«Mano de hierro» de Maduro busca mejorar imagen del PSUV, pero hace falta ir a fondo
Alcaldes, diputados, fiscales superiores y altos oficiales han sido aprehendidos en el marco de operación «Mano de hierro» que el gobernante Nicolás Maduro puso en práctica en enero pasado y que buscaría hacer frente a percepciones internas en el chavismo sobre la corrupción y abuso de poder. Según Javier Biardeau, uno de los objetivos es frenar el auge de bandas del crimen organizado dentro del PSUV
La detención de la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún (Casigua El Cubo), del estado Zulia, Keyrineth Fernández, junto a dos diputados a la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, en posesión de casi siete kilogramos de presunta cocaína, impactó a través de medios de comunicación y redes sociales, el pasado 28 de enero, en lo que fue el episodio número uno de la operación «Mano de hierro», impulsada por el mandatario nacional Nicolás Maduro.
No es la primera vez que el gobernante venezolano apela a la imagen de la mano de hierro para denotar su intención de hacer frente a diversas situaciones. En 2015 anunció que actuaría con «mano de hierro» frente a los opositores que anduvieran en planes conspirativos y, en 2019, al presentar su memoria y cuenta de 2018 ante la asamblea constituyente, anunció «mano de hierro a la traición, a la corrupción. A mí no me va a temblar el pulso con nadie», comentó entonces.
El impacto es que esta vez no se trataba de opositores, o algún funcionario crítico a la gestión del gobierno, sino de una alcaldesa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en pleno ejercicio de sus funciones y que había sido reelecta un mes antes.
Un día después de la detención de la alcaldesa de Casigua El Cubo se produjo la del alcalde del municipio Independencia (Soledad) del estado Anzoátegui, Carlos Vidal. Junto a él fueron aprehendidos dos fiscales superiores y un trabajador de Pdvsa; en esta oportunidad, el motivo fue el contrabando de gasolina.
La acción tuvo un coletazo días más tarde, cuando fue detenido el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) (G/D) Marco Tulio Álvarez Reyes, quien presuntamente había actuado en complicidad con el alcalde Carlos Vidal. La «mano de hierro» de Maduro estaba alcanzando altos mandos en la Fuerza Armada Nacional (FAN).
El 18 de enero, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, había anunciado el despliegue de un operativo denominado «antimafias», con el fin de combatir del contrabando de combustible en el país.
Estos procedimientos generaron reacciones desde diferentes sectores. El embajador de EE. UU. para Venezuela —que despacha desde Bogotá—, James Story, afirmó que la operación «mano de hierro» solo busca «lavar la cara de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI)».
Fuentes protegidas del propio PSUV aseguraron a TalCual que, una vez más, se trata de que el gobernante está avanzando en posiciones antes controladas por otras tendencias del partido, como el sector militar.
Desde entonces hay quienes sostienen que las detenciones y destituciones obedecen a pugnas internas en el seno del gobierno y hasta la intención de fortalecer la figura de Nicolás Maduro con miras a su posible candidatura a la reelección en 2024.
Para analizar las implicaciones de esta operación, detallaremos quiénes son las personas que han caído en la misma y, posteriormente, analistas políticos nos darán su visión sobre esta iniciativa que ha tocado a altos mandos en la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Los detenidos de la operación «Mano de hierro»
El primer lote de aprehendidos en el marco de la operación «Mano de hierro» estuvo conformado por la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández. Ella estuvo en el centro de una polémica durante las elecciones de alcaldes de diciembre de 2021. Se le acusó de amparar la dispersión de votantes con disparos por parte de la policía el día de los comicios, de paralizar en dos ocasiones el proceso de votación y de apropiarse del material electoral, para luego autoproclamarse como alcaldesa electa.
Keyrineth era parte de los jóvenes dirigentes del PSUV, una nueva generación que comienza a ascender y sustituir cuadros medios importantes en el partido. Fernández había recibido el apoyo del entonces gobernador del Zulia, Omar Prieto, precisamente una de las principales figuras de esta nueva camada de dirigentes del chavismo y quien cayó derrotado en las elecciones del 21 de noviembre por Manuel Rosales (UNT).
Junto a ella fue detenida la diputada Taína González, otra de las figuras emergentes en el chavismo. Era dirigente indígena juvenil y fue la diputada más joven en integrar la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro. Se desempeñaba como comisionada de asuntos religiosos de la juventud del PSUV y es sobrina de la ministra de Pueblos Indígenas Roside González, quien fue destituida de su cargo luego de la detención de González. Su figura fue impulsada por la diputada indígena Aloha Núñez.
