Migración venezolana por México: sin escapatoria a la extorsión y la violencia
Unicef México aseguró haber identificado casos de separación familiar y de uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad contra familias con niños pequeños durante las movilizaciones de migrantes de países de América Central y Venezuela. Pidió al gobierno de Manuel López Obrado velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de familias refugiadas
Durante los últimos dos meses, las caravanas de migrantes centroamericanos —que se vieron por primera vez en el año 2018— han vuelto a surgir en Chiapas, un estado mexicano fronterizo con Guatemala, pero ahora con un elemento diferenciador: venezolanos en sus filas.
La migración venezolana — al igual que la guatemalteca, la haitiana y la salvadoreña— ha convertido a México en su país de tránsito, pues su destino sigue siendo Estados Unidos, que entre enero y mayo de 2021 registró un flujo migratorio histórico de connacionales, tras el ingreso ilegal de 17.306 de ellos, solo en ese período.
En todo el año fiscal 2020, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CPB por sus siglas en inglés), encontraron a 4.520 venezolanos en las fronteras estadounidenses, un número que se multiplicó más de ocho veces en lo que va de año fiscal 2021 (octubre-septiembre), llegando a los 39.555 de connacionales.
Esas cifras de venezolanos forman parte de una estadística general de inmigrantes, llevada por la CPB, que en julio registró la detención de un total de 233.884 extranjeros de varias nacionalidades —el mayor número reportado en los últimos 14 años— que intentaba ingresar irregularmente a la nación norteamericana por la frontera mexicana. Ello, entre otras cosas, empujó al Tribunal Supremo de Estados Unidos a dar la orden de «cumplimiento e implementación» del Protocolo de Protección a Migrantes, conocido como «Quédate en México», —aplicado durante la administración de Donald Trump y abolido en la de Joe Biden—, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su cita ante la justicia americana en territorio mexicano.
Infogram
El 27 de agosto el secretario de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, informó sobre un despliegue de más de 14.000 militares y de funcionarios de la Guardia Nacional de ese país, para «detener toda la migración» y ayudar a Washington a reactivar el programa.
Más de 70 organizaciones de la sociedad civil advirtieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no hay forma de implementar esa política «de una manera que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, y tiene la responsabilidad de bloquearlos [los protocolos migratorios]”. Mientras estuvo en vigencia esta medida migratoria se impulsó la creación de campamentos para migrantes en ciudades fronterizas mexicanas, en donde se reportaron más de 1.500 casos de violación, secuestro, tortura y otros delitos contra las personas sujetas al programa, según reseñó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Separación de familias
Justo un día después del pronunciamiento de Sandoval salió la primera de las cuatro caravanas de migrantes que se han registrado entre finales de agosto y el 5 de septiembre, en las que se han suscitado hechos de violencia de parte de efectivos policiales en contra de los caminantes que salen desde Tapachulas, en Chiapas, para llegar a los pasos fronterizos norte de la nación azteca.
En la última caravana que ha salido en lo que va de mes, la venezolana Alejandra Gutiérrez contó a El Universal de México que durante un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) para dispersar la multitud de migrantes, perdió a uno de sus cuatro hijos pequeños, en medio de forcejeos con autoridades migratorias que pedían se entregaran.
«Una agente migratoria tiró al piso a mi hija de 13 años que llevaba al niño más chico, de un año. Yo tenía a mis dos niñas agarradas, la de cinco y la de tres años, y a mí me agarraron por una mano y me hicieron que la soltara. Les gritaba que me dejaran agarrar a mi niña y no me dejaron (…) No era necesaria la violencia, nosotros no íbamos a correr y no íbamos a hacer nada porque estábamos con niños», explicó.
La familia entera se entregó para volver a Tapachula y buscar a la niña de tres años. Tres días después la encontraron; estaba bajo resguardo de otro venezolano que logró ayudarla a contactar a sus familiares en Venezuela.
El representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Fernando Carrera, aseguró que el organismo está monitoreando las condiciones de migrantes y refugiados en Tapachula y que han identificado casos separación familiar y de uso desproporcionado de fuerza por parte de cuerpos de seguridad contra familias con niños pequeños, además de robo y destrucción de documentos de identidad que avalaban la estancia legal de estos desplazados en México.
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Parte de esos funcionarios han sido suspendidos de sus labores de acuerdo con la agencia ONU, que reconoció esa acción por parte del INM y le hizo un llamado a continuar con las investigaciones correspondientes.
«La detención y la separación familiar no solo son experiencias profundamente traumáticas para un niño sino que pueden aumentar también su riesgo a verse explotado, abusado y afectado por niveles de estrés con consecuencias devastadoras a corto, mediano y largo plazo. Independientemente de dónde se encuentren y hacia dónde se dirijan, estamos hablando de seres humanos que son, ante todo, niños. Unicef está aquí para apoyar los esfuerzos de los distintos órdenes gubernamentales del país por garantizar el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de estos niños, niñas y adolescentes», reseñó el organismo en un comunicado.
Ni México ni EE.UU los protegen
La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados publicó en febrero de 2021 el informe «Desplazamiento forzado hacia México desde Centroamérica 2014-2019″, en el que incluye un apartado sobre el caso reciente de la migración venezolana en ese lado del hemisferio. Advertía ya sobre la incidencia de actos de corrupción por parte del INM para regularizar la estancia de algunos venezolanos en ese país, «que se complementa con el reporte del Migration Policy Institute que reporta deportación forzada y extorsiones por parte de los agentes migratorios».
En el documento ya se denunciaba el rechazo a ciudadanos venezolanos en los aeropuertos mexicanos, incluso sin la opción de que ejerzan su derecho a solicitar asilo.
Recientemente, el Consejo Interamericano de Derechos Humanos (Coindeh) del estado Quintana Roo reprochó el maltrato contra extranjeros que han sido detenidos y retenidos ilegalmente hasta por tres meses en celdas de la Estación Migratoria de Cancún. Especificó que han recibido quejas de abogados, defensores de derechos humanos y familiares que aseguran hay una saña particular contra migrantes de Centroamérica y de países como Venezuela, Brasil y Colombia.
El hecho más reciente data de este 14 de septiembre, cuando 22 migrantes —entre ellos venezolanos, cubanos y haitianos— y 16 mexicanos fueron secuestrados por un presunto grupo armado en un motel de San Luis Potosí, al centro de México. Horas más tardes los liberaron y los dejaron en una zona despoblada del municipio Matehuala, que conecta con el estado Nuevo León.
La Fiscalía General de Potosí informó a EFE que establecería contactos con los parientes de los afectados, para evitar que sean víctimas de extorsiones. También chequeará sus estatus migratorios con las instituciones locales pertinentes, pues solo conocen sus nacionalidades.
A inicios de 2021, Human Rights Watch (HRW) señaló que decenas de familias venezolanas que buscaban protección frente a la extorsión y violencia en México, durante el proceso de petición de asilo, fueron abandonadas tanto por el gobierno estadounidense —en ese entonces a cargo de Trump— y el mexicano.
José Miguel Vivanco, director de la organización para las Américas, dijo que entre septiembre y diciembre de 2020 entrevistaron a 71 venezolanos que habían cruzado para pedir asilo en Estados Unidos y que fueron enviados al país vecino mientras procesaban sus solicitudes, debido a que seguía en curso la política «Quédate en México».
Visitaron albergues fronterizos, tuvieron acceso a documentos legales y observaron audiencias judiciales. La conclusión en todos los casos fue la misma: «Los migrantes en México están expuestos a violaciones sexuales, secuestros, extorsión, agresiones y trauma psicológico».
Para marzo de este año, casi 1.600 venezolanos aún tienen casos activos de asilo que están siendo procesados por la justicia norteamericana. Pero ellos representan apenas una pequeña proporción en medio de los más 26.000 migrantes de otras nacionalidades que se mantienen con procesos en curso.
