Autor: Marta de la Vega| @martadelavegav
Se ha agudizado la situación precaria de la mayoría de los venezolanos. Lo revela la Encuesta sobre Condiciones de Vida realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, presentada en febrero de 2018. La pobreza por ingresos alcanzó al 87% de la población. Al combinar la pobreza estructural y la coyuntural, se ha determinado que la pobreza reciente llegó a 56% y, debido a la inflación, aumentó en 2017. La pobreza permanente o crónica, muy difícil de superar, ha llegado a afectar al 30% de la población.
Todos los indicadores de inclusión social que definen el cálculo multifactorial de la pobreza, como las características de la vivienda, el acceso a los servicios de salud, educación, protección y seguro social, agua, energía, sistema de cloacas, carencia de electrodomésticos como nevera o lavadora, empleo, muestran una desoladora involución. Más del 68% de la población está sin seguro de atención médica. Cuanto menos se satisfagan las condiciones materiales de vida y cuanto menor sea el ingreso por hogares, más severa es la pobreza que golpea a diario a muchos sectores y que se agrava cuando geográfica o territorialmente se hallan más alejados de los centros urbanos.
El resultado es el empeoramiento de la calidad de vida, no solo por pérdida de la capacidad adquisitiva sino por carencias estructurales crecientes en los hogares, que se agudiza fuera de las grandes ciudades en las zonas rurales o periféricas. Para 89,4% de los hogares el ingreso familiar es insuficiente para comprar productos de la dieta básica. La pobreza extrema pasó de 51,5% en 2014 a 61,2% en 2017. El éxodo poblacional por múltiples carencias, aunado a la arremetida criminal del hampa, ha alcanzado de 2016 a 2017 a casi 3 millones de personas.
Los nutrientes han mermado a tal punto que la dieta básica se reduce a arroz y yuca para el 78,8% de los hogares como primera opción de consumo, sin proteínas que garanticen un desarrollo intelectual adecuado para los niños y asegure condiciones equilibradas de salud para todos. También ha disminuido en 2017 con respecto a 2016 la ingestión de hortalizas, con el incremento de las deficiencias vitamínicas y minerales. La desnutrición crónica tiene efectos devastadores para las generaciones futuras y la inanición se ha convertido en una causa importante de muerte no solo infantil sino en adultos.
A pesar del aumento de los subsidios alimenticios, estos son distribuidos irregularmente y de manera discrecional por el gobierno, que utiliza como mecanismo de coacción ilegal la afiliación al carnet de la patria o la inscripción al partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
No ha habido mejora social y menos aún cambio social inclusivo. Contrasta este escenario de calamidades con el cambio social en Colombia, que ha mostrado un 22% de caída de la pobreza de 2002 a 2015 y un aumento sostenido del 15% de la clase media.
Este grupo, desde 2013, supera en proporción al grupo de pobreza, que a partir de 2010 ha dejado de ser el grupo mayoritario de la población. El sistema de salud y la Ley 100, por mandato constitucional desde 1991, ha significado un gran acuerdo social, más allá de tendencias ideológicas o preferencias políticas, para lograr cobertura del 100% de la población. La CEPAL reconoce hoy que Colombia tiene el mayor ritmo de crecimiento de indicadores sociales de América Latina.
El colapso en Venezuela abarca no solo indicadores económicos y sociales, como la crisis humanitaria provocada por la caída de las importaciones, medicinas y alimentos, monopolio del Estado. O el sobreendeudamiento. También la deserción escolar y universitaria, el deterioro de la educación superior, la mentalidad de inmediatez o cortoplacismo, la anomia moral. Necesitamos un acuerdo nacional más allá de un nuevo gobierno que dé continuidad a reformas conducentes a la superación del modelo que ha destruido economía e instituciones.
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