También fue detenido el diputado suplente Luis Viloria, del partido Primero Venezuela. Viloria fue asesor del diputado Luis Parra, expulsado del partido opositor Primero Justicia y quien llegó a proclamarse presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 en una polémica sesión en la que no estuvo la bancada de la oposición.
Lo curioso del caso es que Viloria ya había sido detenido el 8 de noviembre de 2021, junto a otros seis ciudadanos en el estado La Guaira con 336 panelas de cocaína que transportaban escondidas en tres vehículos desde el estado Táchira.
Aunque no se mencionó junto a las anteriores personas, hubo otra diputada que está presuntamente vinculada con el caso. Se trata de Jeycar Pérez, quien fue electa en los comicios parlamentarios de 2020 y pertenecía al partido Organización Renovadora Auténtica (ORA). Ella formaba parte de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de la Comisión Especial para la Atención y Defensa de las Fronteras.
Jeycar Pérez había sido detenida el 6 de enero y a partir de los interrogatorios que se le practicaron se habría llegado a identificar la red de narcotráfico.
El siguiente capítulo de detenciones ocurrió un día después. El 29 de enero resultaron detenidos el alcalde del municipio Independencia del estado Anzoátegui, Carlos Vidal, y los fiscales superiores Jorge Peña (Delta Amacuro) y Manuel Gil Da Silva (Bolívar), así como un trabajador de Pdvsa llamado Juan Carlos Barragán.
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Vidal había iniciado su tercer período como alcalde del municipio Independencia y en su campaña habían participado el propio mandatario Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La gestión de Vidal había sido objeto de numerosas críticas por las fallas recurrentes en los servicios públicos, especialmente agua y electricidad y por la fuerte represión que los cuerpos policiales ejercían contra las personas que realizaban las protestas.
Vidal había sido objeto en dos ocasiones anteriores de acusaciones por hechos violentos, aunque los sucesos nunca fueron investigados. En abril de 2016 se le señaló por efectuar más de 30 disparos al aire frente a la residencia de Lander Ortega, coordinador del partido Vente Venezuela en la localidad.
Luego, el 2 de mayo de 2019, habitantes de los sectores Raúl Leoni y el Jardín en Soledad, denunciaron que fueron atacados a tiros por el mandatario local cuando protestaban por la falta de luz.
En el caso de los fiscales Peña y Gil Da Silva, presuntamente recibían dinero proveniente del contrabando de gasolina en el estado Anzoátegui a cambio de evitar la investigación de las denuncias y el procesamiento de los casos.
Este segundo lote tuvo una prolongación que llevó la operación «Mano de hierro» a apretar esferas más altas del poder. El (G/D) Marco Tulio Álvarez, fue también aprehendido por estar presuntamente involucrado en el caso del contrabando de combustible.
Álvarez fue jefe de seguridad de la Faja Petrolífera del Orinoco. Luego ocupó el puesto de jefe contrainteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En 2018 fue objeto de una acusación en medios de información de Colombia, de supuestamente formar parte de un complot para atentar contra el expresidente de ese país Álvaro Uribe Vélez.
El más reciente episodio de las actuaciones de la operación «Mano de hierro» ocurrió el pasado 4 de febrero, cuando fue destituido el jefe de la ZODI del estado Trujillo, (G/D) Lenín Herrera Hernández.
Herrera Hernández había ocupado los cargos de director general de la presidencia del Fondo de Inversiones Misión Negro Primero y de comandante del Cuartel General del Ministerio de la Defensa. Llegó a comandar la 61 Brigada Antiaérea de los Andes.
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La destitución de Herrera Hernández ocurrió luego de la detención de un mayor de apellido Rivas, considerado su hombre de confianza, por «venta ilegal y extracción de combustible».
El alto oficial fue nombrado jefe de la ZODI de Trujillo por el anterior gobernador de esa entidad, el G/J Henry Rangel Silva, quien encabezaba un movimiento social conocido como «La trujillanidad».
Del nuevo gobernador, Gerardo Márquez, quien es mayor en situación de retiro, se dice que es cercano al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. El mandatario regional no asistió a la toma de posesión del nuevo comandante de la ZODI, Donato Tenore Damiano.
La pegunta que surge luego de las detenciones es por qué se producen ahora, cuando las denuncias sobre tráfico por parte de algunos funcionarios, efectivos militares y las personas ahora bajo custodia policial, habían sido objeto de denuncias que no fueron investigadas.
