lo que podría ser su bandera para asegurarse de nuevo el máximo cargo: promesas de mejoras económicas para el país, represión y persecución hacia los sectores disidentes y defensores de los derechos humanos.
Al menos 32 personas han sido detenidas en lo que va de 2024, entre ellos civiles, militares, y defensores de derechos. La mayoría han sido acusados de participar en conspiraciones contra el Gobierno. Este jueves, el Gobierno de Maduro expulsó del país a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), tras su pronunciamiento por la detención de la activista Rocío San Miguel.
Las élites del oficialismo han afirmado estar “más que listas” para ganar los comicios, pese a que datos derivados de estudios hechos por encuestadoras evidencian que su popularidad es minúscula. La principal oponente de Nicolás Maduro es María Corina Machado, quien resultó ganadora en las elecciones primarias del 22 de octubre con más de 2,5 millones de votos a su favor.
Para este viernes 16 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, prometió entregar una propuesta de calendario electoral en la que no participó la Plataforma Unitaria, ni la candidata de la oposición electa en las primarias.
Desde el gobierno han movido sus hilos para ponerle freno al crecimiento de la oposición de cara a las presidenciales. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció la ratificación de la inhabilitación política de Machado y de Henrique Capriles (Primero Justicia). La medida fue calificada por la oposición y por la comunidad internacional como una violación al Acuerdo de Barbados, que fue suscrito por una representación de Maduro y una delegación de la Plataforma Unitaria a finales de 2023.
«No volverán», «Ni por las buenas, ni por las malas, nunca volverán a gobernar este país”, “No va” (en referencia a la inscripción de María Corina Machado), son algunas de las frases que desde el oficialismo se han esgrimido, junto a acusaciones de corrupción o pretensiones de lucrarse de la crisis venezolana.
Maduro saca su artillería
«Maduro inició su campaña de cara a las elecciones de manera agresiva, con el objetivo de asustar a la población venezolana y a la comunidad internacional», dice, enfática, la politóloga María Teresa Romero.
Para Romero, el gobierno de Nicolás Maduro está, apenas, asomando su artillería represiva, una estrategia que, en su opinión, no es primera vez que usa y tampoco es el único gobierno que la ejecuta.
«Por lo general, los gobiernos más radicales de la izquierda más radical utilizan esa ofensiva de decir ‘no voy a continuar’, pero sin decirlo», detalla.
«Maduro inició su campaña de cara a las elecciones de manera agresiva, con el objetivo de asustar a la población venezolana y a la comunidad internacional», dice la politóloga María Teresa Romero.
Con Romero, coincide el sociólogo Damián Alifa, quien señala que tanto Maduro como las altas esferas del oficialismo saben que el año de las presidenciales les llegó en un momento de altísimo rechazo y desaprobación de su gestión «y que, a este punto, es irremediable».
Para Alifa ya «nada de lo que haga el gobierno en el corto plazo puede mitigar o atenuar los niveles de rechazo popular». Pese a lo anterior, alerta que el Ejecutivo “tiene de facto una serie de herramientas para mejorar su situación frente a las elecciones: hablo de inhabilitaciones y detenciones arbitrarias”.
«El gobierno necesita unas elecciones similares a las del 2018: con baja participación, una candidatura opositora débil, voces llamando a la abstención y especialmente una baja expectativa de cambio. Por eso, ahora busca disuadir toda esperanza entre los sectores que buscan un cambio político», comenta Alifa.
Romero, en tanto, agrega que «Maduro sabe que en unas elecciones abiertas y democráticas, con un Registro Electoral (RE) revisado y con todas las condiciones que tienen unos comicios transparentes, está perdido».
Por lo antes expuesto, considera que la actuación del mandatario da a entender que «no va a continuar con la negociación de Barbados y lo acordado», porque violan los derechos e inhabilitan a varios líderes, incluida María Corina Machado.
El sociólogo Damián Alifa dice que los funcionarios del oficialismo «prefieren estar sancionados que fuera del poder». En su opinión, «para este escenario los Acuerdos de Barbados eran un obstáculo para el Gobierno»
Instrumentalizando la incertidumbre
El politólogo Oswaldo Ramírez considera que Maduro está claro que su base electoral está cohesionada y que su popularidad no despega de 25% por lo desgastado que está su proyecto.
Si bien es cierto, dice, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sabe que necesita salir a buscar votos y conectar con la gente, «también (está consciente) que no necesariamente lo logrará hacer y es aquí donde puede venir la amenaza», dice.
La idea de Ramírez es complementada por Romero, quien afirma que Nicolás Maduro sabe que después de 2018 el rechazo a su gestión ha crecido significativamente y «ciertamente no quiere contarse en unas elecciones libres», un patrón que, explica, siguen los regímenes totalitarios.
«Por lo general no quieren contarse, sino mantenerse en el poder y usan medidas y estrategias adicionales, cuando no tienen popularidad y corren riesgos de ser encarcelados. Hemos visto más peleas que antes entre dirigentes y militares presos. Todo (el descontento) se ha agudizado porque vemos una situación económica peor que en otros años. La gente quiere un cambio y eso hace una diferencia importante», subraya Romero.
