«Mamá, ¿qué significa fascista?»: Adolescentes acusados de delitos que ni siquiera conocen
Algunos de los adolescentes detenidos en Valencia por las protestas poselectorales han comentado a sus padres sus intenciones de suicidarse. Los jóvenes fueron torturados al momento de su detención, pero les fueron negados los exámenes forenses y no hay constancia de las denuncias dentro de los expedientes, según lo que conocen sus representantes
«Mamá, ¿qué significa fascista?», le preguntó en una visita su hijo de 16 años a Mariela. Esa es una de las frases que le repiten los custodios al joven, un prospecto beisbolista, detenido la noche del 30 de julio en una cancha de la urbanización La Isabelica, al sur de Valencia.
El acta policial –donde se escribió mal su número de cédula como se comprobó en la última audiencia– señala que el joven tenía cauchos y bombas molotov, pero los vídeos que grabaron vecinos de la zona muestran otra cosa. «Tengo dos videos. Uno cuando lo están montando en la patrulla y lo están empujando y le pegan por la cabeza. También tengo un video donde lo golpean en el piso y uno de los policías grita que lo maten».
Desde el pasado 26 de septiembre el Tribunal 2 con competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Keidimar Ramos Castillo, ha enviado a juicio vía telemática a 16 de los 68 adolescentes que –según el Foro Penal– permanecen detenidos por las protestas poselectorales en todo el país. Los acusan de cargos como terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas, resistencia a la autoridad y uso indebido de insignias y uniformes.
«Mi hijo ni siquiera sabe qué significa ser fascista. Él no sabe nada de política. Ni siquiera yo. Soy madre soltera, costurera. Vivo de mi trabajo y quiero sacar mi hijo adelante. Nosotros somos parte del pueblo trabajador de este país, ¿por qué nos están golpeando así? No nos interesa la política, nos interesa que nuestros niños estén en libertad», aseguró Mariela.
Su hijo fue golpeado hasta el cansancio dentro de un comando policial. Él mismo le contó que la paliza «fue tan horrible que yo creía que estaba vomitando sangre. Los policías querían que yo grabara un video para que dijera que María Corina Machado me estaba pagando 30 dólares para salir a protestar. Yo no hice ese video».
Nueve adolescentes se encuentran detenidos en calabozos policiales en Carabobo, cuatro en Yaracuy, dos en una entidad de atención en Guárico y uno en Caracas. Sus edades oscilan entre los 15 y 17 años, algunos de ellos ya bachilleres y con cupo en la universidad, otros esperaban retomar los estudios o poder iniciar el quinto año de bachillerato.
Todos los jóvenes de Carabobo recibieron una oferta de la jueza: De declararse culpables sólo pagarían seis años y ocho meses de prisión, sin ningún beneficio. Ninguno aceptó. Ahora serán procesados por los 10 años que contempla la ley como pena máxima en estos casos. «Están tratando a esos niños como adultos, pero incluso un adulto tiene un defensor que lo orienta. Ellos no saben qué hacer. Uno tampoco puede hablar como padre».
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Ninguna denuncia, examen forense o psicológico para dejar constancia de las torturas fue procesado. La defensora Kelly Pérez ni siquiera incluyó en los expedientes las cartas de buena conducta, constancias de estudios, testigos o vídeos de las detenciones arbitrarias de los adolescentes que fueron llevados hasta Caracas.
«La defensora pública no ha consignado nada», les dijo la jueza Ramos en la audiencia preliminar del miércoles 2 de octubre.
Los familiares se arrepienten de no haber denunciado antes todas las irregularidades procesales, como el retraso de 52 días para la audiencia preliminar, que nunca se les haya permitido acceso al expediente –»no lo quieren mostrar»– o poder designar a un abogado privado de confianza.
«Ya no aguanto más»
Varios de los adolescentes detenidos en Carabobo han manifestado intenciones suicidas, ya sea por la desesperación frente a un futuro incierto o por los maltratos verbales y psicológicos a los que son sometidos dentro de los comandos policiales.
«Hoy tuve visita con mi hijo. Me la dieron de cinco minutos porque él tuvo un episodio suicida. Me dijo ‘Mami, te amo pero ya no aguanto. Mami, me voy a matar’. Tuvo un evento horrible. Me dijo que ya no aguanta más. Ahí lo han maltratado mucho, demasiado. Nosotros no tenemos visitas varias veces a la semana como en otras partes», relató Sandra.
