Minería ilegal afecta ríos del sur de Venezuela y contamina sus afluentes
Según la oenegé Clima 21, el Cuyuní y sus afluentes están en “peligro crítico”. Algunos están tan dañados que, sin una restauración ecológica profunda, podrían desaparecer completamente, “lo que parece haber ocurrido en pequeños ríos que corren por el sector de Las Claritas”
La interrelación entre los derechos humanos y los ríos es inexcusable, pues a través de estas vías fluviales se obtiene agua, alimento, energía eléctrica; además, de ser un canal de comunicación y conexión con el mundo. Sin embargo, los ríos del sur de Venezuela están en riesgo por la alta presencia de agentes contaminantes.
Un informe publicado por la organización venezolana, Clima 21, en el 2024, advertía que “la minería ilegal de oro es la principal amenaza sobre los ríos al sur del país”, si bien el daño se remonta en algunos casos a más de 100 años, en las últimas dos décadas se incrementó considerablemente.
Según precisa el informe, 33 ríos estaban afectados por esta actividad y se detectaron balsas mineras en 16 de ellos, cuyas cuencas principales están amenazadas por la sedimentación y la contaminación por mercurio consecuencia de la explotación aurífera.
Este documento evidenció que la contaminación ha afectado a las poblaciones humanas adyacentes a las cuencas del Cuyuní, Caroní y Caura.
Recientemente, el movimiento independiente preocupado por la devastación ecológica y humana en el área amazónica venezolana, Embajadores del Orinoco, publicó en X muestras de la destrucción que sufren los ríos Icabarú, Caroní y Carrao a través de imágenes satelitales.
1. “El río Icabarú se encuentra en la región de la Gran Sabana en el estado Bolívar. Les mostramos imágenes de contexto y otras más cercanas. Aquí pueden ver solo algunas de las muchas heridas irreversibles de la minería ilegal a lo largo de este río”.
De acuerdo con el informe de SOS Orinoco, Minería en Icabarú, Cuenca alta del Caroní: De la incoherencia a la anarquía criminal de Estado de 2020, toda la minería presente en la cuenca del río Icabarú tiene como eje central la ciudad de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, desde donde se abastecen de gasolina y materiales para la actividad minera. “Cuenta con un aeropuerto asfaltado para vuelos comerciales y turísticos”, detalla el documento.
Además, “en estas zonas se ha denunciado la operación de dragas mineras aparentemente sin ningún control oficial”, según lo indicado en el documento.
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2. “El río Caroní, en el estado Bolívar, es uno de los ríos más importantes de Venezuela, tanto por su valor ecológico como por su rol en la generación de electricidad. Desemboca en el río Orinoco cerca de Ciudad Guayana. En las imágenes pueden observar la destrucción minera, incluso en tierras aledañas a comunidades indígenas”.
El informe de SOS Orinoco advirtió que “todo lo que afecte al río Caroní afectará la vida útil del embalse Guri, así como la operación de este sistema de generación de energía eléctrica vital para Venezuela”.
Asimismo, la minería suprime severamente los bosques y la vegetación, lo que se traduce en erosión del suelo, en la estación lluviosa; y el descenso del caudal del río, en el verano. El bosque tropical húmedo del macizo guayanés se caracteriza por una baja resistencia a los cambios y baja tasa de recuperación, debido al intrincado sistema biológico que lo compone.
“El acarreo de sedimentos de los ríos afectados por la actividad minera se deposita mayormente a la entrada o ‘cabeza’ del embalse de Guri e impidiendo que entre un mayor caudal de agua (…) Estos sedimentos tienen un alto poder erosivo sobre los componentes de las turbinas generadoras de electricidad. El lago de Guri funciona como un enorme decantador que evita que los sedimentos en suspensión dañen las turbinas. Sin embargo, la acumulación de sedimentos disminuye la capacidad de almacenamiento de agua y en consecuencia también disminuye la capacidad de generar electricidad”.
También, la pérdida de bosque (por la minería) en la cuenca del Caroní afecta la regulación del caudal que el río aporta al embalse.
