Mexicanización, por Javier Ignacio Mayorca
En la medida en que se deteriora la institucionalidad del país, grupos armados de distinta índole parecieran asumir el control de parcelas del territorio, y cuestionan la capacidad del régimen para imponer su ley
Twitter: @javiermayorca
¿Se está “mexicanizando” el país?
Por mexicanización se entiende la pérdida de poder del gobierno central hasta un punto en el que, sin hacerlo desaparecer, los distintos actores no estatales (guerrillas, colectivos, bandas armadas, grupos de “vigilantes”, etc.) llegan a ejercer control sobre parcelas de territorios dentro de ese Estado, a veces en connivencia con elementos del régimen formal, como pueden ser zonas o regiones militares, alcaldías o cuerpos policiales. En otras oportunidades, estos nuevos actores demuestran su fuerza precisamente mediante enfrentamientos violentos contra los representantes de las instituciones.
Esta situación ha sido pintada por autores como Ioan Grillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. El último gran grupo armado es el Cartel Jalisco Nueva Generación, que parece haber recibido la posta de los Zetas.
Otros investigadores hablan de “somalización”, en referencia a la situación del país del norte de África. La diferencia es que México posee un gobierno constituido, que ejerce –o pretende ejercer– sus funciones en ciertos lugares de su territorio, y en otros no puede. Somalia, en cambio, llegó a ser un Estado absolutamente fallido hace treinta años, donde el poder real era ejercido por los jefes de ciertos clanes, fuertemente armados. Lo que propició la intervención de una fuerza multinacional de cascos azules, con EEUU a la cabeza. Fue este escenario el que inspiró el extenso reportaje de Marc Bowden, Black Hawk Down.
En Venezuela, el ataque con fusiles a la sede de la policía del municipio Libertador, atribuido a la banda de la Cota 905 liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, que finalizó con la muerte de un agente y otros dos uniformados heridos, el 25 de agosto, no puede ser visto como un hecho aislado. Es, precisamente, una fuerte señal de lo que está ocurriendo en el país.
En este mismo proceso se inscribe el incidente reportado en la Troncal 12, el martes 15 de septiembre. Frente al caserío Mazapa, un grupo armado que había bloqueado la carretera disparó a mansalva contra una patrulla debidamente identificada de la policía del municipio Pedro Gual (Cúpira). Al finalizar el tiroteo, según la minuta correspondiente, una mujer (Liliana Ortega Rangel) había muerto, y dos hombres que iban en el vehículo fueron heridos (el oficial Ronal Navas y un detenido, Luis Martínez).
El San Vicente de Aragua la organización de alias Flipper impone toques de queda a una población aterrorizada. Lo s militares y la FAES van de vez en cuando al lugar, y se retiran con algunos muertos a cuestas, como para dar la impresión de que no todo está perdido para el Gobierno.
En José Félix Ribas del municipio Sucre el grupo de Wilexis Acevedo impone su yugo, mientras que en Guárico alias Malony recuperó los espacios perdidos tras la muerte de José Tovar Colina (Picure), líder fundador del Tren del Llano, según lo afirmado por el consultor Mario Mármol.
Si se tiende la mirada al sur, encontraremos una situación similar, aunque con ciertos matices.
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Aquí conviene una explicación: cuando el régimen intenta recuperar los espacios que ha cedido o que le han arrebatado, por regla general hace ostentación o utiliza su fuerza armada. La amenaza suele ser suficiente. El regente de facto de las zonas de José Félix Ribas reculó cuando Maduro alzó su voz por televisión, luego de cinco noches de fiesta de plomo en el este de la capital. Así reaccionan generalmente los líderes de los grupos criminales: agachan la cabeza y esperan a que pase el vendaval.
Pero en El Callao (Bolívar), la banda dominante en los enclaves mineros divulgó un comunicado con tintes insurreccionales, el 12 de septiembre: “Nos encontramos en una guerra que no tiene sentido, por el simple hecho de defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo.
Estamos capacitados para seguir la guerra. No tenemos un año ni dos en esto. Esta lucha tiene más de siete años. Ustedes ni se imaginan la capacidad que tenemos para continuar una guerra en cualquier parte de Venezuela. Tenemos aliados en todos los estados del territorio nacional”.
Frente a esta ausencia de control sobre la totalidad del territorio, el régimen se encuentra atrapado en una dinámica “pendular”, según lo describió alguna vez el criminólogo Andrés Antillano. De un lado, está la pérdida de gobernabilidad. Del otro, está la retoma violenta, aunque paradójicamente sin ánimos de permanencia. Nada de generar institucionalidad. Esto es lo que diferencia fundamentalmente el caso venezolano del brasileño o el colombiano. En el fondo, es la ausencia de compromiso.
Es por esto que el régimen pareciera condenado a repetir las atrocidades descritas detalladamente en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y más recientemente por la Misión de Determinación de Hechos de ese mismo cuerpo. De Maduro para abajo lo saben, y por eso no se desharán de la FAES.
La pregunta es, si sería posible aplicar alguna fórmula distinta el día de mañana, si ocurriese un cambio político en el país, con instituciones destruidas y una gobernabilidad frágil o inexistente.
Breves
ZAMORA RELOADED
El régimen avanza en una nueva ejecución de la Operación Zamora, tristemente recordada por la estela de muertes que dejó su anterior puesta en práctica, durante las protestas de 2017. Tres años después, este dispositivo militar-cívico es llevado a cabo por unidades de la Fuerza Armada de manera más discreta. Empezó con el decreto de alarma nacional, que en marzo se sumó a la emergencia económica para suspender nuevas garantías constitucionales. En julio, una orden impartida en unidades castrenses reveló que también se está ejecutando uno de los catorce subplanes de Zamora. Se llama Gas-Ven, y su objetivo es regular la actuación militar en todo lo relativo a la distribución y comercialización de hidrocarburos en el país. En este plan, así como en los demás, la Guardia Nacional tiene un rol protagónico, puesto que se trata de actividades orientadas a la preservación del orden interno. Sin embargo, hay otra lectura, según la cual los demás componentes, con el Ejército y la Milicia adelante, deben ir asumiendo también las funciones tradicionales de la GN, no vaya a ser que la situación se les escape de las manos. Las rondas con blindados que hemos visto en Bolívar se inscriben dentro del desarrollo de este plan.
LOS COLECTIVOS, SEGÚN CHRISTOPHER
Dos veces fue entrevistado el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de brigada del Ejército Manuel Chistopher Figuera, por los miembros de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, para que aportara información con miras a la elaboración del documento presentado el miércoles 16 de septiembre. Las conversaciones fueron en mayo y en junio de 2020. Los detalles más importantes de estas sesiones fueron reflejados en la versión extensa del reporte, y tienen que ver con la participación de los colectivos armados en la defensa del régimen. Los colectivos, según la ONU, se inscriben dentro de la categoría de “grupos armados no estatales”, aunque el reporte indica que en Venezuela cuentan con el respaldo activo del Ejecutivo. Según el general, los colectivos tienen entre sus misiones la recopilación de datos de inteligencia en los ámbitos político y criminal, que luego son enviados al Sebin. Indicó además que los ministros del gabinete de Maduro fueron instruidos para “darles pautas” a representantes de estos grupos armados, y que en un momento dado él decidió alejarse de tales encuentros. Otro dato consignado en el informe de la ONU –aportado por otro oficial de la FAN– indica que los miembros de los colectivos cobran por la nómina de la Milicia Bolivariana.
