Maduro ha denunciado cuatro conspiraciones en 2019 y arrecia detención de militares
La Asamblea Nacional (AN) registra 198 militares presos por presuntamente participar en rebeliones contra el gobierno revolucionario, en tanto la Coalición de Derechos Humanos reporta cerca de 220 uniformados recluidos. La barajita repetida en las acusaciones es el general retirado Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa
Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en abril de 2013, colecciona denuncias sobre golpes de Estado, conspiraciones o magnicidio. Desde enero hasta junio de 2019 fueron cuatro las supuestas rebeliones develadas. En 2018, la acusación más contundente fue la del intento de magnicidio ocurrido en agosto de ese año y que presuntamente vincula a civiles militares.
Las denuncias sobre planes desestabilizadores han sido bautizadas por el gobierno del heredero de Hugo Chávez con distintos nombres: Golpe Azul (2014), Operación Jericó (2015), Fuerte Paramacay (2017), caso Óscar Pérez, Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo; Operación Fénix (magnicidio) y Operación Armagedón en 2018; y el golpe de Estado y magnicidio de junio de 2019.
Estos supuestos movimientos dejan como saldo 198 miembros activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional (FAN) detenidos, según cifras presentadas por el Poder Legislativo.
“Tenemos 198 militares detenidos, injustamente detenidos: 92 del Ejército, 23 de la Aviación, 25 de la Armada, 58 de la Guardia Nacional”, señaló el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN), Eliezer Sirit, durante un debate en el Parlamento el 25 de junio.
Por su parte, la Coalición de Derechos Humanos reportó, hasta el 21 de junio, 21o uniformados privados de libertad. Esta cifra fue la que presentó la Organización No Gubernamental (ONG) ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita al país
Sin embargo, el número incrementó a 217 con las detenciones del sexto mes de 2019 en las que el gobierno denunció otro plan de magnicidio. En este nuevo grupo de acusados se encontraba el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, quien falleció el 29 de junio en medio de denuncias de torturas, cuando se encontraba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Además de Acosta Arévalo, fueron señalados por el gobierno de esta nueva conspiración los generales retirados Raúl Isaías Baduel (Ejército), exministro de la Defensa, Ramón Lozada Savedra (Guardia Nacional), exjefe de recursos humanos de la cartera castrense en 2017; y Miguel Sisco Mora (Aviación), quien se desempeñaba como director del Aeropuerto Los Tacarigua, en Maracay, estado Aragua. Asimismo, los coroneles Miguel Alberto Castillo y Francisco Torres, también de la Aviación, y el primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra, , sobrino del general Lozada Saavedra. Estos militares, junto a dos comisarios de la policía, fueron acusados de los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir,
En este caso, al igual que en la Operación Libertad del 30 de abril, cuando el presidente de la AN, Juan Guaidó, que se juramentó el 23 de enero, como presidente encargado, el gobierno señala como presunto líder militar al mayor general Manuel Ricardo Cristopher, hasta abril de 2019 director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin).
En su acusación pública, el ministro Rodríguez también involucró a otros oficiales retirados como el general Antonio José Rivero y el viceralmirante Rafael Huizi Clavier, presidente del Frente Institucional Militar (FIM). El presidente de Colombia, Iván Duque, fue señalado como el promotor de esta conspiración.
Según Rodríguez, las evidencias fueron aportadas por más de 59 horas de material audiovisual de videoconferencias y testimonios, además de los audios de conversaciones telefónicas sostenidas entre los involucrados en los hechos y los videos sobre más de siete reuniones conspirativas.
Sobre el alcance de la acusación, la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, señaló en su cuenta de Twitter que «militares retirados o militares activos sin tropa ni poder de fuego, No dan golpes de Estado. Tampoco comisarios ni policías».
El miedo es libre pero necesita narrativa para justificarse
Lo cierto es q militares retirados o militares activos sin tropa ni poder de fuego, NO dan golpes de estado. Tampoco comisarios ni policías
El miedo tiene una razón más simple: se acabaron los incentivos de lealtad‼️
— Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) June 27, 2019
La constante en los procesales penales contra los militares, según denuncias de los abogados, son las pruebas sin asidero; fallas técnicas en los procesos, no se aporta la información fehaciente de los testigos y los procedimientos han sido amañados.
