Mesa Social de Caracas: A 3 años del CLAP, solo incentiva el terror en las comunidades
El dirigente ejecutivo de Mesa Social de Caracas, indicó que el robo de productos de las cajas CLAP es la primera causa de denuncia de las personas y también la primera causa de persecusión de vecino si se atreven a realizar la acusación en algún organismo de seguridad del estado. Obligan a vecinos a firmar una carta donde niegan cualquier tipo de denuncia para seguir recibiendola
“Uno de los objetivos fundamentales de los Comité Locales de abastecimiento y Producción (CLAP), ha sido incentivar el terror en las comunidades”, así lo indicó el coordinador general dela Mesa Social de Caracas, Benito Urrea, quien aseguró que las comunidades no se atreven a denunciar las graves violaciones de los derechos de la población que se cometen con este programa.
“En cincuenta comunidades de Caracas recogimos más de mil testimonios que evidencian el robo cínico de los productos del CLAP”, expresó el jefe de la organización, al tiempo que recordó que en el principio, las cajas venían selladas y con una lista detallada de su contenido.
“Hoy, en el camino, se roban descaradamente entre 10 y 15 productos de los que contenía originalmente”, Urrea agregó que el robo de alimentos de la caja CLAP se ha convertido en la primera causa de denuncia y también en la primera causa de persecución de vecinos que se atrevan a denunciar. “Siendo obligados a escribir una carta en la que deben negar cualquier denuncia que hayan dicho con anterioridad, para seguir recibiéndola”.
El coordinador general de Mesa Social de Caracas, rechazó contundentemente que este tipo de prácticas se estén realizando en el país.
Por otro lado, Benito Urrea, cuestionó el alza en los precios de la llamada “bolsa de comida” ya que representan un aumento de más del 300% que no ha sido explicado por “alguien oficial”.
“Cuando se llevó a cabo el proceso de reconversión en 2018, la caja del CLAP que debió costar 0,25 bolívares pasó directamente a costar 100 bolívares, luego a 500 bolívares y recientemente se anunció un nuevo precio de 2.500 bolívares, ¿Quién le pone los precios a estos productos?”, indicó.
Asimismo, el investigador denunció que en varios sitios de Caracas, existe una venta ilegal de cajas de CLAP cuyo costo ronda entre los 35 y 45 mil bolívares “por personas conocidas en las parroquias como elementos de los colectivos armados del gobierno y con la anuencia de las autoridades policiales (…) un negocio más rentable para algunos que la droga, el atraco o el secuestro”.
En relación a la frecuencia con la que son entregadas las cajas de comida, Urrea señaló que fue “el mismísimo” Nicolás Maduro, quien aseguró que dicho programa debía llegar a las comunidades cada 15 días, sin embargo, caraqueños aseguran que hasta pueden esperar 45 días para hacerse de dichas “solución alimentaria”.
“Lo peor es que a nivel nacional, hay estados que tienen más de un año sin recibir estas cajas de alimentos, tal como ocurre en Anzoátegui y en las regiones de Cúa y Ocumare del estado Miranda”, al tiempo que hizo referencia a la cantidad de cajas señaladas por el mandatario venezolano, quien dijo en una alocución que “deben ser entregadas 6 millones de cajas CLAP quincenales”.
“Tal cantidad no alcanza para abarcar el número de familias en crisis que hay en Venezuela que no tienen la capacidad de cubrir el costo de la canasta alimentaria”, manifestó estar convencido de que el CLAP está muy lejos de ser un programa alimenticio y más cerca de ser “populismo electoral” para garantizar la permanencia en el poder del régimen madurista.
Por último, anunció que dirigirán un documento a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre las irregularidades que están ocurriendo en este sentido, “al haber sido hija del General Alberto Bachelet, quien dirigió la Secretaría de nacional de distribución en el gobierno de Allende, instancia que tuvo a su cargo la distribución de las cajas de la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, mejor conocidas como JAP”, concluyó.
