Bachelet: Persiste un patrón de detenciones forzosas y torturas en Venezuela
El informe de Michelle Bachelet condenó las sentencias del TSJ en materia electoral porque considera que disminuye la posibilidad de construir un proceso electoral que sea creíble y democrático
La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, Michelle Bachelet, denunció este jueves 2 de julio que persiste un «patrón» de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas en Venezuela, a pesar del argumento del régimen de Nicolás Maduro de haber «sofocado» varios intentos subversivos en el país para intentar deponerlo y establecer una nueva administración.
«Me preocupan las presuntas alegaciones de torturas y detenciones arbitrarias a raíz de una presunta incursión militar. Estoy consciente que el Estado debe esclarecer estos hechos, pero debe respetar los derechos humanos y evitar las acciones documentadas», destacó.
Reconoció que en Venezuela hay tortura contra los privados de libertad por razones políticas, se detiene sin respetarse el debido proceso y sus delegados no han podido entrar aún a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para constatar el estado de salud de estas personas y de las instalaciones.
A pesar de esto, valoró de forma positiva el nivel de cooperación entre los funcionarios de la ONU y las autoridades venezolanas tras la firma del memorando de entendimiento, así como también la posibilidad de haber entrado a centros penitenciarios y a estados como Zulia, actualmente afectado por el covid-19. También destacó el esfuerzo por disminuir la violencia en las cárceles del país.
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Durante la presentación de un informe sobre Venezuela, Bachelet manifestó su preocupación por las continuas detenciones contra líderes políticos, periodistas, trabajadores de la salud, sindicalistas y otros representantes de la sociedad civil, así como la obstaculización del trabajo de la Asamblea Nacional y lo que considera como «las graves violaciones a los derechos económicos y sociales» que se registran en la nación, alegando que a pesar de haber una dolarización de facto en el país, para mayo de 2020 se estimó que el salario mínimo era de 2,33 dólares al mes.
Recordó que en Venezuela cuatro profesionales de los medios de comunicación fueron detenidos de forma arbitraria, mientras que otros siete fueron objeto de medidas cautelares mientras esperan la decisión de un juez sobre su caso.
El periodo del informe presentado por Michelle Bachelet, que es desde el 15 de junio al 3 de julio de 2020, destaca que la tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición se ha agudizado y a pesar de los esfuerzos, no se han podido hallar caminos para el entendimiento y alcanzar una solución negociada. Sin embargo, puso como ejemplos de consenso lo ocurrido con la Organización Panamericana de la Salud, en los que se acordó transferir recursos para que ese organismo pudiera ingresar ayuda humanitaria al país «pero seguimos viendo ataques contra la Asamblea Nacional».
Condenó las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral porque a su juicio, «disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición».
Destacó que el aumento de las sanciones por parte de otros países, profundizó la crisis económica y social que existe en Venezuela debido a que «al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos».
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En ese sentido, dijo que a pesar de que por parte de la OFAC hay excepciones para la compra de medicinas y alimentos, el régimen de Maduro alega que existen controles más estrictos y retrasos para poder adquirir estos productos.
«Aunque la reducción de la capacidad de producción de petróleo de PDVSA puede atribuirse a varios factores, entre ellos la mala gestión y la corrupción, las sanciones contra el sector petrolero han contribuido a la fuerte disminución de la producción petrolífera y a la consiguiente merma de ingresos que, de otro modo, podrían haberse destinado a programas sociales y servicios públicos.8 Estas sanciones sectoriales han afectado a la economía de Venezuela en su punto más débil, ya que el 88,5%, aproximadamente, de sus exportaciones totales son productos petrolíferos», enfatiza en su informe.
Bachelet alertó que en nuestra nación las condiciones de los venezolanos siguen deteriorándose, ya que la calidad y el acceso a los servicios básicos han ido mermando y por ende, disminuido la calidad de vida. Junto a esto, las deplorables condiciones del sistema de salud público, la falta de combustible -que producto de las sanciones contra las empresas estatales venezolanas han agravado el suministro del mismo- impactó en la distribución de alimentos y el difícil acceso a centros de salud.
Manifestó que los comisionados de su despacho han evidenciado un aumento en las protestas ciudadanas por la falta de agua, los altos precios en los productos y la escasez de gasolina, al igual que ha recibido denuncias por parte de la comunidad indígena, que afirma no tener acceso a atención médica y un recrudecimiento en la poca disponibilidad de alimentos, esto tras las medidas de cuarentena implementadas desde mediados de marzo por el Ejecutivo, el cual no contó con el aval de la Asamblea Nacional.
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«El ACNUDH observó la aplicación discrecional del «estado de alarma» por parte de los militares, las fuerzas del orden y las autoridades locales. También observó la participación de los colectivos armados en la aplicación de las medidas de confinamiento en los barrios
pobres, y constató restricciones indebidas del acceso a la información y la libertad de expresión», expresó.
Michelle Bachelet anunció que el 15 de julio presentará un informe más extenso sobre los derechos económicos y sociales, la situación del Arco Minero y las libertades en Venezuela.
Valero se queja ante Bachelet
Tras la lectura del informe, el representante de la administración de Nicolás Maduro en Ginebra, Jorge Valero, aseguró que el informe «incorpora información de fuentes de escasa credibilidad sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas», ignorando los diversos puntos tocados dentro del informe de la Alta Comisionada que hacen referencia a información oficial.
«Excluye los importantes progresos alcanzados en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno venezolano y los diversos partidos de la oposición», añadió, haciendo referencia a la «mesita».
Valero también declaró que «si se condenaran la politización y los dobles raseros de este Consejo hoy no se estaría hablando de Venezuela sino de las graves violaciones que se están cometiendo en países donde la discriminación racial y la violencia contra minorías y grupos vulnerables campean a sus anchas, como ocurre en Estados Unidos».
Aprovechó para condenar la reciente decisión de la Unión Europea (UE) de sancionar a 11 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, entre ellos el diputado Luis Parra, quien para el chavismo y el TSJ es el presidente de la Asamblea Nacional, queriendo arrebatarle a Juan Guaidó la titularidad del cargo.
«La pretensión de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas demuestra la soberbia y la nostalgia colonialista, intervencionista y supremacista que aún pervive en la agenda corporativa de las élites dominantes del Viejo Continente», aseveró de acuerdo a EFE.
«Sorprende la flagrante subordinación de la UE a la Administración de (el presidente estadounidense) Donald Trump», concluyó.
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