Damián Alifa, en tanto, recalca que los funcionarios del oficialismo «prefieren estar sancionados que fuera del poder», por lo que explica que pese al Acuerdo de Barbados y a la promesa de EEUU de levantar las sanciones, a cambio de condiciones electorales, mantiene el patrón de persecución.
«Este tipo de acuerdo no le sirve al gobierno, le es incómodo y contraproducente. Por eso su ruptura, aunque aún hay esfuerzos de muchos sectores, incluyendo al gobierno de Biden, para replantear ese espacio», añade.
Lo antes expuesto genera incertidumbre en las fuerzas políticas y la ciudadanía, señala Oswaldo Ramírez, quien además sostiene que la desinformación con respecto a la fecha de las elecciones exacerba las tensiones.
Explica que Maduro en este 2024 intentará conectar con sectores jóvenes y los más olvidados, sobre todo porque está consciente de que perdió la base de apoyo de personas mayores de 55 años, con quien antes contaba.
«El país del 2024 es completamente distinto al de las presidenciales de 2018 y 2013», sostiene.
Menos dinero, pero más populismo y represión
María Teresa Romero, destaca que a diferencia de años anteriores, la oposición (ahora) sabe más de las estrategias que usa el gobierno en su contra. Apunta que también hay más rechazo hacia el mandatario puertas adentro del oficialismo.
Romero cree que Maduro y su cúpula usarán las mismas tácticas que en el pasado, aunque no sabe «hasta qué punto le pueden funcionar» porque, a su juicio, el descontento de la gente parece ser mayor.
«Ellos siempre han usado campañas populistas, desde que llegó Chávez al poder. Creo que apelarán de nuevo a las amenazas a trabajadores de la administración pública», comenta.
Opina que aunque la persecución, la aprehensión de presos políticos civiles y militares, siempre han formado parte de la indumentaria madurista, piensa «que usarán hoy más que nunca tanto el populismo como la demagogia. Yo asumo que hay menos dinero y puede ser que por eso las arremetidas han sido tan fuertes, igual que las amenazas».
El pasado 15 de enero, Maduro presentó su memoria y cuenta de 2023. Durante su discurso prometió superar las cinco millones de viviendas de continuar frente a la administración entre 2025 y 2031; anunció la creación de dos misiones para el primer trimestre de 2024: una destinada a atender la desigualdad y otra a impulsar el desarrollo de la juventud; y para lo que sería otro período en el poder esbozó el plan de siete transformaciones siendo la principal: la recuperación económica.
Sobre lo antes descrito, el politólogo Piero Treppicione afirma que es más que evidente que la narrativa del gobierno comenzó a articularse hacia las presidenciales con el anuncio de nuevos planes y vértices económicos.
«Toda la narrativa está alineada a ubicar el partido en el espacio-tiempo, como una porción de la historia de Venezuela, y resaltar los logros en esa mínima porción del tiempo», explica. A su juicio, la maquinaria oficialista está trabajando estratégicamente para tratar de recuperar el terreno perdido por parte de Maduro y recuperar su posicionamiento.
Trepiccione destaca que a Maduro le resulta urgente recuperar terrenos y, añade, por esta razón, que buscará dividir a la oposición además de poner en práctica «otros elementos estratégicos y tácticos para lograr la reelección presidencial».
Para Oswaldo Ramírez, la línea que ha seguido el Ejecutivo es con base a las primarias del 22 de octubre, evento en el que participaron 2,5 millones de personas, y se evidenció el deseo de cambio de la gente, inclusive en zonas que eran denominadas como cunas del chavismo.
Piero Trepiccione enfatiza que Maduro sabe que María Corina Machado le lleva una clara ventaja en cuanto a la intención de voto. «Necesitan manejar nuevas narrativas y nuevos argumentos jurídicos y judiciales para allanar el camino a su eventual reelección»
Fulminar a cualquier contrincante
El sociólogo Damián Alifa cree que el oficialismo va a una campaña en la que «otra vez no tiene como objetivo sumar un voto, convencer a nadie, proponer un futuro que entusiasme». Argumenta que «desde hace tiempo, el oficialismo no hace, sino reducir paulatinamente su caudal electoral». Sostiene que se trata «nuevamente de una campaña que buscará agitar y movilizar» a lo que le queda de «bases más duras».
En tanto, Trepiccione enfatiza que Maduro sabe que María Corina Machado le lleva una clara ventaja en cuanto a la intención de voto. Sostiene que el gobierno tratará de “jugar duro en el terreno de judicialización de la oposición, para frenar a cualquier adversario que pueda disputarse el poder”.
A su juicio, «ellos (el gobierno) tratan de construir una legitimidad paralela y demostrar a lo interno y externo que hay una gran cantidad de actores y partidos que se sumaron al proceso de elección, mientras que a quienes dejan por fuera (la oposición mayoritaria) es porque intentan sabotear».
Para Trepiccione, en resumen, la línea estratégica que busca construir la administración de Maduro es legitimar un proceso con ciertos actores, descartando a otros, porque si no logra hacerse del cargo con votos, lo buscará hacer, fulminando a los contrincantes que puedan ser su competencia.
