Maduro se aleja del modelo estatista en la economía pese a las críticas internas, dicen analistas
El anuncio de la venta en la bolsa de acciones de empresas públicas suena a necesidad de flujo de caja para cumplir con compromisos de gasto corriente, sostienen analistas económicos. Señalan que la administración de Maduro ejecuta una privatización a «cuenta gotas» de compañías deficitarias, obligado por el colapso de la renta petrolera
La administración de Nicolás Maduro llegó a tener en sus manos unas 576 empresas luego del proceso de estatización y expropiación del chavismo, de acuerdo a un censo elaborado por la ONG Transparencia Venezuela en 2018. Desde ese entonces, varias de ellas han cerrado u operan con pérdidas y otras han pasado a manos privadas en el contexto de la Ley Antibloqueo, aprobada por la extinta Asamblea Constituyente.
Analistas sostienen que el grupo de empresas deficitarias del sector público, es producto de la errada política económica en el país, basada en un esquema de control y centralización aplicado desde la gestión de Hugo Chávez. Señalan que es por ello que ahora se lleva a cabo un proceso de privatización «a cuenta gotas», obligado por la caída significativa de los ingresos en divisas, por el fracaso en la diversificación de la economía para depender menos de la renta petrolera y por las sanciones.
Maduro anunció que ofertarán en las bolsas de valores del país entre 5% y 10% de las acciones de empresas estatales en el área de las telecomunicaciones, empresas básicas, petroquímica y compañías mixtas petroleras y de gas, entre otras. Luego de dos semanas de esta declaración, se desconoce aún cuándo será su puesta en marcha.
Lo cierto es que muchos dudan del éxito de este plan, al argumentar que el porcentaje a vender es poco atractivo para los inversionistas y que se deben modificar las leyes que limitan la actividad privada.
Consideran también que los recursos que se obtengan por la colocación de los paquetes accionarios serán muy bajos para lo que requieren estas empresas para su recuperación y que solo alimentarán el gasto corriente, es decir, el necesario para cumplir con los compromisos laborales y pago de bonos, para así depender menos del financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV).
«Maduro está decidido a quitarse de encima las empresas públicas que no facturan ni para pagar la nómina, pero que se acostumbraron a vivir de las transferencias del gobierno central», acota el economista y exministro de Industrias Básicas, Víctor Álvarez.
Sostiene que la medida atiende a la necesidad de sobreviviencia, forzada por el colapso de la renta petrolera, la prolongación de las sanciones financieras y petroleras, además del impacto de la pandemia por el covid-19.
«Maduro se aleja cada vez más del modelo nacionalista, estatista, expropiador y controlador heredado de Chávez. Para sobrevivir a las sanciones, profundiza un proceso de apertura, desregulación, liberación con privatización y estímulo al sector privado nacional y extranjero».
A juicio del director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, el anuncio de Maduro es un mensaje claro de que está dispuesto a que el sector privado tome parte del sector público.
«Lo más relevante fue el incluir en este plan a las petroleras. Esto también habla mucho del debate interno en el gobierno de abrir el sector petrolero, porque hay radicales del chavismo que no ven la medida con muy buenos ojos, porque lo consideran una traición».
Duda, sin embargo, de que los recursos que se capten vayan a incrementar significativamente el flujo de caja del fisco, para luego financiar las inversiones que se requieran. «Soy escéptico de que se vayan atraer grandes capitales en el contexto de limitaciones legales y sanciones», señala Oliveros.
Maduro afirmó que con el capital que se obtenga de la oferta de acciones se destinará para la mejora tecnológica y el desarrollo de las empresas, lo que pareciera ser muy ambicioso, dado los grandes requerimientos de la infraestructura estatal.
Ecoanalítica calcula que para la recuperación del país (lo cual pasa primero por sanear sus operaciones), el gasto que requieren todas las áreas que integran el gobierno se acerca a los 35.783 millones de dólares, solo en el primer año de llegar a aplicarse un plan de emergencia. De esta cifra, los sectores hidrocarburos, agroalimentario, electricidad y agua se necesitan $18.126 millones.
Encender de nuevo el aparato productivo requiere de centenares de millones de dólares, dice el economista Antonio Paiva. Agrega que «es una labor titánica» recuperar el suministro eléctrico, las telecomunicaciones, la educación, la universidad, el agua, la seguridad y la salud.