Su hijo, quien es boxeador y forma parte de la selección de Carabobo, fue detenido en Los Caobos cuando unos policías le dieron voz de alto. De la golpiza sufrió fisuras en una pierna y costillas.
«Sufre de trastorno bipolar y es hiperactivo. Me le han hecho de todo. Es angustiante porque se le han violado todos su derechos. No le han hecho revisión médica, ni siquiera le dan permiso de tomarse su medicamento. La semana pasada un policía le pegó delante de mí y no pude hacer nada para defender a mi hijo», denunció Sandra.
El hijo de María Alexandra tiene 16 años de edad, es tenista de mesa y esperaba participar en los juegos juveniles de este año. Fue detenido en Valencia y llevado al fuerte Paramacay –la principal unidad militar del estado Carabobo– donde fue golpeado hasta que le partieron los dientes y le lesionaron una muñeca.
«Todavía tiene las marcas de todos esos días que estuvo amarrado», señaló.
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Los adolescentes detenidos en Paramacay pasaron tres días sin comer o tomar agua. Los encerraron y a algunos los obligaron a dormir sobre piedras irregulares hasta que fueron presentados en tribunales. Ahí los llevaron a distintos centros de detención.
El hijo de Patricia es músico y fue detenido el 29 de julio junto a un amigo cerca de su casa. «Yo quisiera que esos funcionarios de la Policía de Carabobo se pusieran la mano en el corazón y dijeran la verdad. La jueza dijo que mi hijo estaba atacando Paramacay, pero mi hijo nunca salió de Prebo».
«A él le metieron electricidad tanto que le quemaron las tetillas. Yo personalmente le pedí al abogado de Valencia que le hicieran el examen médico forense porque estaba bastante golpeado. El primer día que lo ví, por donde lo tocaba o se movía le dolía. A su amigo que acababa de cumplir 18 años le partieron la cabeza, y cuando él vio que estaba bañado de sangre accedió a hacer un video», explicó.
La abogada le dijo que se quedara tranquila, que también le iban a hacer un examen psicológico. Ninguno se hizo. Su hijo le comentó en una carta que «cuando cierra los ojos siente que se está quemando con la electricidad«.
«Nosotros estábamos pidiendo una medida cautelar. Estos niños son deportistas, son estudiantes, son músicos. Tienen el respaldo de sus padres. Nunca han cometido ningún crimen, pero se están ensañando con ellos y eso es lo que nos duele porque nuestros hijos son inocentes», dijo la madre de un joven detenido con 15 años de edad en el mes de julio, pero que cumplió los 16 bajo reclusión.
A la hija de Yenni, de 16 años, la agarraron unos funcionarios encapuchados junto a su novio cuando regresaba a su casa. Los llevaron al fuerte Paramacay, donde la golpearon en las costillas, le arrancaron las pestañas postizas y le tomaron una foto junto a los primeros 25 jóvenes que detuvieron esa noche.
«Mi hija tenía fotos personales en su teléfono. El militar que se lo quitó se las estaba mostrando a los demás y le dijo a mi hija que si ella se acostaba con él, le daba la libertad», denunció.
A la joven también la obligaron a grabar un video donde dijera que le habían pagado 40 dólares para atacar el fuerte. Ella se negó. «Agarraron al novio y le daban patadas. Le dieron una paliza como de dos horas. Todas las patadas y los golpes eran en la cara. A ese muchacho le pusieron la cara como un monstruo. Ahí fue que ella grabó el video», indicó.
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Yenni y otros representantes refieren que el trato hacia alguno de los jóvenes cambió cuando fueron trasladados a comandos policiales, pues permiten visitas cada dos o tres veces por semana y les dejan ingresar las medicinas. Pero recuerdan que el único lugar donde estarán mejor es en sus casas.
«Nosotros lo que queremos es la libertad de nuestros hijos. Le pedimos al señor Tarek, al presidente Maduro, al señor Diosdado que por favor nos devuelvan a nuestros hijos. A ellos los agarraron injustamente (…) Yo solo quiero que se haga justicia y le den la libertad a todos esos niños. Psicológicamente están muy mal. Mi hija también me ha dicho que no quiere seguir viviendo, que prefiere que llegue la noche rápido para seguir durmiendo. Todo es muy difícil», pidió Yenni.
