Militares de Operación Vuelvan Caras esperan que Corte Marcial los exculpe de rebelión
Se trata de la misma causa por la que fue investigado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió cuando estaba bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
En 2019, el gobierno de Nicolás Maduro fue prolijo en las denuncias sobre presuntas conspiraciones, una de las cuales fue la que el Ejecutivo bautizó como la Operación Vuelvan Caras, denunciada en el mes de junio. En este caso, la acusación recayó sobre el general retirado Ramón Lozada Saavedra; el general Miguel Sisco Mora: el coronel Miguel Castillo Cedeño; el mayor retirado Pedro Caraballo; el primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra, y los comisarios José Valladares Mejías y Miguel Ibarreto.
Ocho meses después, este grupo de detenidos espera que la Corte Marcial ratifique el sobreseimiento de dos de los delitos de los que fueron acusados: traición a la patria y rebelión militar, para cada uno de los cuales se prevé pena de 30 años de prisión. La exculpación de los delitos fue decidida por el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Maikel Amézquita Pión, y objetada por la Fiscalía mediante un recurso de apelación.
La abogada Yasnaía Villalobos, defensora del general Ramón Lozada Saavedra y del primer teniente Carlos Lozada Saavedra, señaló que los delitos que quedaron fijados fueron Instigación a la rebelión y, para el primer teniente, el de desobediencia militar. Añadió que persiste la persecución penal para juicio por el delito de instigación a la rebelión, el cual conlleva una pena de 5 a 10 años de prisión.
“De hecho se demostró que no hubo traición a la Patria ni rebelión porque ninguno de los supuestos penales exigidos por el Código Orgánico de Justicia Militar (COPP) se cumplieron. Pero peor aún, el delito de instigación militar tiene un nexo directo e inmediato con el de rebelión, de modo que el primero existe de manera accesoria respecto del segundo. Se demostró que si no hay traición y no hay rebelión, ergo tampoco instigación a la rebelión”, sostuvo la abogada Yasnaía Villalobos.
Agregó que contestó el recurso de la Fiscalía dada la pretensión del Ministerio Público de anular el sobreseimiento de los delitos que se decidió en noviembre de 2019. «La decisión del juez, que se dio en la audiencia preliminar, la publicaron el 22 de enero y la Fiscalía Militar apeló, el 29 de enero», contó Villalobos. Insistió en que busca la libertad plena de sus defendidos quienes, puntualizó, no cometieron ningún delito.
«La Fiscalía nunca pidió privación de libertad en su acusación escrita y tampoco lo hizo oralmente en la audiencia. De allí que es inconcebible, jurídicamente, el mantenimiento de la medida de coerción personal», atajó.
Asimismo, la defensora recordó que este caso es el mismo «en el que falleció el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y en el que liberaron boleta de encarcelación contra Josnar Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel». Acosta Arévalo falleció, en junio de 2019, por torturas recibidas mientras estaba en poder del Estado y detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta.
Barajita repetida
El general retirado Ramón Lozada Saavedra (Guardia Nacional) permanece detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Ramo Verde, a donde fue trasladado luego de una primera reclusión en la Dgcim. Dentro de la Operación Vuelvan Caras también estás investigado su sobrino, el primer teniente Carlos Lozada Saavedra. En el 2019, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, vinculó al joven oficial con la presunta conspiración, y además presentó un video en el que, supuestamente, implica a su tío.
Pero el general Lozada, exjefe de recursos humanos del Ministerio de la Defensa en tiempos del general Raúl Isaías Baduel, en junio de 2019 fue trasladado desde su residencia en Barinas hasta la sede de la Dgcim. El militar, degradado por Maduro, ya había sido detenido en 2017 y también acusado de conspirar, estaba bajo arresto domiciliario y gozaba de una medida humanitaria desde marzo de 2018.
La abogada Yasnaía Villalobos sustuvo que el mayor delito del general Lozada Saavedra ha sido «acompañar al general Baduel y su familia en los 11 años de privación de libertad».
«Entre ellos pueden seguirse matando, pero lo peligroso es cuando se manda a matar al presidente Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello. Estamos hablando de una masacre y de un desencadenamiento extremo de la violencia. No estamos en presencia solo de dos golpes de Estado, sino también de un golpe de Estado para liberar al corrupto de Raúl Baduel, quien robó dinero cuando fue ministro de Defensa”, aseguró el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, el 27 de junio de 2019.
Sin garantías
Justicia Venezolana destacó, en febrero de 2020, que a ninguno de los militares acusados por la Operación Vuelvan Caracas se les ha garantizado el debido proceso. Asimismo, la Organización No Gubernamental (ONG) enfatizó que ninguno de los presos políticos militares ha sido beneficiado con las excarcelaciones acordadas por el gobierno en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional, conocida como la «mesita».
¡Conócelos! @CIDH Ellos son los #PresosPolíticos militares detenidos injustificadamente desde junio 2019, por el “caso operación vuelvan caras”. Para la presente fecha no se les ha garantizado el debido proceso.#CIDHEnVzla #Meseve #01Feb #JusticiaVenezolana #InjusticiaMilitarVE pic.twitter.com/j8BXPPs7RP
— Justicia Venezolana (@JusticiaOrg) February 1, 2020
*Lea también: General detenido por conspiración había recibido beneficio procesal de la Corte Marcial