«Miles de empresas y fundos solo trajeron quiebra, ruina o abandono que provocaron escasez, hambruna, atraso y miseria. La puñalada mayor fue la muerte de Pdvsa, que cortó la fuente principal —y casi única— de ingreso permanente de divisas. Sin petróleo y sin inversión pública (presupuesto) somos unos parias», afirma Paiva.
Transparencia Venezuela destacó en un estudio sobre las empresas del Estado que la implantación del modelo del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela llevó al país a niveles de emergencia, y el desempeño de las empresas estatales así lo corrobora.
«A la incapacidad para gestionar eficientemente los sectores que dinamizan la economía, se suman los graves casos de corrupción, identificados y recogidos en denuncias públicas», indicó la ONG en el estudio realizado en 2018, en el cual señalaron que para esa fecha más del 74% de las empresas propiedad del Estado tenían denuncias por malas prácticas: mala gestión, caída de la producción, conflictos laborales y baja productividad.
Víctor Álvarez reitera que la nueva modalidad para financiar las empresas públicas con recursos de inversionistas privados significa el fin de la economía rentista, que hasta hace unos pocos años utilizó el caudaloso ingreso petrolero para financiar una creciente presencia del Estado-empresario en la economía. «Ya no es posible transferir la menguada renta petrolera al sector empresarial público y privado».
Recuerda que el financiamiento de empresas estatales con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, desató una voraz hiperinflación que volvió sal y agua los presupuestos de hogares, empresas e instituciones; además de generar malestar social y un costo político para la administración madurista.
«El episodio de hiperinflación ha sido superado y ahora el gobierno para evitar que recrudezca, prevé llevar a cabo estos planes de privatización porque no quiere pagar el costo político que generará de cara a las presidenciales de 2024″.
Antonio Paiva, va mucho más allá, al afirmar que «el régimen escuchó a los chinos, quienes al anunciarle que no financiarían ni un dólar ni un yen más, le dijeron: abran el mercado, dejen de perseguir al dólar, no controlen más los precios, permitan la libre importación, el socialismo es una calamidad, mantengan el poder y dejen que la economía fluya«.
¿Una economía a lo rusa?
Un criterio con el cual también hay coincidencia entre los analistas es que se debe llevar a cabo la oferta de empresas estatales a través de procesos transparentes y, especialmente, que cierre el paso al lavado de dinero procedente de la corrupción.
El economista Víctor Álvarez señala que «para atraer a inversionistas serios, las compañías del sector públicos tienen que primero ser saneadas».
Entre los pasos a seguir es prioritario convocar a asambleas de accionistas, elegir nuevas juntas directivas, activar mecanismos de supervisión y control, presentar la memoria y cuenta de su gestión, publicar los estados financieros auditados por firmas de reconocido prestigio, calcular las necesidades de inversión y las proyecciones de crecimiento y desempeño.
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«Este proceso de desestatización de las empresas no es de ahora, lleva ya varios años. Comenzó con la transferencia a operadores privados de la gestión de empresas públicas en los sectores agroalimentario, manufactura y turismo. Seguramente ese 5% y 10% de acciones que se ofertarán a través de la bolsa de valores, los tomarán inversionistas de alto riesgo que ya vienen conversando con el gobierno para asumir la reestructuración de esas empresas. Se trata de un proceso de privatización en dos tiempos: primero se privatiza la gestión de la empresa para que operadores privados se encarguen de repotenciarlas; y luego una vez saneadas, se procede a privatizar la propiedad de los activos», afirma Álvarez.
Asdrúbal Oliveros coincide en que la administración de Maduro continuará por esta senda de privatización, en la medida en que las circunstancias se lo permitan. Pero que debe ser lo más transparente posible, para evitar que los acuerdos sean solo con personas cercanas al chavismo-madurismo y no se convierta en una «economía a lo Rusia».
Álvarez insiste en que el proceso debe responder al interés nacional y que no se convierta en un episodio más del capitalismo de clientes a través del cual «pequeños, pero muy poderosos grupos privilegiados conectados con el poder político, corren con ventaja y aprovechan los apuros de un gobierno con restricciones presupuestarias para prestar auxilios financieros de alto costo y tener cabida en el remate de los activos públicos».
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