Clima 21 aseveró en el informe que el Caroní “aparentemente tiene un moderado a bajo estado de conservación”, lo cual crea alertas sobre su estado actual debido al incremento de la minería ilegal en varias secciones de su curso, dado que algunos tienen bajos niveles de conservación como consecuencia de la “intensa actividad minera” en sus riberas y cauces.
Aunado a ello, es escasa la información oficial sobre sus efectos ambientales, precisa la oenegé.
3. “El río Carrao es un afluente del río Caroní. Es conocido por ser el río que recibe las aguas del Salto Ángel. Su curso atraviesa la región de la Gran Sabana, rodeado de tepuyes y selvas tropicales”.
Clima 21 sostiene en su informe que “se ha registrado el uso de dragas y balsas mineras en el río Carrao y contaminación por mercurio que afecta a las poblaciones indígenas locales”.
Desde 2010, los indígenas pemones han denunciado la proliferación de minería aurífera ilegal en el sector occidental del Parque Nacional Canaima, cuyo reporte asomó hasta 30 balsas operando en el río Carrao. Si bien hubo operativos militares para desmantelar las actividades mineras, no se habla de su eficacia porque se retomó la explotación, según el informe de SOS Orinoco “Situación actual de la minería aurífera en el Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela”.
Adicionalmente, el río Cuyuní y sus afluentes están en “peligro crítico” y, conforme a lo expuesto por Clima 21, su cuenca puede considerarse “como la más afectada de la región amazónica venezolana”.
Ciertos afluentes están tan dañados que, “sin una restauración ecológica profunda”, podrían desaparecer completamente, “lo que parece haber ocurrido en los pequeños ríos que corren por el sector de Las Claritas”.
La intensa actividad minera que sufre esta cuenca desde el siglo XIX se acrecentó en la última década, hecho que produce una “alta deforestación de los bosques de la cuenca; así como la intervención directa de sus cauces y orillas; un aumento de la turbidez de los ríos; la contaminación por mercurio de suelos, aguas y peces; así como descargas de aguas negras, combustibles y lubricantes, a raíz de todo lo anterior, se originó una importante pérdida de la biodiversidad”.
Embajadores del Orinoco comentó en un post de la red social X que “las imágenes no hablan, gritan. Tenemos que sumar esfuerzos para detener este crimen ambiental”.
“El mundo no puede seguir ignorando lo que pasa en la Amazonía venezolana y aplaudiendo el ecocidio del régimen venezolano”, finalizó Embajadores del Orinoco.
De igual manera, el periodista independiente Fritz Sánchez denunció en X que: “Continúa la degradación del Caroní, la cuenca que alimenta la principal red de centrales hidroeléctricas del país. Decenas de balsas ilegales trabajan a la vista de todo el mundo, destruyendo el lecho del río, generando una mayor sedimentación en su cauce”.
También escribió que “el suministro de combustible para los sectores mineros ilegales que están destruyendo el principal río que alimenta la red de centrales hidroeléctricas de Venezuela no se detiene”.
“Se incrementa el envío de insumos y combustible, por la trocha La Paragua – San Salvador de Paúl, para reforzar y armar nuevas más balsas mineras ilegales en el río Caroní por los sectores de Arekuna, Playa Linda, Las Bonitas y Cartán, frente al Parque Nacional Canaima”, advirtió Sánchez.
Clima 21 reitera en su informe que es necesario que se implementen acciones efectivas para eliminar el extractivismo minero como medio de financiamiento del Estado y que se tomen acciones efectivas para eliminar la minería ilegal.
Desde la oenegé se recomienda dar efectivo cumplimiento a las normas legales dirigidas a la conservación de los ríos y su biodiversidad; establecer un proceso de reinstitucionalización ambiental del país, que incluya el fortalecimiento técnico, político y económico de las instituciones que deben orientar y ejecutar las políticas ambientales del país.
Al mismo tiempo que insta al Estado a ratificar e implementar la Convención de Minamata sobre Mercurio, para lo cual deberán establecerse planes de acción nacionales para la eliminación total del mercurio en la minería en el menor tiempo posible.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
