Maduro: sin legitimidad de origen, con legitimidad de uso, por Alonso Moleiro
@amoleiro
Los días pasan y la clase dirigente chavista, el elenco político que está enquistado de manera ilegítima en el Estado venezolano, sigue ocupada en aquello que considera su único objetivo existencial: consolidar su presencia en el poder, con independencia de la emergencia económica y social planteada en Venezuela, procurando normalizar la barbarie y convirtiendo en hábito institucional aquello que subsiste gracias al complot y la imposición.
El fin de la legitimidad política de origen, la extinción del voto como instrumento para hacer valer la soberanía popular, y la entrada de la nación en los oscuros pasillos de la legalidad impuesta, aunque no sean demasiado invocados en el debate cotidiano del país, no constituyen ningún misterio revelado. Están a la vista de todos.
Los años de Nicolás Maduro han traído consigo la erosión del chavismo como un movimiento de masas, el ocaso de la sociedad de la abundancia producto de la producción petrolera, y la clara emergencia de las máculas de la corrupción, las más graves en sus cotas de la historia reciente de Venezuela. Tal circunstancia es sabida de sobra en los mandos del gobierno bolivariano, que se conoce de memoria, aunque ya no los comente, los números de todas las encuestas.
La mediocridad de la administración de Maduro ha concretado el fin de los mejores días del chavismo como movimiento popular. La pérdida de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, lo único que hizo fue concretar una tendencia que llevaba meses en desarrollo, y que estaba generando una preocupación objetiva en Miraflores. El fin del anclaje chavista en las barriadas urbanas empobrecidas del país, y su debilitamiento en las zonas rurales, es hoy una realidad fuera de discusión.
Con su derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, el chavismo perdía aquello que Rousseau llamó “El corazón de la legalidad”, esto es, la nuez misma de lo que entendemos por soberanía popular: el arco de bancadas, sagrada en su conformación, con diputados de todas las tendencias, que conforman un complejo laboratorio político en el cual está condensada la voluntad de la nación. La posibilidad, como fuente primaria de poder, de organizar el barajo institucional del país, nombrando a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. La llegada de la Oposición a la Asamblea Nacional, producto de una contundente victoria, estaba anunciando la concreción de una nueva voluntad. Si el poder ha sido diseñado para ser ejercido, el único camino digno que le quedaba a la MUD era atender el contenido de aquel espaldarazo.
Esta circunstancia, que es rutina en cualquier sociedad civilizada, no podía ser tolerada por la dirigencia política chavista, integrada en su mayor parte por sujetos de precaria formación, sin educación política y con muy pocos escrúpulos. La normalización de la barbarie que adelanta la dirigencia del PSUV en este momento consiste en desoír e irrespetar el contenido político de aquel pronunciamiento –que de haberlos favorecido, probablemente, habrían defendido, incluso con las armas-, e imponer una legalidad alterna, que se justifica y se soporta, simplemente, en la fuerza unilateral del uso. En la rutinización de su propia naturaleza, que pretende ser convertida en convención a partir de situaciones forjadas. Con el concurso de la cobardía cívica de ciertos sectores opositores, minoritarios y ya incorregibles, que hoy quieren asistir a las elecciones de Concejales, empeñados en negociar cualquier cosa que les permita reivindicar el arte de la negociación.
Para ello fue necesario, por supuesto, hacer en el trayecto algunos ajustes. Maikel Moreno, a la cabeza de un puñado de jueces que han formado parte de la componenda para desobedecer el sagrado mandato popular, se dio a la tarea de vetar todos los instrumentos legales que emitía un Poder Público soberano. El forcejeo le abrió las compuertas a la gravísima crisis política y de orden público que vivió la nación en 2017, alentada por la escasez y el colapso del Estado, que fue zanjada por Maduro con un sistemático proceso represivo, en el cual fueron asesinadas muchas personas desarmadas y fueron violentados los derechos de muchos ciudadanos inocentes. La Asamblea Nacional quedó neutralizada como Poder Público. Con su conducta reprobable, Moreno se convirtió, para los libros de historia, en uno de los artífices y responsables directos del trágico saldo del año 2017.
La concreción de la Asamblea Constituyente, y la posterior convocatoria para elegir gobernadores, alcaldes, y el nuevo Presidente de la República, por parte un Consejo Nacional Electoral chapucero y sin principios republicanos, y con el contubernio de los mandos directivos de las Fuerzas Armadas, terminó de fraguar la dudosa institucionalidad sobre la cual están parados hoy los venezolanos.
Una realidad sin correspondencia con el sentimiento mayoritario de la población, inédita en 60 años, divorciada de una crisis que se consume la cotidianidad de los ciudadanos. Concebida para que los actuales jerarcas del poder conserven sus privilegios y sus canonjías, incluso si toda la población decidiera marcharse caminando por las fronteras.
Se trató de eventos consultivos que no fueron atendidos por la ciudadanía, cuestionados por toda la comunidad internacional, en el cual se hicieron objeciones técnicas de bulto y se violaron muchas disposiciones de la Ley de Procesos Electorales. Los venezolanos ni siquiera pudieron decidir si querían o no una Asamblea Constituyente. Citas consultivas en las cuales dirigentes políticos y partidos constituidos fueron vetados, impedidos de participar, y donde el Plan República, el dispositivo de los militares para custodiar las elecciones en Venezuela, al que tanta confianza le tuvieron los ciudadanos, se desnaturalizó por completo, al trabajar muchos de sus miembros para acarrearle votos a Maduro y sus acólitos, u obrar claramente en favor de sus intereses.
De aquella fragua, tan precaria en términos cualitativos, han emergido los constituyentes actuales; el nuevo Fiscal General, los gobernadores y alcaldes en funciones. Figuras hoy casi decorativas, signadas por la insuficiencia, con problemas de enorme magnitud frente a sí, que sus despachos ya no pueden atender ni resolver. Junto a Miraflores, y los figurines que hoy integran el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, se han complotado para parir una legalidad alterna, un artificio sin credibilidad ni anclaje, que no recoge el interés general, que no respeta la opinión de las personas, y que sólo acepta como buenos los resultados electorales si estos les favorecen para seguir en el gobierno.
La legalidad de la dictadura bananera de una desdichada nación del Tercer Mundo. Sin legitimidad de origen. Con legitimidad de uso.
