Más carga tributaria: la hostilidad hacia las empresas no cesa en 2025
En 2024 la recaudación tributaria cerró en $12.119 millones, lo que representó un alza de 109,96% al ser comparada con 2023, cuando se obtuvieron $5.772 millones, de acuerdo con los datos del Seniat. Nicolás Maduro dijo que fue una «misión cumplida» para su gobierno y que este 2025 aspiran repetir ese 100% de aumento. En el medio están las empresas que siguen reportando la voracidad fiscal como el mayor de sus problemas
Nicolás Maduro dijo esta semana que planea repetir en 2025 lo que el Estado logró recaudar por vía tributaria en 2024. Una «misión cumplida» para su administración, que vio aumentar los ingresos tributarios en más de 100%. Pero lo que para el gobierno es motivo de celebración, para el sector privado es un monstruo al que se le han ido sumando cada vez más cabezas desde 2019.
Expertos consultados consideran «poco creíble» incrementar la recaudación en 100% ya que prevén que las utilidades de las empresas o la actividad económica no van a crecer al mismo ritmo, dado lo complejo que será el 2025. Sostienen además que el monto que se recaude tendrá poca efectividad para cubrir las grandes necesidades del país y en especial la que requieren los servicios públicos.
En las encuestas que elabora la Confederación Venezolana de Industriales (Conidustria) la excesiva carga fiscal no aparecía entre los males del sector privado entre 2015 y 2018, para entonces los problemas se balanceaban entre la incertidumbre política, la falta de proveedores o falta de divisas. Pero en el cuarto trimestre de 2019 aparece por primera vez entre los factores negativos, en ese mismo periodo en 2020 no fue señalado por los consultados.
En el cuarto trimestre de 2019 aparece por primera vez la voracidad fiscal en las encuesta de Conindustria
Posterior a 2020 el problema de la voracidad fiscal no ha hecho más que crecer arropando a cada vez más empresas y manteniéndose a la cabeza como el mayor de sus males. Por ejemplo, en el cuatro trimestre de 2021 la encuesta de Conindustria reflejó que 53% de las empresas lo señalaban como una dificultad; en 2022 el problema ya alcanzaba a 78% de las empresas, mientras que en el cuatro trimestre de 2023 aparecía como el principal problema, señalado así por 76% de estas.
Ya para el tercer trimestre de 2024, último dato disponible, seguía a la cabeza y ya era reportado por 83% de las empresas del sector industrial, pero además había aumentado al venir de 75% con respecto al trimestre anterior. Desde el sector advierten en los últimos años que esta situación trajo como consecuencia el cambio de domicilio de algunas empresas para huir de aquellos municipios donde los tributos son mayores, el cierre de las mismas o la informalidad. Una ley para armonizar la situación, entrada en vigencia en 2023, no parece haber generado cambios importantes en el sector. Por el contrario, el gobierno comenzó el año amenazando con que es “pecado capital” evadir los impuestos y que el que tiene más, que pague más”, así lo dijo Nicolás Maduro el 21 de enero durante la designación de los encargados de los 13 motores económicos.
En dicha reunión Maduro pidió a los representantes de las distintas carteras avanzar en la reforma tributaria para seguir ampliando la base de captación. “El que tiene más, que pague y pague bastante. Hay que ponerle fin a la evasión criminal de los que no pagan impuestos (…) hay que concretar la armonización en las leyes y cobro de los impuestos y que se acabe cualquier viso de cobro fuera de la ley de impuestos, por allá en las alcaldías y gobernaciones que caotizan la vida de los estados y regiones”, dijo.
El 15 de enero durante su mensaje anual, Maduro reportó que la recaudación tributaria cerró en 2024 en 12.119 millones de dólares, lo que representa un aumento de 109,96% al ser comparada con 2023, cuando se obtuvieron 5.772 millones de dólares, de acuerdo con los datos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Aumento de los ingresos tributarios presentados por el gobierno de Maduro en octubre de 2024
“Quiero felicitar a todo el equipo del Seniat, a José David Cabello Rondón, porque hace un año te di una orden de duplicar, de elevar al 100% la recaudación tributaria y hoy podemos decir misión cumplida. Espero que el 20 de enero de 2026 me informen que la recaudación incrementó 100% otra vez”, pidió Maduro el 20 de enero en un consejo de economía productiva.
En junio de 2022 la entonces presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, señaló que al menos desde 2020, las tasas impositivas que deben pagar los empresarios cada mes sobre sus ingresos brutos pasaron del 0,05% hasta llegar a 5% en la mayoría de los municipios, lo que supuso un incremento del 9.900%. Para ese momento las tarifas de aseo urbano también habían aumentado más de 3.000%, según el gremio.
