¡Manos arriba!, por Teodoro Petkoff
Esta semana puede ser crucial en la vida del país. Ayer el Presidente, con palabras insólitas y desmesuradas, amenazó públicamente al Tribunal Supremo, presionándolo con todo el peso del Ejecutivo, de una manera nunca antes vista en Venezuela. Fue una paradoja sangrienta: quejándose de «presiones» a las que estarían siendo sometidos los magistrados (cosa que tal vez no puede descartarse, pero de las cuales, por cierto, la única conocida es la que condujo al cambio de voto de la magistrada Yolanda Jaimes y no provino propiamente de la oposición), el Presidente literalmente chantajea, extorsiona al máximo tribunal colocándolo ante la disyuntiva de que o decide como él quiere o se atiene a las consecuencias. Advirtió que ni «el pueblo» ni «los militares» se «calarían» un fallo que él considere adverso. Crudamente, esto constituye una instigación a delinquir, aparte de que prefigura la amenaza de un golpe de Estado: ¿qué otra cosa puede entenderse de una advertencia que implica desconocer una decisión del Tribunal Supremo?
Es imposible exagerar lo delicado de una situación en la cual se evidencia la fragilidad institucional del país. Ese tribunal, integrado mediante un pacto típicamente cuartorrepublicano, entre el MVR, AD, Copei, MAS y Proyecto Venezuela, con clara preponderancia del chavismo, no hace sino reflejar los cambios habidos en la correlación de fuerzas políticas en el país y la propia descomposición del bloque oficialista. El mismo tribunal que por abrumadora mayoría sobreseyó el juicio de Miquilena es el que ahora podría sobreseer la causa a los cuatro altos oficiales. Quienes quisieron colocar la justicia a su servicio, vulnerando la Constitución a la hora de designar los magistrados, para asegurarse una Corte sumisa, ahora no pueden reclamar nada. Previeron todo, pero olvidaron que el mundo da vueltas. El MAS rompió con el gobierno, el miquilenismo se apartó del chavismo y AD, Copei y PV definieron una postura categórica de oposición. El TSJ, pues, es otro. Chávez conocía las reglas del juego y no puede, como Lusinchi, decir que «lo engañaron» ni puede, mucho menos, patear el tablero.
Chávez debe saber perfectamente bien la clase de lío nacional e internacional que se buscaría si materializa sus amenazas. Lo que ganó internacionalmente cuando la OEA condenó el golpe de Estado lo perdería irremisiblemente de producirse cualquier acción contra el TSJ.
Lo que le queda es acatar el fallo el cual, por lo demás, no cancela ningún otro juicio, como algunos han opinado por ahí. El eventual sobreseimiento de estos cuatro oficiales no arropa a nadie más; la Fiscalía puede solicitar antejuicio para otros generales y almirantes si así lo considera pertinente y la Corte Marcial puede adelantar juicios contra oficiales subalternos sin necesidad de antejuicio. Lo que es inadmisible es el arrebatón que ayer anunció Chávez. Eso si que no puede calárselo el país.
