Miedo y mordaza, por Carlos Tablante
En el reino de la mentira y la impunidad, cuando han sido destruidas las instituciones democráticas y el Estado de Derecho fue sustituido por una trama criminal, la primera baja es la verdad. Como no hay credibilidad en la palabra del régimen, los últimos acontecimientos ocurridos el sábado pasado en la avenida Bolívar de Caracas pudieran ser un montaje, a menos que una investigación seria e independiente demostrara lo contrario. En todo caso, sin ninguna duda, condenamos la violencia, venga de donde venga, y creemos en la fuerza de la ciudadanía, en la protesta social y en la rebelión electoral para construir una salida pacífica y democrática lo menos traumática posible, que es lo deseable para todos.
La realidad política del país es tan compleja que no podemos permitirnos sustituir la fuerza de la razón por el espejismo de los meros deseos. Acentuar la polarización y el antagonismo, nos empuja por el camino de la destrucción que tratan de imponer Maduro y su camarilla con el apoyo del G2 cubano.
El esfuerzo unitario que se viene realizando por parte de La Causa R, VP, PJ, AD, ABP, Un Nuevo Tiempo y Vente, entre otros, para impulsar acciones de gran envergadura con los movimientos sociales a fin de enfrentar la crisis humanitaria que padecemos, es la mejor forma de recomponer la conducción política unitaria a través de un gran frente amplio donde todos los que estén por el cambio urgente que reclama el país, tengan cabida.
Paso ahora a referirme a lo que tenía pautado para la nota de hoy.
CuentasClarasDigital.org (CCD), nuestro portal especializado contra la delincuencia organizada, fue bloqueado esta semana junto a otros medios, como TalCual, La Patilla, El Pitazo y ArmandoInfo, que denuncian la corrupción desbordada del régimen de Maduro. Igual suerte corrió el canal de TV alemán DW en las cableras venezolanas. Conatel censuró el programa “Venezuela, la huida de un Estado fallido” que retrata las calamidades que pasan los que deciden emigrar por la crisis humanitaria.
*Lea también: Esculturas que charlan, por Fernando Rodríguez
Los usuarios de CuentasClarasDigital no pueden acceder a las informaciones desde el viernes 3 de agosto. No es la primera vez. En el pasado ya hemos sufrido ataques similares, amenazas y terrorismo judicial por denunciar a los corruptos.
Nuestro portal es la continuación en Internet de la revista Cuentas Claras, especializada en prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y corrupción, que se distribuyó en papel desde 1997 hasta el 2009 cuando, como muchas otras, decidió incursionar en la red para llegar a un público más amplio.
Al parecer, nuestra nota sobre el caso denominado Operación Fuga de Dinero, denunciado por el Departamento de Justicia de EEUU ante un tribunal de Miami la semana pasada, no fue del gusto del régimen.
La Fiscalía de EEUU develó un caso de corrupción en Pdvsa de más de 1.200 millones de dólares. Hay 19 involucrados, de los cuales ya han detenido a 2 en Miami. El grupo restante estaría conformado por varios boliburgueses y altos miembros del régimen y sus familiares, según el texto oficial de la acusación. Los nombres de directivos de Derwick Associates– los bolichicos – Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y de los hijastros de Maduro, se encuentran en la lista de acusados y/o investigados.
Las medidas contra la libertad de prensa del régimen a través de Conatel resultan ridículas en esta era de la información, en un mundo globalizado. De una manera u otra, los datos sobre el gran saqueo que sufre Venezuela llegan al pueblo que además padece los efectos de la corrupción con la falta de alimentos, medicinas, agua, luz y seguridad. Maduro no puede seguir culpando al imperio, a la meteorología, a las iguanas, etc., por lo que está a la vista de todos:
Una élite de civiles y militares de la que él forma parte, disfrazados de revolucionarios, le robaron más de 300 mil millones de dólares al país, tal como denunciamos en nuestros libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo.
Desde CuentasClarasDigital seguiremos firmes en la defensa de la libertad de expresión y de información.