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La vocera alertaba en ese momento que la subida «voraz» de los impuestos había derivado en que algunos comerciantes se mudaran a municipios donde la carga tributaria, aunque alta, era menor o también en que dueños de cadenas de farmacias, ferreterías y repuestos cerraran sucursales. “Están pensando en cerrar en determinados estados o mudarse de municipio porque la carga que tienen en el municipio donde están es insostenible, confiscatoria la llaman. Ellos te dicen, de manera coloquial: ‘Estoy trabajando solo para pagar impuestos, porque no me queda nada’». Desde entonces la situación sigue siendo alertada por los distintos gremios empresariales.
El economista y profesor universitario Daniel Cadenas explica a TalCual que la recaudación tributaria no ocurre de la nada, por lo que establecer una meta para repetir un alza de 100% es “inverosímil” y “poco creíble”. “No se puede establecer una meta para un tema como la recaudación si eso no está atado a una proyección realista que en este caso sería la base imponible, se tiene que tener como órgano de recaudación una proyección confiable, creíble sobre la base imponible de cada uno de los tributos”, dice.
El especialista señala que una proyección realista para el Seniat podría ser cómo está la base imponible para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR), que en este caso son las utilidades de las empresas o la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el crecimiento del consumo, los cuales tienen que ver con la actividad económica y cómo sería ese desempeño en 2025, es lo que básicamente determina la base imponible de recaudación,.
“El Seniat debería tener una proyección sobre las importaciones en 2025 y suponiendo que los aranceles se mantienen constantes, pues establecer una meta de recaudación con respecto a esas rentas aduaneras, a los aranceles de importación y así para todo”, comenta el especialista.
A su juicio, el que las utilidades de las empresas o la actividad económica, así como las transacciones que se hagan en moneda extranjera o las importaciones vayan a crecer todas en un ritmo de 100%, “eso no es posible y no es creíble”, reitera. No obstante, agrega que hay vías para forzar un aumento en la recaudación tributaria -por parte del Seniat- hacia aquellas empresas que no hayan reportado un aumento en su actividad económica.
Una vía que podría emplear el ente regulador es que en caso de tener sospechas de que haya empresas que estén evadiendo el pago de tributos, como por ejemplo, al no declarar la verdadera utilidad que perciben, así como las rentas o beneficios de las transacciones que hacen en monedas extranjeras o de importaciones, etc., es que incremente los esfuerzos de fiscalización y auditoría, sobre todo, en los contribuyentes especiales, que indica el economista representan aproximadamente 20% de los contribuyentes especiales en Venezuela y son los responsables más o menos como del 80% de todos los tributos que recauda el Seniat, sobre todo. cuando tiene que ver con ISLR, IVA e IGTF.
“Cualquier gobierno que planee o piense aumentar la recaudación tributaria en cualquier porcentaje que sea, impacta al sector privado negativamente, porque esos impuestos o tributos adicionales que tengan que pagar las empresas disminuyen su rentabilidad”, apunta el economista.
En noviembre de 2021 el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, hizo hincapié en los altos pagos por concepto de tasas impositivas de alcaldías y gobernaciones, las cuales no se correspondían con la operatividad de las empresas, al igual que el exceso en las tarifas por concepto de electricidad, agua y aseo que están cobrando las empresas prestadoras de esos servicios. Los tributos fiscales están “desproporcionados y no se corresponden con la realidad”.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), principal patronal del país, denunció que la «voracidad fiscal que existe pudiera, de alguna manera, dificultar mucho más el camino de la recuperación». En ese momento señaló que las alcaldías habían emitido ordenanzas «que se han salido inclusive del esquema de ordenación tributaria» y han creado «algunas tasas parafiscales» cobradas por instituciones para permitir operaciones comerciales en algunas regiones.
La Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios que la Asamblea Nacional (AN) publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.755 con fecha del 10 de agosto de 2023 prometía mejorar y regularizar la situación, sin embargo, la asfixiante carga tributaria sigue siendo reportada asó por el sector empresarial, una muestra de ello son los últimos datos de Conindustria que lo siguen teniendo como el mayor problema.
Ultima encuesta de Conindustria correspondiente al tercer trimestre de 2024
Un análisis de la ONG Acceso a la Justicia a dicha ley de 53 artículos advierte que a pesar de que el instrumento señala que persigue «garantizar la coordinación y armonización las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, estableciendo principios, parámetros, limitaciones, tipos impositivos y alícuotas de acuerdo con la Constitución», el texto pareciera destinado a desmantelar la poca autonomía que les queda a los estados y municipios.
