Maduro impone privatización de facto en el negocio de la gasolina
La venta de gasolina por privados viola dos leyes orgánicas y la Constitución. Expertos legales afirman que el decreto de emergencia económica no es aval para imponer las nuevas condiciones en el mercado interno de los combustibles, mientras que parlamentarios advierten que la medida busca ejercer un mayor control social
Ahiana Figueroa/Sofía Nederr
El nuevo sistema de venta de la gasolina en el país que dio inicio este lunes 1° de junio la administración de Nicolás Maduro es, a juicio de expertos, una privatización de facto que salta las disposiciones de dos leyes orgánicas y hasta la Constitución de la República. Juristas y diputados sostienen que para la importación, distribución y venta del combustible por parte de privados era necesario la reforma de los instrumentos legales, a su vez que revierte el plan bandera de Hugo Chávez de estatizar todo el negocio petrolero.
Resaltan además que aún no se han publicado en Gaceta Oficial las resoluciones que contemplan las nuevas disposiciones del esquema interno de los combustible ni los nuevos precios, lo que aumenta la inseguridad jurídica, la opacidad e informalidad y a su vez generando dudas y confusión.
Entre 2006 y 2008, Chávez llevó a cabo el plan «Plena soberanía petrolera» en el cual se crearon empresas mixtas donde el Estado se reservaba la mayoría accionaria y hasta se re-nacionalizó todas las bombas del país, muchas de las cuales habían sido dadas en concesión a privados en la década de los 90 del siglo pasado.
Con la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos, vigente desde septiembre de 2008, por ejemplo, «el Estado se reserva la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos, por razones de conveniencia nacional, carácter estratégico, servicio público y de primera necesidad, realizada entre Petróleos de Venezuela, sus filiales y los establecimientos dedicados a su expendio», según señala su artículo 1.
A su vez, la Ley Orgánica de Hidrocarburos no establece en su articulado disposiciones relativas a la importación de combustibles por parte de personas jurídicas. La ausencia de una licitación pública y de una constancia en el que se demuestre la adjudicación directa para que los privados puedan vender en divisas, viola igualmente los preceptos de esta normativa.
El sábado 30 de mayo, Maduro anunció que 200 estaciones de servicio venderán libremente «gasolina súper premium» a precio internacional, que fue fijado en 50 centavos de dólar ($0,50) el litro. «La crisis crea oportunidades y esta modalidad está siendo gestionada por empresarios privados que están trayendo su gasolina», afirmó.
Por ser ambas leyes orgánicas -además-, éstas deben ser reformadas por la Asamblea Nacional, tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala en su artículo 302 que «el Estado se reserva, mediante la Ley Orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico».
El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli sostiene que existe una clara privatización en la importación de combustible por parte de personas jurídicas o empresarios. A su juicio, se pudo haber utilizado la figura de empresa mixta que se contempla en la Ley de Hidrocarburos para iniciar el nuevo esquema, lo que no se hizo en este caso.
«Existe una privatización de facto y de juris (jurisprencia) porque esa autorización, así no esté contenida en un acto administrativo formal, ha generado un derecho en esos particulares a operar las bombas con ese régimen de precio», afirma.
Explica que la importación de combustible es una actividad que está reservada al Estado y que solo se puede hacer bajo un esquema de autorización. Pero además implica que el Estado conozca los términos de la importación porque tiene la competencia para fijar los precios.
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Rafalli recalca, sin embargo, que Venezuela se encuentra en un estado de excepción y de emergencia económica que otorga potestades extraordinarias al poder Ejecutivo, por lo que puede fijar condiciones a la importación de gasolina y distribuirla a través de un régimen especial, porque hay una situación que lo amerita.
«Esta es la excepción de la interrupción de la Constitución. Lo que pasa es que cuando se señala que se está en una emergencia económica desde 2016, entonces no es un estado de emergencia económica sino una situación estructural de una economía que está totalmente desbaratada».
Señala que las normativas pueden autorizar a privados para que expendan la gasolina, más no para importar. «La Ley de Hidrocarburos establece los lineamientos para los hidrocarburos que se extraen en Venezuela, pero señala que con un régimen autorizatorio se puede habilitar a personas jurídicas para vender gasolina«, indica Juan Manuel Rafalli.
Resalta además que por ser un servicio de interés nacional es necesario llevar a cabo un proceso abierto de licitación, «pero si se informó a las estaciones de servicio que podían vender gasolina en dólares sin una autorización expresa sí se estarían violando las normativas legales. Porque para ello se requiere realizar licitaciones, una contratación pública y un régimen de autorizaciones».
Rafalli destaca que persiste la inseguridad jurídica en el país al no publicarse en Gaceta Oficial una resolución con el alcance de las medidas, especialmente con los nuevos precios que se fijaron a la gasolina.
«Es un problema de inseguridad jurídica y es un proceso que está viciado, porque no se están dando los requisitos de publicidad a ese acto administrado de un servicio público que impacta a particulares o a los ciudadanos. Esta opacidad es inaceptable».
