Maduro no puede satisfacer un aumento salarial digno, por Humberto García Larralde
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La razón es muy sencilla: los incrementos de las remuneraciones que decreta en absoluto responden a mejoras en la productividad. Ahora bien, contra expectativas confiables de crecimiento futuro, un país puede endeudarse para pagar salarios que superen el valor de la productividad del trabajo. O, como ha sido el caso venezolano, al captar formidables rentas internacionales por la venta de su petróleo, también puede financiar niveles de remuneración por encima de tal valor.
A esta práctica, claramente populista, los gobiernos acudieron reiteradamente en el pasado. Pero tiene tres grandes inconvenientes: 1) depende, necesariamente, de que pueda sostenerse el influjo rentístico, es decir, que no decaigan los ingresos por la venta internacional de petróleo; 2) el incremento en la remuneración salarial perjudica a los productores de bienes y servicios comercializables distintos al petróleo; y 3) este perjuicio se agrava por la tendencia a apreciarse la moneda nacional por la entrada de rentas, encareciendo aún más la mano de obra local en dólares, mientras que abarata, en bolívares, los bienes importados.
O sea, dificulta la competitividad de la oferta productiva doméstica y, por tanto, su diversificación, sustento central de la tesis de «sembrar el petróleo» que liberaría al país de su dependencia de la exportación de hidrocarburos.
La idea no es dar aquí lecciones de economía venezolana. Basta con señalar que ninguna de las condiciones anteriores se cumple, por lo que el incremento actual de las remuneraciones al trabajo es, necesariamente, débil:
Primero, porque Chávez y Maduro, al desmantelar las instituciones con base en las cuales se sostiene la confianza empresarial y al confiscar arbitrariamente negocios privados, redujeron drásticamente la base productiva doméstica.
Segundo, porque con el aval de una exportación de crudo a más de $100 por barril, Chávez cuadruplicó la deuda pública externa, haciendo su servicio impagable cuando se redujeron los precios del petróleo a finales de 2014. El sector público venezolano entró en default –incapacidad de pago—en 2017, quedando aislado de los mercados financieros internacionales. No fue por las sanciones. No puede pedir prestado para financiar prácticas populistas.
Tercero, Maduro terminó la destrucción de Pdvsa iniciada por su predecesor, quien supeditó la gestión de la empresa a fines partidistas, entre los cuales está premiar a quienes le son leales. De tres millones de barriles diarios de crudo hace 15 años, hoy el país produce menos de 900 mil.
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Pero, si algún crédito puede reconocérsele a Maduro es que, luego de tanto sufrimiento –una de los peores y más prolongados episodios de hiperinflación padecido por país alguno en América Latina— entendió, ¡al fin!, que no puede aumentar sueldos exigiéndole al BCV que emita dinero (sin respaldo alguno) para pagarlos. Ahora, creyendo que domó al flagelo inflacionario, ofrece pagar el equivalente a 30 dólares más del llamado “bono de guerra”.
¿Subterfugio de la guerra librada por Maduro en contra del bienestar de los venezolanos? Lo cierto es que la remuneración base la eleva, así, a 120 dólares (equivalentes), un incremento de un tercio. Pero, si bien la inflación durante el primer cuatrimestre de 2024 se redujo a 6,3% -aún más alta que la de otros países de la región, salvo Argentina-, la inflación anualizada arroja 65%. Y, aun sosteniéndose la tasa del cuatrimestre, dentro de un año los precios habrán subido alrededor del 30%, borrando toda mejora del poder adquisitivo, abismalmente deprimido, del empleado público. OJO: como se viene denunciando, esta remuneración no es salario -que se mantiene en torno a los $3,6 al mes-, por lo que no incide en las prestaciones sociales.
Lo que el chavo-madurismo nunca entendió es que su «socialismo de reparto», lejos de mejorar los niveles de ingreso de la población, los pulveriza. La visión primaria de Carlos Marx en la que pretende inspirarse argumentaba que la revolución socialista “liberaría las fuerzas productivas”, con lo que el obrero podía mejorar de manera sostenida su remuneración. Marx se equivocó en eso, por razones que no tengo espacio para explicar aquí. Pero tal idea productivista era ajena a Chávez y de Maduro.