“Pese a que el Consejo se presenta como un órgano de consulta, en el que los estados y municipios tienen la mayoría, lo cierto es que sus riendas las lleva el Gobierno. Los artículos 28 y 29 de la Ley establecen que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas «dictar los actos que resulten necesarios para implementar las disposiciones de la ley, así como para evaluar permanentemente el impacto de los tributos estadales y municipales en la economía nacional y coadyuvar en la lucha contra la evasión, elusión y fraude fiscal», recogía la organización.
Acceso a la Justicia indicó en su momento que aunque la ley pareciera que pudiera poner fin a los abusos que llevan a cabo los municipios contra los ciudadanos a la hora de imponer multas o cobrar tributos sobre diferentes actividades económicas, lo cierto es que “representa una herramienta para que el Gobierno nacional pueda aumentar su control sobre los gobiernos regionales. En pocas palabras, el instrumento deteriora aún más la casi inexistente descentralización en el país”.
Sigue la hostilidad hacia las empresas
Otro especialista consultado coincide en que debido a la incertidumbre política dado el contexto actual esta luce como una meta imposible. “En caso de ser así eso va a representar mayor carga tributaria para las empresas. La presión que tienen hoy las empresas ya es muy elevada. Hasta los grupos cercanos a ellos estarán en desacuerdo con que se aumente la carga fiscal o la carga tributaria porque ya están al tope”, dice el economista que prefirió mantener su anonimato.
No obstante, añade que aunque 2025 luzca como un año complicado eso no significa que no vaya a haber presión por la parte de fiscalizaciones o mediante el aumento de las tasas. “La economía no va a crecer lo suficiente o probablemente hasta se contraiga, lo cual va a hacer que esa meta sea prácticamente imposible”, indica.
A juicio de la fuente consultada toda la política tributaria ha sido muy agresiva y desordenada. Además, añade que la Ley de Armonización Tributaria habría aliviado muy poco la situación.
«A las pocas empresas que están activas, se les quiere poner todo el peso o buena parte del peso del gasto público y eso es una carga muy dura para las empresas. La vía sana es que la economía crezca para que la recaudación aumente, pero acá ha sido vía al tono de lo que ha sido el chavismo en el poder muy hostil hacia las empresas», apunta.
¿Qué incentivos tienen las compañías? A juicio de los expertos así las condiciones económicas sean favorables no es un aliciente seguir presionando a través de tributos, por el contrario, agregan que una empresa con crecimiento alto y con unas tasas ya fijas, puede ir aportando más, pero aportan más, porque facturan más y la base aumenta porque es mayor la cantidad de empresas que estarían tributando y pagando impuestos. Por otro lado, esas empresas también estarían creciendo y ese impulso en las ventas también significa un alza en la recaudación. Aumentar las tasas por decisión o en determinados momentos, puede ser hasta contractivo para la economía.
Este incremento en la recaudación se traduce en mayores ingresos para el Estado, no obstante, el especialista comenta que todavía el gasto público sigue siendo muy bajo, porque la economía es pequeña. “Lo que está pasando en el mercado cambiario, es un signo de que el aumento del gasto público está yendo muy por encima de lo que realmente está recaudando. Ese ingreso aún es insuficiente porque la economía es pequeña y las necesidades son grandes. La recaudación de hoy no es lo suficientemente grande como para poder decir que vamos a ver una mejora importante en los servicios públicos, la economía no da para eso”, analiza.
El profesor universitario Daniel Cadenas recuerda que apenas 10% de las empresas en Venezuela acceden a crédito bancario, eso quiere decir, que deben honrar la mayor parte de sus compromisos con el flujo de caja, lo que también ejerce una presión adicional. “El flujo de efectivo de las empresas está disminuyendo, la única alternativa que tienen para poder financiarse es su propia actividad, lo que viene de sus ventas”, dice.
Cadenas explica que esta situación está deteriorando la rentabilidad de las empresas, por otro lado, indica que en esta era post Chávez, los gobernantes chavistas se dieron cuenta de que expropiar a las empresas y quebrarlas para después quedar pagando sueldos y salarios no era un buen negocio, a diferencia de hacerlas, pero “expropiar las utilidades o la rentabilidad” de estas.
Maduro en su misión por repetir ese 100% de recaudación también tiene un as bajo la manga y es la privatización de unas 300 empresas, idea que fue asomada al sector privado el año pasado. En el Consejo de Economía celebrado el pasado 21 de enero mencionó que faltaba por recuperar más de 250 industrias, que están en manos del Estado, las cuales dijo “debían estar productivas al 100%, sin excusas”. Para Cadenas, se busca vender esos activos en menor tiempo posible, lo que les permitiría salir de ese gasto, dejar de pagar esos sueldos y salarios y obtener ingresos adicionales una vez que sean productivas a través de los impuestos.
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