Más de mil trabajadores públicos fueron despedidos por reclamar sus derechos
Dirigentes sindicales denuncian que la persecución contra la clase trabajadora se recrudeció tras la detención de Rubén González, secretario del Sindicato de Ferrominera, y luego de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela
En la mañana del 9 de abril, la gerente de relaciones laborales de la Corporación Venezolana de Guayana le informó a Noel Hernández, miembro del Sunep-CVG, que fue despedido por orden del presidente de la estatal, Pedro Maldonado, pese a que el trabajador tiene 33 años de servicio y fuero sindical, pues también es delegado de prevención en la compañía.
Las autoridades de la empresa abrieron un procedimiento administrativo de calificación de despido contra Hernández el 18 de noviembre pasado, día en el que informaron a los trabajadores mientras protestaban que Maldonado estaba en su oficina. “Los trabajadores, en asamblea permanente desde que el gobierno nos eliminó las convenciones colectivas luego de la reconversión monetaria, fuimos a la sede de la corporación para que el presidente se reuniera con nosotros y escuchara nuestras exigencias. Pero nunca salió, y ahora me acusan por supuestamente cometer actos de injuria contra él”, dijo el sindicalista.
Hernández se suma a la lista de los más de 1.000 trabajadores y sindicalistas de la administración pública despedidos exactamente desde noviembre, cuando el gobierno detuvo, juzgó en tribunales militares y apresó en la cárcel de La Pica a Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera, quien regresaba de una protesta laboral realizada en Caracas en la que los trabajadores del Estado exigieron salarios justos y el respeto a las convenciones colectivas.
“Estamos viendo una escalada en la persecución. Desde noviembre hasta la fecha el gobierno ha despedido a más de 1.000 trabajadores públicos que vienen ejerciendo su derecho a la protesta. Todo aquel que levanta la voz es perseguido y amedrentado”, aseguró Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud
Precisamente por exigirle a la directiva que cumpla con los pagos acordados con los empleados, el 7 de enero dirigentes denunciaron que Carlos Alberto Dávila, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Venezolana de Televisión, fue despedido del canal del Estado. Pero la situación se recrudeció después del 23 de enero.
Contra la usurpación
Al “presidente obrero” se le ha movido el piso desde que el diputado Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, fue juramentado como presidente encargado de Venezuela. El 14 de febrero, el grueso de la clase trabajadora del sector público reconoció, desde la Universidad Central de Venezuela, al parlamentario como mandatario interino y se declararon “contra la usurpación” para poder instaurar un gobierno de transición que convoque elecciones libres y transparentes. La ruta propuesta por Guaidó.
Un día después de que el presidente del Poder Legislativo y dirigentes sindicales se reunieran el 5 de marzo en el Colegio de Ingenieros de Caracas, Nicolás Maduro estuvo en el Complejo Industrial de Guayana, donde prometió que reactivaría la producción de Bauxilum y discutiría los contratos colectivos de los trabajadores de las empresas básicas.
“Yo sé lo que significa discutir un contrato colectivo y luchar por la seguridad industrial. Esa es mi vida, yo no estoy guiado por asesores de marketing. Me siento feliz de pertenecer a la clase obrera”, dijo.
Para José Basanta, dirigente y trabajador de Bauxilum, Maduro está desesperado. “El gobierno obligó a los poquitos trabajadores que estaban en las empresas básicas para que asistieran a la actividad que se transmitió en la tarde del miércoles por VTV, y aun así ni siquiera lograron llenar de gente el lugar. Esto fue un acto de desespero de Maduro, quien además ordenó discutir los contratos colectivos cuando fue él quien los violó y eliminó”, expresó.
“El gobierno siempre monta algo paralelo a todo evento que hace el presidente Guaidó, pero aun así desde que arrancó el año cada día es menor la presencia de trabajadores públicos en las actividades de Maduro. La gente se ha rebelado”, aseguró Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete). Indicó que 95% de los trabajadores públicos rechaza la gestión del gobernante chavista.
Dos días después de la juramentación del parlamentario, el 30 de enero, el gobierno despidió a los 15 empleados de una oficina comercial de la Corporación Eléctrica Nacional ubicada en El Tigre, en el estado Anzoátegui; y el 1° de febrero, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, despidió al Supervisor de Servicios Especiales, Javier Marco Martínez, por asistir a la marcha convocada por la oposición el 23 de enero.
