Más allá del Estado Omnipotente, por Marino J. González R.
Si algún rasgo caracteriza el desarrollo de Venezuela en el último siglo, es la amplia creencia, tanto del liderazgo político como de la población en general, que el Estado es el agente fundamental que genera el bienestar. Esta concepción ha sido fortalecida en la medida que el petróleo ha sido la base productiva de la sociedad venezolana. Son justamente los países en los cuales el petróleo tiene tal importancia, también llamados Petroestados, los que tienen una mayor tendencia a darle mayor preeminencia al Estatismo.
Entre 1998 y 2010, se triplicó el porcentaje de la población que opinaba que el Estado es capaz de solucionar todos los problemas (de 16% a 47%). En el año 2017, a pesar de los evidentes efectos negativos del auge del Estatismo iniciado en 1999, todavía uno de cada cuatro venezolanos sostenía que el Estado puede solucionar todos los problemas de la sociedad.
Ahora bien, esta creencia en el Estado Omnipotente, expresada en políticas implementadas especialmente en los últimos cincuenta años, ha configurado una manera de entender los límites entre el rol de lo público y lo que le corresponde a la sociedad. Así, los gobiernos suspendían garantías económicas, aprobaban regulaciones incompatibles con la flexibilidad requerida, o llegaban al extremo de expropiar empresas o crear cientos de ellas con simples decretos. Podríamos decir que se fue constituyendo un Estado Omnipotente capaz de intervenir en los mínimos detalles de la vida social y económica del país.
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Los anuncios sobre las medidas económicas informados el pasado viernes 17 de agosto, configuran una nueva tendencia del Estado Omnipotente. Se trata ahora de un Estado tan Omnipotente que pretende influir en los intangibles. Se pueden indicar una muestra de esos intangibles.
El primero de ellos es asignar valor a una medida como el Petro, a sabiendas de que su demanda no se encuentra contabilizada. El supuesto es el valor que puede representar el petróleo que se encuentra en el subsuelo, sin considerar que tal referencia no está condicionada por aquellos que quieran adquirir ese bien.
Otro ejemplo es la intención de intervenir en las expectativas de los sectores de la economía. Se aumenta el salario mínimo 35 veces y se ofrece que se pagará por la diferencia por un período de tres meses, y al mismo tiempo se establece que este aumento no puede afectar la fijación de precios. Es decir, se elimina toda posibilidad de que las empresas compensen los aumentos derivados de los salarios que tienen que pagar.
De la misma manera, el aumento de impuestos no debe repercutir en variaciones de los precios. Y que esa medida se tome en una economía en recesión desde hace cinco años tampoco tiene mayor relevancia. Y por si fuera poco, aumentar los gastos públicos en menor proporción que los ingresos, traerá supuestamente una reducción del déficit fiscal a 0% (estimado en 20% en la actualidad).
Las medidas económicas del 17 de agosto están concebidas para el mundo de las ilusiones. No tienen mayor asidero en la realidad, lo cual no es de extrañar. Están diseñadas para otras dimensiones, diferentes a la vida concreta de las personas, las que tienen que sobrevivir en una economía de agresiones y sufrimientos.
Es por ello que contribuirán más bien para que la hiperinflación sea más dura, dividiendo en dos la historia de los venezolanos y dejando más visibles las terribles consecuencias de profesar la omnipotencia del Estado