Maduro acabó con legado de Chávez
En la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN) rechazan la ilegalidad del nuevo mecanismo de venta de la gasolina. El diputado Elías Matta (Un Nuevo Tiempo), presidente de la instancia parlamentaria, es tajante: «De un plumazo borraron a Chávez».
Matta agrega que el nuevo esquema del combustible va en contra de lo que la misma revolución hizo. De esta manera, el diputado fustiga que el gobierno de Maduro se ampare en los más de 20 decretos de emergencia económica, cuando el origen del primero fue rechazado por el Parlamento y las prórrogas posteriores son ilegales.
«Este aumento va contra las leyes que ellos mismos hicieron. Se amparan en la constituyente para violar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley del Mercado Interno. Lo insensato es que se colocan precios internacionales a la gasolina en medio de un entorno negativo: un país con 29 meses de hiperinflación, con la moneda pulverizada y un salario mínimo de 4,6 dólares. Las medidas llegan a un país paralizado«, subraya el diputado Elías Matta.
El parlamentario de UNT puntualiza que, como en todas las medidas que ejecuta el gobierno de Maduro, no hay nada claro. Resaltó que lo único informado hasta ahora es que 200 gasolineras privadas venderán el combustible a precio internacional.
«Ahora bien: ¿Quién le va a distribuir la gasolinas a esas 200 estaciones de servicio, quién es el que tiene el monopolio? ¿Seguirá siendo el Estado, cada una de esas gasolineras o va a haber grupos privados que van a traer gasolina y la van a vender a estos concesionarias ? Esto está por verse, pero de facto es una privatización del mercado interno. Esto era algo que ya se había iniciado, pero ellos mismos a través de una ley lo revirtieron y dijeron que el mercado interino lo iba a controlar Pdvsa. Están echando todo lo que Chávez dijo, lo volvieron trizas y ahora están volviendo a lo que tanto criticaron que era el libre comercio», esgrimió Elías Matta.
El diputado Oscar Ronderos (Acción Democrática) coincide con Matta. Enfatiza que «Nicolás Maduro privatizó de hecho el mercado de la gasolina. Acabó de una con el esquema de nacionalización de los hidrocarburos de Hugo Chávez».
Por su parte, el diputado Luis Stefanelli (Voluntad Popular) señala que con el nuevo esquema de venta de gasolina se vulnera el artículo 318 de la Constitución. Recuerda que la moneda legal en Venezuela es el bolívar y que el combustible también se comenzó a vender en dólares.
El referido artículo de la Carta Magna indica que «las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria».
El parlamentario insistió en que el Plan Nacional de Distribución de Combustible es ilegal porque no ha sido modificado el mercado interno de hidrocarburos. En mayo de 2009, Chávez promulgó la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos.
Contrabando entre bombas
Luis Stefanelli denuncia que el gobierno de Maduro pudo llevar el precio que calculó y comenzó a cobrar en dólares, al cambio en bolívares.
«Prefieren manejar 200 bombas con dólares en efectivo porque es la estructura ideal en manos de delincuentes del régimen para lavar dinero. Antes, la gente hacía contrabando de extracción, mínimo 20 mil barriles diarios. Pero eso tenía algunos riesgos e implicaba infraestructura, una trocha y entenderse con paramilitares y guerrilleros. Ahora, el contrabando va a ser internamente desde las bombas subsidiadas a las que tienen precios internacionales«, denuncia el parlamentario de Voluntad Popular.
El diputado Oscar Ronderos subraya que el nuevo esquema para la venta de combustible aumentará el control social y la discriminación, ambos elementos característicos de la revolución.
«Quien no se someta al control social del carnet de la patria no podrá tener gasolina a precio accesible. Pero, además, la jornada del primer día arrojó fallas en el sistema biopago y, al ritmo que va la distribución del combustible, quizás no dure más de 15 días», sostiene Ronderos.
El parlamentario añade que el plan de Maduro acentuará la conflictividad social que no se detiene en el país pese al covid-19. Refiere que este lunes 1° de junio en la estación de servicio “La Restinga”, municipio Macanao de Nueva Esparta, hubo una protesta porque fundamentalmente allí son los pescadores quienes surten sus tanques de gasolina y no tienen capacidad para pagar el combustible a precio internacional.
«¿Cómo puede pagarse la gasolina a unos precios que equivalen a alguien que gane 1.800 dólares mensuales, cuando en Venezuela, el salario es de 4 dólares?«, argumenta Ronderos.
Para Luis Stefanelli, pese a la pandemia, es inevitable que se den protestas individuales o concertadas por los nuevos precios de la gasolina. En ese sentido, advierte que las consecuencias del esquema, presentado por el gobierno de Maduro como un logro, es un delito de lesa de humanidad.
«Además, el nuevo esquema para el combustible sale luego de que se llevó a la población al límite. Esta es la forma como actúa el régimen», añade.
Stefanelli explica que, de acuerdo con estudios técnicos, si se produjera gasolina como se hizo en «los tiempos de democracia», el costo de refinación por litro no debería ser mucho más de 15 centavos de dólar. «De acuerdo con esto, 30 litros de gasolina no deberían costar mucho más de 4,5 dólares», acotó.
