Migrantes venezolanos ven vulnerados derechos de identidad por restricción gubernamental

A mediados de septiembre, Germary Salas tenía planeado viajar a su natal Venezuela para renovar su pasaporte vencido, un procedimiento que no pudo completar en Perú, donde reside, debido al cierre de la Embajada venezolana en Lima a principios de agosto.

Esta sede diplomática, junto a otras en Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Uruguay tuvieron que cerrar sus puertas después de que el 31 de julio pasado Nicolás Maduro anunciara la ruptura de relaciones con esos gobiernos, que desconocieron los disputados resultados oficiales que lo dieron como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Salas, de 22 años, fue una de los miles de venezolanos afectados por la nueva situación. La joven logró viajar con un salvoconducto, pero al hacer escala en Colombia, le fue negada la entrada a su país. Las autoridades migratorias colombianas le informaron que no podía ingresar a la nación con pasaporte vencido, contó a la Voz de América.

“Me dijeron que no, una supervisora me pidió el salvoconducto, según lo mandó a Venezuela y ellos se negaron porque debía ser emitido por una Embajada venezolana, pero resulta que en Perú no hay”, recordó.

La joven asegura que, como opción, las autoridades del aeropuerto le ofrecieron tramitar el documento en la Embajada de Colombia, aunque tardaría entre 24 y 72 horas y debía pagar ciertos gastos.

“Yo decidí irme hasta Cúcuta, allí un taxista de confianza me buscó y crucé la frontera en el taxi, de forma normal, de hecho sellé la entrada a Venezuela con pasaporte vencido, pero lo hice por tierra”, cuenta la venezolana, quien luego viajó en avión hasta Caracas.

El trámite del pasaporte dentro del territorio venezolano no es sencillo. Puede costar unos 200 dólares, las citas no son expeditas, el sistema de registro se cae constantemente, y las filas son enormes; sin embargo, el plazo de entrega puede ser más expedito.

Fuera de fronteras, los costos superan los 300 dólares y los tiempos de espera pueden superar los 6 meses, según denuncias de usuarios en redes sociales.

Odisea compartida

El caso de Salas no es aislado. Tras el cierre de embajadas, muchos de los venezolanos que tenían la intención de viajar a su país para renovar el documento, vieron frustrados sus esfuerzos por una nueva medida de Caracas, que estableció que quienes tuvieran el pasaporte vencido no podían ingresar al territorio, sin razones aparentes, pues hasta ahora el gobierno venezolano no ha explicado las causas de esta decisión.

Aunque la disposición no fue anunciada de forma oficial, fue confirmada a principios de octubre por el Consejo Superior del Turismo (Conseturismo), que aclaró – tras sostener una reunión con la Cancillería y otros organismos gubernamentales- que habría excepciones.

Entre ellas, Conseturismo precisó que los pasajeros venezolanos con doble nacionalidad sí podrían entrar con el pasaporte venezolano vencido, al igual que aquellos con residencia legal en otros países.

En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, quienes cuenten con el documento vencido y quieran ingresar al país, deben tramitar un salvoconducto a través del portal de la Cancillería venezolana. En el caso de Salas, estas excepciones aún no estaban habilitadas cuando ella decidió viajar a Venezuela.

Los antecedentes penales, otro obstáculo para los migrantes

Las nuevas restricciones para los pasaportes vencidos no son la única traba a la que deben enfrentarse los migrantes venezolanos. Desde principios del mes de agosto, la página web donde se solicita el certificado de antecedentes penales dejó de funcionar, lo que ocasionó que muchos se quedaran sin la posibilidad de solicitar el documento.

Desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz (ente encargado de este trámite) explicaron que la falla se debía a un mantenimiento preventivo de la página, por ello quienes necesitaran urgente del documento podrían solicitarlo de forma presencial en la ciudad de Caracas.

Julio Linares vive en España y es entrenador en un gimnasio. Contó a la VOA que necesitaba su certificado de antecedentes penales para postularse a un empleo donde ganaría un poco más. Sin embargo, ante la caída del portal oficial le fue imposible resolver por su cuenta.

“Unos conocidos me hicieron llegar los números de algunos gestores y recurrí a eso, pero cuando pregunté los precios eran muy altos, estaban entre 300 y 450 euros. Me comentaban que era porque el servicio también incluía la apostilla del certificado, pero yo no iba a pagar eso”, detalló.

