Martínez: Necesitamos una solución definitiva y no una puerta giratoria de represión

Martínez reiteró la exigencia de libertad plena, justicia y reparación para todos los presos políticos en Venezuela, así como un compromiso de no repetición por parte de la administración Maduro
La presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, señaló que continuarán denunciando la represión sistemática y la violación de derechos humanos en el país porque «Venezuela necesita una solución definitiva y de fondo, no una puerta giratoria de represión».
«No basta con liberar a algunos mientras le declaras la guerra al país entero», escribió Martínez este martes 22 de julio en su cuenta en X al referirse al acuerdo logrado entre Estados Unidos y la administración Maduro para la liberación de 80 presos políticos y 10 estadounidenses a cambio de los 252 migrantes que deportó Donald Trump a El Salvador el pasado 15 de marzo.
Martínez, en una entrevista con el canal NTN 24, expresó su alegría por las 59 personas que han sido liberadas hasta el momento en el marco del referido acuerdo. Sin embargo, enfatizó que ninguno debió estar preso.
Reiteró la exigencia de libertad plena, justicia y reparación para todos los presos políticos en Venezuela, así como un compromiso de no repetición por parte de la administración Maduro. «Venezuela decidió vivir en democracia y libertad y nuestro compromiso es hacerlo respetar», señaló.
El canje de los presos políticos por los migrantes se concretó el viernes 18 de julio y este lunes el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inicien una investigación por los «crímenes de lesa humanidad» que, a su juicio, cometió el Gobierno de El Salvador contra los venezolanos.
Saab dijo que el Ministerio Público inició una investigación contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el ministro de justicia de ese país, Héctor Villatoro, y el director general de centros penales, Osiris Luna Meza, a quienes señaló por ser «responsables» de tortura, tratos crueles, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir en perjuicio de 252 migrantes venezolanos.
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