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¿Maduro, hasta cuándo j…?, por Pedro Luis Echeverría



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Nicolás Maduro y el petro
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Pedro Luis Echeverria | @PLEcheverria | noviembre 27, 2019

@PLEcheverria


Con la torpeza que lo caracteriza, Maduro ha escogido para ejercer la presidencia de la Nación, la feroz confrontación contra la disidencia y la sumisa total entrega de la soberanía del país a intereses foráneos; ambas actitudes utilizadas por él como la forma de hacer y entender la política.

En tal sentido, además de los ya conocidos frentes de controversia abiertos por su gobierno a nivel internacional y en el plano interno, se suma ahora el empeño de imponerle al país el uso indiscriminado del Petro, figura ésta simbólica, de valor variable y todavía no explicados adecuadamente sus alcances y mucho menos entendida por los eventuales usuarios. Concebida, por el régimen, para no reconocer la destrucción del bolívar y su sustitución por una entelequia atada al valor del petróleo y por ende a dólares, con lo cual falazmente está imponiendo la dolarización de la economía venezolana, sin medir ni importarle las consecuencias que está generando en la población sin acceso a divisas internacionales.

Igualmente, la nueva jugarreta gubernamental trata de ocultar al país la incapacidad actual de la economía venezolana de generar y proveer a la población de los bolívares y divisas necesarios para atender sus necesidades.

Así mismo, el régimen busca denodada e irresponsablemente un endeudamiento complementario con la República Popular China, préstamo éste aún no corroborado ni ratificado por las autoridades de ese país. De concretarse ese endeudamiento adicional, se incrementará sustancialmente la deuda que debemos pagar todos los venezolanos y significará la entrega al gobierno de aquel país en exclusividad, tanto, la explotación de importantes recursos naturales, como, la realización de proyectos de diversa índole en los que no tendrá cabida la participación de la inversión privada nacional.

Lea también: La lucha es con protesta y voto, por Omar Ávila

Pero, lo más grave de este asunto es que no sabemos, a fe cierta, para que fines utilizará el régimen los referidos recursos de financiamiento adicionales a la enorme deuda, de aproximadamente US$ 65 millardos, que ya ha contraído con ese país; habida cuenta de la inveterada opacidad y misterio con que el régimen suele negociar y utilizar los recursos que obtiene, como es el caso del hermetismo sobre el funcionamiento y el uso que ha dado a los recursos incorporados en el actual Fondo Chino.

Ante el discreto silencio de las autoridades chinas y la ambigüedad de la información suministrada por el régimen, cabría preguntarnos: ¿el volumen del empréstito que pretende el gobierno es realmente dinero fresco de libre disponibilidad para su uso o se trata de un programa de inversión chino, controlado y administrado plenamente por ellos?

El desboque del proceso inflacionario, la creciente devaluación y pérdida de poder adquisitivo de nuestro signo monetario, la destrucción del aparato industrial, el ineficiente control de cambio, el acelerado crecimiento del gasto público, el consecuente desorden fiscal, la contracción que, desde hace mucho tiempo se viene operando en el crecimiento de la economía, son algunos de los indicadores que dramáticamente muestran el fracaso e inoperancia del modelo económico gubernamental.

De allí que las autoridades Chinas, conscientes de los profundos desequilibrios que experimenta la economía venezolana, en esta ocasión, han exigido al régimen para la aprobación y desembolso de un nuevo financiamiento, la concepción de un programa de acciones asertivo que les garantice presencia política e influencia en las decisiones gubernamentales, el repago del nuevo préstamo y de los atrasos en la amortización de la deuda vieja, así como decisiva participación accionaria y gerencial en los proyectos que se realicen y la consecuente adquisición, en forma obligada y exclusiva, de maquinarias y equipos, tecnología, servicios, materias primas e insumos, que se requieran, a empresas de aquel país.

Desde esa óptica, el programa que el régimen subrepticiamente negocia y las políticas públicas asociadas, se orientan fundamentalmente a satisfacer plenamente los requerimientos del prestamista en lugar de haber sido concebido para recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos de la economía nacional; por tanto, el referido programa, vistas la opacidad de sus fines, sus limitaciones conceptuales, su vaguedad y los condicionamientos exigidos por China lo más probable es que contribuya a profundizar aún más los desequilibrios mencionados a un costo creciente per cápita.

Es así, como hemos visto hasta ahora, que los efectos de la aplicación de los endeudamientos en que ha incurrido el régimen se han expresado en fuertes incrementos del precio de varios productos y servicios, mayor control gubernamental a la ciudadanía, menor libertad para la actividad empresarial, proliferación del cierre de empresas, aumentos del desempleo y la escasez y un creciente desagrado de la población a la gestión de Maduro, que se traduce, en un gran rechazo popular al régimen.

A nuestro juicio, éstas son algunas de las razones fundamentales que explican la urgencia del gobierno para contraer, sin el debido análisis y la obligatoria aprobación legislativa constitucional, tan inconveniente y oneroso endeudamiento público. Pretender financiar los errores y omisiones de una pésima gestión de gobierno que ha significado enormes costos para el país y sus ciudadanos en un ambiente de franco deterioro del liderazgo gubernamental y de profundo malestar, desconfianza y decepción colectivas por la falta de probidad y realizaciones del gobierno, es una empresa de gran envergadura que demanda grandes recursos de financiamiento que el régimen no dispone.

En consecuencia y ante el inminente riesgo de perder el poder, el gobierno con la falta de escrúpulos que le caracteriza, ha decidido imponer por vía de la fuerza que no de la racionalidad, las acciones que le garanticen un determinado flujo de caja para sus actividades sin importarle los costos y las consecuencias económicas y sociales asociadas a la asunción de tales medidas.

Es evidente que los organismos responsables de la gestión financiera pública deberían oponerse a tal desaguisado, pero, como la independencia de poderes no existe, el régimen seguirá actuando con total impunidad y misterio.

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