Milei y la gobernanza de la migración: Tres escenarios para Argentina y Sudamérica
Autores: Leiza Brumat y Diego Acosta Arcarazo
Javier Milei, autodenominado libertario anarcocapitalista, se convirtió en el nuevo presidente de Argentina el 10 de diciembre. Aunque la migración no fue un tema central durante la campaña electoral, su victoria ha suscitado inquietud sobre el futuro de la gobernanza de la migración en Argentina y Sudamérica.
Durante los últimos 20 años, Argentina ha desempeñado un papel destacado en la política regional de migración, y su ley de migración de 2004 ha ejercido una influencia significativa en otras leyes de Sudamérica y América Latina y en general. Además, Argentina propuso en 2002 la adopción de los Acuerdos de Residencia del Mercosur, que han establecido un marco para la libre movilidad, permitiendo a los nacionales sudamericanos entrar, residir y trabajar en otros países de la región. Los Acuerdos han sido ratificados por ocho países de la región, además de Argentina: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Basándonos en el programa electoral de Milei y en declaraciones de destacados miembros del partido, anticipamos tres posibles tendencias para su agenda de gobierno en los próximos cuatro años.
Selectividad migratoria
Siguiendo sus ideas libertarias, el principal principio de Milei se centra en minimizar el papel del Estado. Cree que la apertura de fronteras y la inmigración pueden beneficiar a la economía si siguen las reglas del libre mercado. En su opinión, el Estado del bienestar es un imán que atrae a migrantes «indeseables» e «innecesarios».
Por lo tanto, eliminar el estado del bienestar y los servicios públicos daría lugar a una autoselección de los emigrantes, atrayendo sólo a los que «vienen a Argentina a trabajar». Su programa también propone atraer a especialistas cuyos conocimientos sean esenciales para la economía argentina, de forma similar a los esfuerzos de otros países por atraer a los «mejores y más brillantes».
El enfoque que se propone tiene dos incoherencias importantes que deben abordarse. En primer lugar, es importante aclarar cómo planea el Gobierno atraer a trabajadores altamente cualificados, especialmente dada la actual situación económica de Argentina.
La crisis ha provocado una reducción significativa de los salarios de los profesionales y está causando la emigración de miles de argentinos. Las estimaciones indican que, entre septiembre de 2020 y abril de 2022, emigraron más de 300.000 argentinos, en su gran mayoría jóvenes profesionales. Brasil y Chile son dos de los tres principales países de destino de estos emigrantes.
En segundo lugar, cabe destacar que en Argentina el porcentaje de inmigrantes con empleo es superior al de ciudadanos nativos. En otras palabras, los emigrantes ya vienen a Argentina a trabajar. Sin embargo, debido a los malos resultados económicos del país en las dos últimas décadas, la tasa de inmigración se ha mantenido estancada. Si bien Argentina sigue siendo uno de los principales países receptores en el contexto sudamericano en términos relativos, según datos de la ONU, en 2005, los migrantes sólo representaban el 4,29% de la población, y en 2020, este porcentaje sólo había aumentado al 5%.
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Entre 1870 y 1930, Argentina fue el segundo destino más popular de la migración en todo el mundo, justo después de Estados Unidos. Sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente desde entonces. Actualmente, Argentina ocupa el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a acogida de venezolanos, a pesar de que el desplazamiento de Venezuela de unos ocho millones de personas desde 2015 representa el mayor de la historia de Sudamérica. Como ha argumentado el sociólogo Hein de Haas, la única forma de reducir la inmigración es destrozar la economía. Argentina representa una confirmación paradigmática de ello.
La securitización de la migración
En línea con parte del discurso político en Europa y en EE.UU. e influenciado por los aliados políticos del PRO/Juntos por el Cambio (centro-derecha), algunas propuestas apuntan a acelerar la expulsión de aquellos no nacionales que cometan delitos. Esto plantea dos cuestiones. En primer lugar, ya existen numerosas disposiciones en materia de expulsión. Al igual que en Europa, estas disposiciones deben ajustarse a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es especialmente pertinente en este caso.
En segundo lugar, los datos disponibles no indican que Argentina se enfrente a un reto urgente en este ámbito. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 16 millones de habitantes y es la más grande del país, la población nacida en el extranjero encarcelada se ha mantenido estable en torno al 5% del total durante los últimos 20 años.
Nacionalización/deglobalización
Milei ha propuesto la retirada de Argentina de organizaciones y foros internacionales como los Brics, y probablemente impedirá que Argentina se reincorpore a Unasur. También ha prometido desmantelar el Mercado Común del Sur (Mercosur). Se trata de la principal organización regional de Sudamérica, en funcionamiento desde 1991. Todos los países de la región son miembros de pleno derecho o asociados.
Si esta propuesta llegara a materializarse, Argentina se enfrentaría a dos retos importantes. En primer lugar, el Mercosur ha sido un aspecto crucial de la política exterior argentina durante más de tres décadas, proporcionando estabilidad a la región y una plataforma para que Argentina exprese sus ideas, intereses y demandas a nivel internacional y regional.
Abandonar la organización debilitaría, por tanto, la capacidad de Argentina para abordar los retos regionales y globales compartidos, aislando al país del resto de la región y del mundo. En segundo lugar, podría afectar al funcionamiento de los acuerdos de residencia del Mercosur mencionados anteriormente.
Cabe señalar que casi el 90% de los inmigrantes en Argentina proceden de Sudamérica. A la inversa, 6 de los 10 principales destinos de los argentinos se encuentran en Sudamérica. La ruptura del actual régimen migratorio regional podría complicar seriamente la gobernanza de la movilidad humana en toda la región, afectando el acceso a los derechos de todos los nacionales sudamericanos, incluidos los argentinos.
Queda por ver hasta qué punto se aplicarán estas propuestas políticas. Los partidos de la oposición controlan el Congreso Nacional, y ninguno de los gobernadores provinciales pertenece al partido de Milei. La mayoría de la gente que votó a Milei lo hizo porque estaba descontenta con el gobierno anterior y con la situación económica actual. Por tanto, sería un error que Milei interpretara su elección como un respaldo total a todas sus propuestas políticas.
*Una versión ligeramente diferente de este artículo ya fue publicada en The Conversation aquí:
Leiza Brumat es Internacionalista e investigadora senior en Eurac Research (Bolzano, Italia) e investigadora asociada del Instituto Universitario Europeo (Florencia, Italia). Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO-Argentina.
Diego Acosta es Catedrático en Derecho de Migraciones en la Universidad de Bristol en Reino Unido y Director de la Cátedra Global Nebrija-Santander sobre Migraciones y Derechos Humanos en la Universidad de Nebrija en Madrid.
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