Cinco meses después, Maduro lanza plan de apoyo a las empresas de dudoso alcance
Maduro puso sobre la mesa un programa especial de financiamiento en el que el Estado no pagaría directamente a las empresas por la producción que ordene, sino que serviría de garante para que la banca pública cancele parte de la deuda de inmediato y, en un lapso menor a 60 días, el Estado pagará directamente a la banca lo invertido
El mandatario Nicolás Maduro anunció este miércoles 26 de agosto una serie de medidas económicas que apuntan al supuesto apoyo al sector empresarial venezolano y a la producción nacional, a pesar de que sus explicaciones dejaron más dudas que respuestas.
En un primer paquete de decisiones, ordenó que las nuevas «microempresas» creadas a partir de este momento hasta tres meses después de superada la pandemia, no pagarán tasas ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, ni en el Registro Mercantil. De igual forma, aquellas creadas hasta seis meses después de la pandemia, quedan exentas de impuesto a la renta y pagos por patente por los ingresos generados hasta el 31 de diciembre de 2021.
Por otra parte, ordenó a la Vicepresidencia Económica, una restructuración en los trámites solicitados para el registro mercantil de microempresas, a tal punto de que en menos de una semana se pueda abrir una empresa.
«Iniciar nuevos emprendimientos debe ser fácil en Venezuela. Según estadísticas, somos el segundo país más lento del mundo en trámites. El tiempo para abrir una empresa no puede superar una semana», afirmó.
Estas medidas aplicarán para todas las microempresas del país, entendidas como aquellas empresas que no excedan ingresos de 400 petros anuales, equivalentes a aproximadamente 23.100 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
Acto seguido, ofreció detalles sobre un plan de sustitución de importaciones, similar al que ya ha propuesto incontables ocasiones atrás. En esta oportunidad, propuso una modalidad de compras públicas a través de la plataforma Patria Instituciones, que consistiría en que los productores puedan ofertar directamente al Estado sus productos mediante este sistema virtual.
Al respecto, el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, acotó que el esquema tendría incentivos arancelarios para impulsar la producción nacional en lugar de importar productos. «Son compras públicas con política arancelaria, que favorecerán a los productos que se producen en Venezuela, protegiendo la producción nacional del incremento de aranceles impuestos a productos no esenciales», indicó.
Además, Maduro puso sobre la mesa un programa especial de financiamiento que formaría parte del plan nacional de compras públicas mencionado previamente. Aunque Maduro no ofreció detalles al respecto, El Aissami explicó que el Estado contrataría a una empresa y será la banca pública la que pagará el monto para financiar el proyecto en cuestión, posteriormente el Estado pagaría directamente a la banca en un lapso no superior a 60 días.
«Supongamos que el Estado venezolano contrata a una empresa y no le paga anticipo, sino que le firma el contrato. Con ese contrato, el empresario se va a la banca pública y le pagan parte del contrato en efectivo para que obtenga materia prima, incremente su capacidad productiva y el estado en lapso no mayor de 60 días paga al banco esa suma», amplió
No obstante, ningún funcionario dilucidó sobre el método de pago, si se trataría de un desembolso en bolívares, petros o divisas, un detalle importante a tomar en cuenta teniendo en consideración la devaluación constante del bolívar gracias a la inflación, susceptible a los 60 días de demora que tomaría la banca para efectuar el pago.
Finalmente, Maduro complementó su batería de medidas con una modificación en los lapsos del pago del IVA, que ahora no tendrá un régimen semanal sino quincenal.
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Ratificación de las medidas por cuarentena
Adicionalmente, el gobernante ratificó las medidas que ya había anunciado desde el inicio de la cuarentena como un supuesto mecanismo de protección a la pequeña y mediana empresa del país.
En primer lugar, se mantiene el «pago completo» de las nóminas de las empresas pequeñas y medianas a través del sistema patria, además de un bono especial para los trabajadores independientes. Además, sigue prohibido ejecutar desalojos forzosos a todos los arrendatarios que se vean incapaces de pagar sus deudas.
De igual forma, permanecerá la prohibición de ejecutar la garantía de los créditos por impago. Es decir, entidades que prestaran dinero no podrán despojar a los deudores de sus garantías. Asimismo, se cancela la reclasificación y clasificación de riesgo crediticio. «Sería injusto degradarle el riesgo crediticio a quien no ha podido pagar debido a la pandemia», argumentó Maduro.
Finalmente, enfatizó que pretende mantener el esquema de ‘7+7’ para flexibilizar la cuarentena cada semana y recordó que en este momento solo tres de las 24 entidades del país (Miranda, Distrito Capital y Vargas) se mantienen en una flexibilización parcial.
