Maduro, Correa y el teatro de las alcabalas de carretera
Cada vez que ocurre hay quienes se emocionan: «Le dijeron una verdad en su cara», es una de las reacciones más comunes. La alegría -de tísico- de ver cómo a un gobernante como Nicolás Maduro alguien le hace notar una realidad evidente. «¡Por fin!», claman.
Parte de la sorpresa, al parecer, incluye considerar que tal mandatario no sabe que algo ocurre, no le dicen, lo tienen engañado.
Esta semana volvió a ocurrir, cuando el diputado José Gregorio Correa participó en una reunión en Miraflores con Nicolás Maduro y allí dijo: «A lo mejor usted no sabe lo que cuesta traer los alimentos de Táchira o Cojedes para Caracas, son más de 30 alcabalas. El gobierno hace esfuerzos por el combate contra el covid-19, pero qué angustia es la semana radical, las alcabalas, presidente, póngale atención».
Correa añadió que las alcabalas «le incrementa el costo a quien produce», por la matraca. «Cuando salen 100 productos llegan a Caracas 45, y culpan al gobierno. No, eso es un irresponsable que está al frente de eso», excusó a la administración.
La respuesta de Maduro fue en esa misma onda del teatro de las cegueras selectivas: «Te lo agradezco. No tenía esta denuncia. Ten la seguridad que le daremos la respuesta inmediatamente». Habló de «eliminar las desviaciones que pudiera haber con el tema de las alcabalas, eso lo vamos a eliminar inmediatamente». Luego le pidió a Delcy Rodríguez garantizar que se eliminen las trabas en las alcabalas, con un «7+7 amable».
Pero Maduro sí sabía. El gobierno entero lo sabe, no desde ahora ni desde que hay pandemia y restricciones, sino desde al menos 2017. En aquel año, sus ministerios de Interior y de Defensa publicaron una resolución conjunta publicada en la Gaceta Oficial 41.304 que ordenaba regular las acabalas.
Aquella resolución dice, entre otras cosas que el gobierno está consciente de que «la instalación indebida de puntos de control (alcabalas) así como casos identificados de prácticas desviadas cometidos en ellos, por personal policial y militar, han incidido negativamente afectando el tránsito de personas y bienes con consecuencias no deseadas, entorpeciendo los esfuerzos por contrarrestar los efectos de la denominada guerra económica».
Quizá si el diputado Correa hubiera recordado esto, o se hubiese documentado al respecto, pudiera haber dejado claro que el asunto de las alcabalas sí es culpa del gobierno, que ignora sus propias resoluciones quizá en favor de dejar que la corrupción compense las lamentables condiciones salariales y de dotación alimentaria de los uniformados.