Las elecciones regionales y locales y el «efecto Barinas»
El sociólogo y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Central de Venezuela (UCV) Javier Biardeau, considera que estas acciones contra las diferentes mafias que han penetrado el poder en Venezuela son producto de los más recientes resultados electorales, como las regionales y locales de 2021 —cuando los diferentes sectores de la oposición, aunque divididos, sumaron más votos que los del chavismo— y de la repetición de la elección de gobernador de Barinas, en enero de 2022, cuando el chavismo cayó derrotado en uno de sus principales bastiones.
«Uno de los elementos de análisis que han desarrollado en las estructuras de la Juventud del Psuv y el propio PSUV es el tema de la corrupción. En las mesas de trabajo que se han desarrollado ha aparecido la queja permanente alrededor del abuso de poder dentro de las estructuras locales de alcaldías y gobernaciones; de funcionarios, y el tema del manejo del CLAP y la gasolina», explica Javier Biardeau.
A su juicio, la operación «Mano de hierro» tiene la arista de «mover la mata» dentro de la política pública en el seno del propio Estado y en las estructuras de poder y, por otro lado, dentro del propio partido de gobierno que percibe que uno de los factores claves del estancamiento y desgaste con relación al desempeño electoral tiene que ver con el desempeño frente a la corrupción.
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Más que como un «lavado» de imagen de la gestión de Nicolás Maduro, Biardeau estima que existe un recambio generacional muy importante en el PSUV ante el que actúa la dirigencia tradicional. En este sentido, señala que la cúpula del partido está tratando de contener que ese proceso de renovación generacional no traiga consigo un entramado de crimen organizado. «No se trata de casos individuales. Se trata prácticamente de bandas, en el seno de la propia estructura del partido«, acota.
Reacomodo de tendencias
Para el politólogo y director del portal Punto de Corte, Nicmer Evans, este tipo de operaciones son resultado de reacomodos de tendencias y se trata de una acción compulsiva, lo que demuestra que responde a intereses subalternos que no son públicos.
Explicó Evans que las personas detenidas, en el caso de los civiles, no son figuras relevantes, se trata de cuadros medios y que por lo tanto hay un objetivo de «advertir» a figuras emergentes.
«Estoy convencido de que estas acciones de una aparente revisión ética dentro del chavismo tienen como objetivo aleccionar, pero no es contra todo el PSUV; no es un aleccionamiento general para el gobierno o el PSUV, sino hacia una corriente, tendencia o sector«, sostiene Evans.
Destaca que el deterioro de la administración pública y del funcionariado ha llegado a tal nivel que mucha gente trepadora avanza, sea para seguir en la carrera política o de la administración pública, no por el salario, sino por las prebendas que genera el posicionamiento de esos cargos.
«Que una alcaldesa esté traficando y que no estén vinculados militares, policías, eso es mentira. ¿Por qué no cae el entramado sino algunos personajes? Al final, siempre hay intereses subalternos de sustitución de fichas por reacomodos de tendencias y mercados».
Desempeño político electoral afectado
Javier Biardeau insiste en el efecto sobre la imagen del gobierno que tiene la existencia de mafias enquistadas en la estructura del Estado y el rechazo que debe sentir la población ante el cambio de modo de vida de dirigentes políticos que cuentan con escoltas y camionetas y propiedades, sean viviendas o empresas, de lujo.
«El tema de la corrupción tiene que ver con la ética y la moral, pero también con la impunidad del sistema de justicia en el país. Mientras el proceso de formación moral en las estructuras partidistas sean saludos a la bandera el proceso está haciendo metástasis», advierte.
A juicio de Biardeau no se trata de un tema simplemente del partido de gobierno o casos aislados de gobiernos regionales, sino un tema institucional del país que refiere al sistema de justicia, desde la Fiscalía hasta el Poder Judicial.
«Estamos en medio de una crisis acumulada y hay una percepción de una desigualdad social bárbara y esto, a nivel del uso y manejo de los recursos públicos tiene un efecto muy fuerte», argumenta Nicmer Evans.
En tal sentido, resalta el contraste entre unos jubilados y pensionados que están en la calle «mendigando» para que les aumenten las pensiones, mientras hay determinados grupos de personas que han obtenido un ascenso social sin esfuerzo alguno, lo que genera comentarios en la calle que tiene efectos políticos y electorales.
Para Nicmer Evans, con la operación «Mano de hierro» se genera un impacto, primero hacia la base del chavismo —la que no está «enchufada— para que se ratifique a sí misma y se autoconvenzan de que el gobierno está haciendo algo para depurar la administración interna.
Pero, al mismo tiempo —señala— a otros que están involucrados en manejos turbios de los recursos del Estado les infundirá temor y puede llevarlos a contenerse. Aunque si luego deducen que se trataba de una política direccionada hacia un sector particular volverán a sus prácticas.
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