Los otros «golpes» de 2019
Entre el 30 de abril y mayo de 2019, Maduro acusó de un golpe de Estado al presidente de la AN, Juan Guaidó, y al mayor general Christopher Figuera, pese a que no se registró ingreso a unidades o instalaciones militares, y la acción más contundente fue la liberación del líder de Voluntad Popular (VP), Leopolpo López, quien estaba bajo arresto domiciliario. La llama «Operación Libertad» dejó la persecución hacia el teniente coronel Illich Sánchez (GN), quien era jefe de seguridad del Parlamento, la detención del primer vicepresidente del Legislativo, diputado Edgar Zambrano, y el levantamiento arbitrario de la inmunidad parlamentaria a varios legisladores.
«Hemos venido enfrentando diversas modalidades de agresión diversas modalidades de golpe de Estado como nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido por el empeño obsesivo, nefasto de un grupo de la oposición de la ultraderecha venezolana de la oligarquía colombiana desde Bogotá y de la oligarquía estadounidense por su obsesión de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela e imponer un gobierno ilegítimo», aseguró Nicolás Maduro en mayo de 2019
Después del madrugonazo militar, Maduro inició una campaña de marchas castrenses con oficiales y unidades de la FAN en todo el país.
En febrero de 2019, el gobierno de Maduro retomó la trama del magnicidio de agosto de 2018 e informó que el teniente coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, quien era jefe de la Dirección de Comunicación de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) vinculó directamente al diputado Julio Borges (Primero Justicia), con los planes golpistas.
Un mes antes, los señalamientos de conspiración agarraron fuerza con la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado, en un acto público del 23 de enero. En esa ocasión, el canciller Jorge Arreaza sostuvo que Estados Unidos estaba a la vanguardia de un golpe de Estado en Venezuela. Estas afirmaciones fueron la continuación de las denuncias hechas por Maduro, en diciembre de 2018, cuando se acercaba su juramentación para un segundo mandato presidencial luego de las elecciones del 20 de mayo que fueron consideradas ilegítimas por varios países de la comunidad internacional.
Datos clave
En las conspiraciones que según Maduro se han fraguado en su contra, los generales Raúl Isaías Baduel y Ramón Lozada Saavedra aparecen acusados dos veces: en 2017 y en 2019. La primera de ellas se dio como la primera tarea después de la instalación del Comando Antigolpe.
El gobernante justificó la creación de esa instancia: «será el brazo ejecutor de las políticas preventivas, porque la batalla por la paz la ganamos con prevención, además de hacer justicia y que se castiguen todos los intentos golpistas para desestabilizar a Venezuela».
En marzo de 2018, el gobierno detuvo a un grupo de militares entre los que figuran 4 tenientes coroneles del Ejército que comandaban unidades estratégicas: Igber Marín Chaparro. Comandante del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, Henry Medina Gutiérrez. Comandante del 802 Batallón de Apoyo Logístico GB Juan Antonio Paredes (Táchira); Deivis Mota Marrero. Comandante del 413 Batallón Blindado GB Pedro León Torres (Carabobo) y Victoriano Soto Méndez. Comandante de 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado GJ Cipriano Castro (Guárico), entre otros.
Estos oficiales fueron vinculados con el Movimiento de Transición A la Dignidad del Pueblo que según planeaba impedir las elecciones presidenciales de mayo. La defensa del teniente coronel Marín Chaparro y sus familiares denunciaron, en junio, que el oficial llevaba un mes incomunicado en la Dgcim.
La tortura latente
Las denuncias sobre torturas, tratos crueles e inhumanos hacia presos militares no se estrenaron con el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, aunque las agresiones hacia el oficial acabaron con su vida. Muestra de ello es que, en noviembre de 2018, la defensa del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, acusado por el caso del Fuerte Paramacay, señaló que el militar fue objeto de torturas físicas y psicológicas.
En marzo de 2019, el teniente Ronald Dugarte, exfuncionario de la Dgcim, presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un video en el que el capitán Caguaripano Scott orinaba sangre en su celda. Actualmente, el oficial se encuentra en La Tumba del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin).
Filtraron video del Capitán Juan Carlos Caguaripano enfermo en su celda de la DGCIM (orinaba sangre).
Tiene ud la palabra @mbachelet pic.twitter.com/a3frRe0dPS
— Venezolanos (@venezoIanos) March 21, 2019
