Más del 70% de las mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2022, dice ONG
La coordinadora de la organización Resonalia, María Luisa Campos, alertó sobre cómo la violencia de género afecta de manera diferenciada la migración a las mujeres en contextos de movilidad y emergencia humanitaria compleja. «Pusimos el foco en cómo se está moviendo un país con esta emergencia, básicamente todo gira en torno a sostener la vida. Las mujeres experimentan violencias justo cuando hacen estas labores, lo que precariza más su situación»
María Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resonalia, recordó este viernes 29 los resultados del informe «Solas en la calle», un diagnóstico de violencias experimentadas por las mujeres en el espacio público, en el que se destaca que «más del 70% de las mujeres reconocieron que han sido víctimas de violencia de género durante el último año».
Durante un conversatorio convocado por el Observatorio Social Humanitario (OSH), Campos aseguró que las mujeres se han visto en la obligación de crear estrategias para hacer frente al miedo. «Por ejemplo, salen después de las 6:00 a.m. Perciben el transporte público como peligroso y se ven obligadas a hacer rutas más largas para llegar a sus destinos».
La ONG encuestó a 297 mujeres de los municipios Libertador (Distrito Capital), Machiques y Maracaibo (Zulia), incluyendo mujeres indígenas, trans y afro venezolanas.
La mujeres encuestadas admitieron haber sufrido experiencias violentas desde temprana edad: 66% de las mujeres de Machiques afirma haber sido víctimas desde la niñez, mientras que la población del Libertador y Maracaibo admite haber sido objeto de violencia de género durante su adolescencia (52,6% y 59,8%, respectivamente).
La mayoría de las mujeres que expresaron haber sido víctimas fueron las mujeres entre 19 y 59 años. En promedio, 33,26% tiene el bachillerato cumplido, pero cerca del 35% tiene un trabajo informal.
Campos explicó que los roles de género impuestos por la sociedad exponen a las mujeres a situaciones de violencia mientras están en labores de cuidado de asistir a una persona, comprar alimentos, trasladar bombonas de gas, y también cuando tratan de acceder a la educación.
La coordinadora de Resonalia también alertó sobre cómo la violencia de género afecta de manera diferenciada la migración a las mujeres en contextos de movilidad y emergencia humanitaria compleja. «Pusimos el foco en cómo se está moviendo un país con esta emergencia, básicamente todo gira en torno a sostener la vida. Las mujeres experimentan violencias justo cuando hacen estas labores, lo que precariza más su situación», explicó.
Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), destacó que la vulneración de derechos humanos afecta de manera significativa a las mujeres «porque pasa por nuestros cuerpos, si no estamos en capacidad de tomar una decisión, muy difícilmente yo puedo tener un proyecto de vida ajustado a mis necesidades».
Explicó que si no se atienden las necesidades y todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, difícilmente se podrá superar la crisis. «Difícilmente habrá desarrollo para el país y democracia, porque son elementos contrarios. En vez de ir hacia el desarrollo, parece que estamos yendo a un proceso de involución y las formas de violencia están coadyuvando a aumentar la brecha».
León también hizo referencia al sistema de justicia venezolano: «los índices de feminicidio siguen aumentando, es la punta del iceberg de la violencia física, detrás de ello hay muchas formas de violencia que se están presentando. Tiene que haber sanción a esos delitos. Si no hay una adecuada sanción, se facilitan y se perpetúa la comisión de los mismos».
La coordinadora de Avesa advirtió que la desconfianza en el sistema alimenta de la impunidad. «Hay una importante resistencia de la población a poner la denuncia porque no hay confianza en la institucionalidad, no se le ve sentido porque no habrá justicia real, y que la persona piensa que se colocará en mayor riesgo. No hay garantías y por ello no habrá manejo adecuado de los casos».
Por su parte Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), señaló que el gobierno venezolano instrumenta la lucha por los derechos de las mujeres.
«Lo usan como una bandera política sin ningún tipo de contenido y eso se vio claramente en el diálogo interactivo con el estado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en el que estuvimos presentes», aseveró.
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Recordó que el Estado habla de avances, de leyes, una situación que no corresponde con la realidad que se vive en el país. «Nosotros vemos positivo que en el documento de recomendaciones (de la Cedaw) se reconoció la emergencia humanitaria compleja en Venezuela para 2015. La comunidad internacional puso la fecha del inicio de crisis en 2016, esto es importante porque cuando hablamos de las personas migrantes es importante saber desde qué momento las empezamos a contar como emigrantes de la crisis, porque cuando hacemos incidencia por aumentar la ayuda humanitaria el tiempo hace diferencia significativa».
Las expertas reconocieron que existe un avance en materia de reconocimiento de derechos, pero no hay garantías, ni políticas públicas o presupuestos para atender la situación que contempla tres áreas de acción prioritaria: la violencia basada en género; trata y tráfico de personas, donde Venezuela ocupa el primer lugar de la región; y la salud sexual y reproductiva.
Con información de nota de prensa