Para ellos, Venezuela es (era) un país rico por producir petróleo, pero esta riqueza no era disfrutada por el «pueblo». Bastaba cambiar las reglas de juego –las instituciones— para repartirla directamente. Nacieron las misiones. Fue su «revolución bolivariana», que acorraló al ordenamiento constitucional, acabó con el Estado de derecho y reemplazó los criterios económicos para la toma de decisiones y la asignación de recursos, por criterios políticos, en primer lugar, la lealtad al proyecto político de Chávez.
En ausencia de transparencia, rendición de cuentas y de mecanismos de control externos –prensa y legislativo independientes, empoderamiento ciudadano- degeneró, como sabemos, en un régimen de expoliación que depredó la actividad económica del país. Quedó devastado. En ese proceso, el chavo-madurismo acabó también con los servicios públicos y la capacidad de gestión del propio Estado.
Maduro sigue aún en esa onda de repartir. Si no lo puede más, es por culpa del «imperio». Pero se ha dado a sí mismo un tiro en el pie. Al violar lo acordado en Barbados a favor de unas elecciones limpias, ya no contará con ese ingreso petrolero adicional con que contaba para sostener su aumento.
La mejora sostenida de la remuneración salarial requiere de una reactivación económica robusta. Pasa por inversiones productivas alentadas por la confianza –garantías económicas, seguridad, estabilidad y previsibilidad— y perspectivas claras de negocio. Se asocia con el restablecimiento del Estado de derecho, con su régimen de libertades. La depredación y el reparto discrecional de lo que queda, con base en el cual se mantiene las alianzas que sostienen a Maduro, tendrían que desaparecer.
Además, requerirá acceder a un generoso financiamiento internacional para poder sanear las cuentas del Estado, rescatar la prestación eficiente de servicios públicos y atender la emergencia humanitaria generada por el gobierno. Pero a este financiamiento, proveniente del FMI, el Banco Mundial y/o de otros multilaterales, se accede sólo si se reestructura la gigantesca deuda pública externa, se restablece el ordenamiento constitucional, base de las garantías que permitirán la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales, y el país se compromete a observar los derechos humanos.
Lo que está en juego es la diferencia entre aumentos epilépticos de remuneración que no superan los niveles de miseria, de sostenibilidad dudosa, o un proceso sostenido de recuperación que, de conducirse apropiadamente, podrá recuperar en el espacio de una década, niveles de remuneración, de disfrute de servicios públicos y de libertades ciudadanas, propios de una vida digna y promisoria. A pesar de la devastación, Venezuela sigue ofreciendo oportunidades atractivas. Cuenta con talento, tanto dentro como migrado, con planes de gobierno realistas, elaborado por profesionales altamente calificados, como los de María Corina Machado, y con una población comprometida con el cambio.
No seguir languideciendo en la miseria actual pasa por asegurar el desplazamiento del chavo-madurismo en las elecciones de este año. Con la soberbia que le da creerse dueño de Venezuela, lanzó al peor candidato. Igual que los adecos en 1998 con Alfaro Ucero: «La maquinaria gana con cualquiera». La diferencia, ahora, es la naturaleza de Maduro: el zarpazo en contra de unas elecciones competitivas está siempre entre sus opciones. Pero sería a un altísimo costo. Ya no tiene nada que ofrecerle al país y el hechizo de muchos que obró Chávez hace tiempo se esfumó.
Hace poco se vio a Maduro vestido de militar –¡qué vergüenza para las FAN!– exigiendo, con arengas destempladas, lealtad a la tropa. La excusa, el reclamo del Esequibo. Y Torquemada Saab infla, aún más, sus denuncias de conspiración, ahora promovidas por El Aissami quien, dice, estaba en eso desde 2018. Pero la desesperación es mala consejera. Corresponde al liderazgo democrático, con el apoyo de países de la región y de la Unión Europea, convencer al núcleo chavo-madurista que más vale negociar una transición, con las debidas garantías para ambos bandos, antes de precipitarse en una aventura que podrá salirle muy cara. ¡Edmundo para todo el mundo!
Humberto García Larralde es economista, profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
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