Maduro y la destrucción de los convenios colectivos, por León Arismendi
Luego de 20 años de “revolución bolivariana”, constatar que las condiciones de vida de los trabajadores en lugar de mejorar se precipitaron a los confines de la miseria, debería ser suficiente para admitir que el mentado socialismo del siglo XXI ha sido un vergonzoso fracaso, pero allí están Maduro y su círculo demostrando que el fanatismo –y el poder– ciegan, tanto que ni siquiera advierte que tal insistencia enterrará por largo rato cualquier posibilidad de que la izquierda latinoamericana vuelva a levantar cabeza.
En la Venezuela de hoy las estadísticas oficiales desaparecieron, prueba indubitable de que el poder no quiere que lo evalúen, como si los signos de la miseria pudieran ocultarse.
El Banco Central omite publicar índices de inflación y en el Ministerio del Trabajo no hay ni rastro de datos creíbles sobre la evolución de los salarios reales ni de las tendencias de la negociación colectiva
¿Cuántos convenios colectivos se han celebrado en los últimos tres años? ¿Cuáles son sus novedades?
Pues bien, la cruda realidad nos indica que la destrucción del trabajo –claro signo del fracaso de la revolución– por razones obvias, ha desmantelado la negociación colectiva, reduciendo su práctica a meros actos defensivos, mediante los cuales los sindicatos procuran conservar lo que les queda de sus beneficios, buena parte de los cuales proviene de pactos celebrados a lo largo de los 40 años posteriores al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez.
Y es que la “revolución bolivariana”, desde sus propios inicios, tuvo una relación belicosa con el mundo del trabajo, tanto con los empleadores, muchos de los cuales fueron objeto de “expropiaciones”, como con las organizaciones sindicales, a las que Chávez declaró la guerra y ofreció “demoler”
Ese conflicto generó una enorme fragmentación sindical apoyada desde el propio Estado cuya muestra más visible fue la creación de una central sindical afecta al gobierno y reñida con cualquier idea de independencia y autonomía del gobierno-patrono, muy a la usanza de la lamentable experiencia de los países del denominado socialismo real.
A contrapelo del mandato constitucional que reconoce a la negociación como un derecho fundamental de los trabajadores e impone al Estado la obligación de fomentar su ejercicio, el autoritarismo gubernamental se ha ocupado de obstruirlo, sometiéndolo a mayores controles, como la “mora electoral” de los directivos sindicales. Un entuerto en el que se juntan el secuestro de las elecciones sindicales por el CNE, el criterio punitivo de la Sala Electoral y más recientemente, las normas del Dlottt. Su saldo es una larga lista de dirigentes sindicales “inhabilitados” para negociar convenciones colectivas y una masa de trabajadores impedidos de obtener mejoras en sus condiciones de trabajo.
La misma huella del desprecio por la actividad sindical –y por el derecho de negociación– quedó marcada con la desaparición del dialogo tripartito como instrumento de fijación del salario mínimo, tal como estaba previsto en la reforma de la LOT de 1997. Chávez decidió ignorar las referidas normas a nombre de su acostumbrado “me da la gana” y circunscribió su política salarial a fijar el salario mínimo conforme a los dictados de sus caprichos y así lo dejó plasmado en su Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Dlottt), una de cuyas trastadas regresivas fue suprimir el mencionado mecanismo de dialogo.
Maduro no ha hecho otra cosa que profundizar el desastre. Siguió la misma política económica de su causante, pero con las arcas vacías. Jamás se atrevió a modificar nada y el desastre le reventó en la cara
La inflación se multiplicó y sigue destruyendo empresas, empleos y salarios. Desde que inició su gobierno, hasta febrero de 2019, ha ajustado el salario mínimo y el bono de alimentación 26 veces, pero el poder adquisitivo del salario paso de 98,17 dólares mensuales –en el 2013– a 6 dólares mensuales en el 2019.
En los últimos convenios colectivos pactados, procurando mantener el poder adquisitivo de los salarios –y ante la ausencia de cifras de inflación oficiales– los dirigentes sindicales optaron por atar las remuneraciones al salario mínimo, estableciendo como piso de las escalas o tabuladores, múltiplos o porcentajes de aquel.
La última trastada de Maduro fue liquidar el aludido mecanismo de ajuste, para lo cual, bajo el rotulo pomposo de su inagotable reedición de pendejadas anunció un nuevo “Programa De Recuperación, Crecimiento Y Prosperidad Económica”, marco en el cual creó un nuevo cono monetario y fijo el salario mínimo en un monto que igualó las remuneraciones de casi todos los venezolanos y redujo a ínfimos inaceptables cualquier referencia a méritos, rendimiento o experiencia, llevándose por delante cualquier noción de progresividad e intangibilidad de los beneficios laborales, aun cuando el MPPT ya dijo lo contrario y -de ñapa- dicto unos “lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo”, que, en la práctica, hacen imposible cualquier negociación salarial medianamente sensata.
Con toda razón la Unidad de Acción Sindical y Gremial ha dicho en repetidas ocasiones, que sin cambio de gobierno, no hay futuro para el trabajo ni para los trabajadores