El joven de 33 años de edad se enteró por redes sociales que el trámite también se podía realizar de forma presencial en Caracas, así que le pidió a su madre que hiciera el proceso en su nombre.

“Para eso le tuve que enviar un poder autorizando. Primero tuvo que llevar los recaudos al edificio París, en la Candelaria, y tres días después los retiró en el Ministerio de Interior y Justicia”, cuenta.

Como su madre, Linares comentó que conoce el caso de otros migrantes que también recurrieron a la ayuda de un familiar para hacer el trámite presencial en Caracas.

Sin embargo, a mediados de octubre las autoridades informaron sobre la habilitación de la página, aunque aún sigue presentando fallas, de acuerdo con reportes de muchos venezolanos en las redes sociales.

Los usuarios han asegurado que pudieron acceder a la plataforma, pero no logran hacer el trámite que ahora se establece por terminal de número de cédula de identidad. Además, el permiso se otorga de acuerdo con el límite diario establecido en el sistema, según especifica el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en su web oficial.

Derechos vulnerados

Ante estas recientes restricciones, los venezolanos en el exterior han sentido vulnerado su derecho a la identidad. Laura Louza, fundadora y directora de la organización Sin Acceso a la Justicia, coincide con este punto que va contra lo establecido en las leyes venezolanas.

“Estas medidas son contrarias a la Constitución y a las leyes vigentes en la materia, porque las mismas establecen que cualquier persona con nacionalidad venezolana puede regresar a su país sin importar si tiene o no el documento vigente, como mucho se pide la cédula (…) Es más grave aún porque los problemas que han tenido los venezolanos para poder tener su pasaporte actualizado no se han debido a ellos, sino que es responsabilidad del Estado. ¿Cómo trasladar una responsabilidad propia y hacerla del otro?”, dijo a la VOA.

Louza asegura que otra agravante es el tema de los costos de los pasaportes venezolanos (entre 200 y 300 dólares) y cómo a gran parte de la diáspora se le dificulta pagar esta cifra por el documento.

“El otro problema es que hay varios países donde no hay consulados de Venezuela, por toda la situación del país que tampoco es culpa de los venezolanos, entonces lo que hace el gobierno es que traslada toda esa situación y crea estos nuevos requisitos que complican aún más el ingreso al país”, agregó la directora de Acceso a la Justicia, quien se refiere a la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y al menos 10 países (Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Panamá, Perú, y Uruguay).

Esta decisión, anunciada por el gobierno venezolano por el no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales por parte de este bloque de países, afecta alrededor de 3 millones de venezolanos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes con el cierre de las embajadas no tienen acceso a trámites consulares como la solicitud y emisión de pasaportes.

En cuanto a los antecedentes penales y las dificultades para su tramitación, Louza destacó que esta medida es parte de la ruptura institucional que se vive en Venezuela, donde dice, el Estado no cumple con sus obligaciones y deja a los ciudadanos desprotegidos y sin derecho a su identidad.

Aunque estas medidas va en contra de la Constitución nacional, que establece que todo ciudadano tiene derecho a su cédula de identidad y pasaporte, desde el gobierno venezolano no han explicado las causas detrás de estas trabas que ahora aumentaron con el cierre de embajadas y consulados.

Lo que sí está claro, es que con esta decisión el panorama de los migrantes venezolanos es más complicado porque les ocasiona problemas de legalidad, lo que a su vez afecta el acceso a educación, salud y trabajo en el país en el que residan.

“Lo ideal es que el trámite sea sencillo y rápido, incluso que no haya costo, pero bueno, prácticamente cualquier servicio del Estado se está cobrando, no es algo inusual, el problema son los montos que se están pidiendo, que son prohibitivos para la mayoría de la población», advirtió.

Según la directora de la organización Sin Acceso a la Justicia, eso hace que «haya una barrera para el ejercicio de sus propios derechos y el Estado se aprovecha de esa situación porque es el único que puede sacar ese documento. Teniendo el monopolio de esto no puedes penalizar a la población, porque ahí estás violando de una manera importante el derecho de las personas”.

A juicio de Louza, estas medidas son autoritarias y represivas y llevan a los venezolanos a una especie de “exilio forzado”.

“A nosotros no nos queda nada más que denunciarlos. Desgraciadamente, los tribunales, que es a donde uno debería acudir ante medidas así para solicitar amparos o protección, no son independientes, es una instancia que no funciona y eso hace que en Venezuela no haya acceso a la justicia porque no hay manera de hacer valer los derechos que uno tiene”, sentenció.

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