Migrar no es un delito, por Mairene Tobón Ospino
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El pasado 12 de diciembre, en un desesperado intento por llegar a Estados Unidos, 56 migrantes centroamericanos murieron en una carretera de Chiapas, México tras volcar el camión donde clandestinamente se desplazaban. Entre las víctimas que viajaban hacinadas y sin ventilación había jóvenes, adultos y familias completas con niños y niñas. Esta historia, sin embargo, es una más de las tantas que se repiten frecuentemente ya sea en camión, en tren o en balsa. Cada año cientos de personas pierden la vida tratando de migrar a otro país.
Desde 2014 más de 45 mil personas han muerto en proceso de migración internacional, según datos del programa Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones. Las rutas de la migración en las Américas son las más mortales y una de las peores es la frontera entre México y Estados Unidos, con 5815 decesos.
Aunque migrar es un derecho humano, las restrictivas políticas migratorias de los países obligan a las personas, que no cumplen con los requisitos para solicitar una visa, a someterse a peligrosos recorridos en la búsqueda de una vida mejor. Hoy, cuando conmemoramos el día internacional de las personas migrantes queremos hacer un llamado a la reflexión sobre el fenómeno migratorio en la región, la gestión migratoria y la necesidad de proteger la vida de estas personas.
El derecho a migrar y las políticas migratorias
Se estima que 281 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales. Es decir, cerca del 3.6% de la población mundial. Pese a que se habla con frecuencia de una crisis migratoria, la verdad es que en términos porcentuales la cifra se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años.
En Latinoamérica y el Caribe se encuentra el 14.8% de los migrantes internacionales. Un reto mayúsculo para la gestión migratoria y la protección de sus derechos fundamentales.
Aunque desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce “el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, la libre circulación está supeditada a la protección de Estado-Nación que se configura en políticas migratorias.
El principal problema es la securitización de las políticas migratorias que, en muchos casos percibe a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad nacional y deja en segundo plano los derechos humanos. Desde esta óptica, aquellas medidas que buscan preservar el orden, además de necesarias se encuentran plenamente justificadas.
Tal fue el caso de los 59 venezolanos expulsados de Colombia en 2019, a quienes se les atribuía la responsabilidad de protagonizar hechos vandálicos en Bogotá durante las protestas sociales de ese año.. Nueve de ellos emprendieron acciones legales debido a las arbitrariedades de la autoridad migratoria durante el proceso de expulsión. Entre ellas, el hecho de ser abandonados en medio del Río Orinoco.
En este sentido, luego de un complejo proceso legal, la Corte Constitucional se ha pronunciado al encontrar que se vulneró el debido proceso y la dignidad humana, por lo cual dictó medidas para revocar la expulsión de siete de ellos y evitar la repetición de las irregularidades encontradas en el caso. Pese a lo positivo del fallo, esta situación deja en evidencia una forma de criminalización de la migración y los riesgos de situar la seguridad por encima del derecho de las personas migrantes.
Otro ejemplo de los retos estructurales de la población en materia de política migratoria es la ausencia del enfoque de género, de niñez. Acciones tan alarmantes como la deportación de mujeres embarazadas de origen haitiano cuando asisten a centros de salud y hospitales en República Dominicana no pueden pasar inadvertidas. Tampoco, los silencios sobre la niñez víctima de la violencia e intersecciones en complejos contextos migratorios. Las múltiples capas de derechos en la gestión migratoria deben ser visibles y rectoras en las políticas públicas.
Migrar en tiempos de pandemia
Si bien la pandemia afectó a todos, los migrantes -como otras poblaciones vulnerables- enfrentaron mayores dificultades. Las medidas de contención ante la emergencia sanitaria adoptadas por los países fue solo una de ellas. El cierre de fronteras y el aislamiento prolongado para contener la propagación del virus, dejó a miles de personas en una situación aún peor.
Además, sin la posibilidad de retornar a sus países de origen o culminar el viaje, esta población fue condenada a condiciones de vulnerabilidad extrema. La condición migratoria irregular, en muchos casos, limitó el acceso a la vacunación o servicios de salud, que priorizaban a los nacionales o personas regularizadas. La precaria situación de estas personas, exacerbó los discursos de odio y las narrativas sobre el peligro de salud pública que representaba esta población.
En resumen, los migrantes han sido víctimas de múltiples formas de violencias que no distinguían edad o género vinculadas a la xenofobia y la discriminación. En este sentido, los Estados asociados al MERCOSUR respondieron con una declaración de compromiso para aumentar los esfuerzos de atención a sus necesidades y, particularmente para evitar la discriminación contra esta población bajo una premisa necesaria “Nadie ha de quedar relegado, y ningún derecho humano desatendido”
Día Internacional de las Personas Migrantes: un llamado a la acción
Desde el año 2016, en el marco de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 18 de diciembre como el Día Internacional de las Personas Migrantes. Con esto se busca exponer la multiplicidad de retos a los que se enfrentan, las lecciones aprendidas por los países de acogida y sobre todo las oportunidades de cooperación para fortalecer la gestión migratoria de una forma segura, ordenada y regular.
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En ese sentido, la declaración reconoce los aportes de la población migrante y la necesidad de proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Esto impulsó la idea de contribuir a lo que conocemos hoy como el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, un esfuerzo intergubernamental adoptado por más de 150 países en 2018.
Vale la pena recordar que muchas de estar personas migran obligadas por las condiciones de sus países de origen por lo que hablar de migración y derechos siempre será complejo. Criminalizar la migración no la detiene, solo expone a mayores peligros la vida de las personas migrantes. El llamado al unísono es para los gobiernos con el fin de garantizar los derechos humanos en la gestión migratoria.
Mairene Tobón Ospino es investigadora posdoctoral del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes, Bogotá.
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