Dirigentes sindicales denunciaron que el gobierno también ha despedido a Ramón Gómez, secretario general del Sunep-CVG; a Jairo Colmenares y Deillily Rodríguez, del sindicato del Metro de Caracas; a Giovanni Zambrano, de Corpoelec, detenido además por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el 13 de marzo; a Damaris Cervantes, también de la empresa estatal; a los directivos del sindicato de la Cancillería José Patines, Jesús Serrano y Besse Mouso; a Neomar Balza, médico del hospital Dr. Miguel Pérez Carreño; y a otros trabajadores de la salud, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de las empresas estatales.
Basanta denunció la persecución que tiene “el régimen” en contra de los trabajadores y dirigentes sindicales por alzar su voz en defensa de los beneficios laborales y de una mejor industria. “A inicios de abril le tocó a nuestro compañero e integrante del movimiento 23 Rolando Muñoz, quien fue víctima de una calificación de despido injusta. El régimen, desesperado, está tratando de callar a los trabajadores de Guayana por decir la verdad y defender lo que por derecho les corresponde”, expresó Basanta.
Gustavo Noriega, también dirigente y trabajador de la empresa, señaló que a Muñoz “lo persiguen por decir la verdad, por no callarse y por no rendirse cuando pretenden dar un nuevo golpe a la dirigencia y libertad sindical, a los derechos humanos y a la democracia”
Ni siquiera la ley de inamovilidad laboral –que en 2015 Maduro aprobó hasta 2018 y en diciembre ordenó extender hasta 2020– ampara a los trabajadores del Estado. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, ha señalado que la inamovilidad, que califica como “totalmente perjudicial y contraproducente para el desarrollo económico del país”, el gobierno solo la impone en el sector privado, pues se han visto casos de trabajadores de la administración pública “que son botados indiscriminadamente cuando protestan o manifiestan una opinión contraria a la gestión de Maduro”.
Protestas criminalizadas
El 25 de junio del año pasado, el sector salud decidió salir a las calles a exigir mejoras salariales e insumos médicos. La protesta agarró fuerza luego de que los sectores petrolero, eléctrico, siderúrgico, agroindustrial, educativo y transporte, entre otros, se unieron a los médicos y enfermeras el 16 de agosto en una manifestación que denominaron Protesta Nacional, Laboral, Popular y Ciudadana para dejar claro que no quieren más “salarios de hambre”.
No se esperaban que el 17 de agosto, tres días antes de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, Maduro anunciaría un incremento salarial de 5.900% que les eliminaría las contrataciones colectivas con la implementación del instructivo de aplicación para la administración pública, en el que se publicaron los tabuladores del personal obrero y del administrativo.
“Desde que nos arrebataron las contrataciones colectivas, los trabajadores nos pronunciamos más fuerte en contra del gobierno porque al final no frenó la hiperinflación y nuestro poder adquisitivo siguió deteriorándose”, recordó Zambrano
Carbone afirmó que las denuncias de los trabajadores no son partidistas sino humanas. “Nos destruyeron nuestro plan de futuro, destruyeron la calidad de vida de esa gente con experiencia que ahora está formando filas en países de la región como Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia e inclusive en Europa”, señaló.
Añadió que la comunidad internacional está más informada de las violaciones a los derechos humanos desde que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentó un informe oral sobre la situación en Venezuela en el que mostró preocupación por la criminalización de la protesta y la represión por parte de “colectivos armados progubernamentales”.
El dirigente sindical considera que el 19 de marzo “es un día histórico”, pues fue cuando lograron llegar a la Asamblea Nacional para entregar el anteproyecto de la Ley de Garantías constitucionales a los trabajadores a pesar de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana impidieron la realización de la marcha desde la Plaza Morelos hasta el Parlamento. Luego, denunció, fueron agredidos por “colectivos”.
“Ese mismo día nosotros teníamos pautada una reunión con el equipo de la ONU (comisión técnica de las Naciones Unidas, enviada por Bachelet). Cuando me enfrenté a los cuerpos parapoliciales en la plaza, les dije que nos hicieron el trabajo fácil y en la tarde se lo notificamos a la comisión. El 19 desenmascaramos al gobierno de Maduro”, añadió.
Al día siguiente, el 20 de marzo, la diplomática chilena dijo que en las últimas protestas antigubernamentales durante 2019 su oficina “documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, incluido el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones”.
