Minería suicida, por Gregorio Salazar
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Aún no se sabe con certeza cuál fue el número de mineros que perecieron sepultados el pasado 20 de febrero en la mina Bulla Loca, en el Estado Bolívar, una de las miles de explotaciones ilegales de oro que se extienden por unos cien kilómetros cuadrados de selva amazónica, hoy sometida a explotación sin control y con daños ecológicos inconmensurables.
Las cifras oficiales se detuvieron en 15 fallecidos y 11 heridos, aunque los sobrevivientes señalan que el número de víctimas fatales puede ser el doble y que hay más de cien afectados entre heridos y desaparecidos, datos de los cuales se hizo eco el alcalde del municipio Angostura, Yordi Arciniegas.
Esas cifras sumadas a las imágenes del derrumbe y de seres humanos en pleno escape de esta excavación minera de más de cien metros de largo y treinta de profundidad, le ha dado de nuevo relieve internacional a lo que sin duda es una de las grandes tragedias ecológicas del planeta, que nadie –y principalmente quienes detentan el poder de Venezuela– parecen dispuesto a detener.
Hay una convergencia fatal, suicida, de elementos en este extractivismo desbocado del cual participa, con la mayor opacidad, el propio Estado. A la devastación de la reserva forestal más importante del país se suma la contaminación de la inmensa reserva acuífera por mercurio y cianuro. El comercio ilegal cuenta con complicidad internacional de socios gubernamentales de otros continentes. En la zona se ha denunciado más de una vez presencia terrorista y violencia contra las etnias indígenas. Proliferan las pistas clandestinas utilizadas por el crimen organizado de cualquier signo.
Nada más en lo que respecta a la materia minera es hoy imposible saber a ciencia cierta cuánto se extrae, quién lo extrae, cuál es el destino del mineral que de allí se saca a costa de la destrucción de una zona de biodiversidad más importante del globo. ¿Quiénes son materialmente los grandes beneficiados de este tráfico milmillonario?
De vez en cuando los medios reportan el decomiso de embarques con lingotes de oro venezolano, valorados en varios millones de dólares, transportados en avionetas salidas de Venezuela. Pero hasta allí. El oro que se extrae de Bolívar y Amazonas alimenta sin ninguna duda una corrupción sin frenos.
De nada han servido las reiteradas denuncias y advertencias de ecologistas y activistas del ambientalismo. La minería continúa arrasando de manera irracional una enorme extensión de bosques tropicales de nuestra selva amazónica, poniendo en riesgo el gran potencial hídrico de la nación y todo el atractivo natural y turístico que constituyen sus selvas, sus ríos, sus tepuyes, su diversidad biológica. El verdadero tesoro que debería preservar para siempre.
No se ocupa de eso el gobierno nacional, a no ser para suplir con la voraz explotación del oro la falta de ingresos petroleros. Como una res a la que se descuartiza, Maduro en el pasado reciente ofreció minas para ser explotadas por distintos sectores controlados por el oficialismo y en esa rebatiña hasta trascendió que la hoy difunta senadora colombiana Piedad Córdova recibió la suya.
No se preocupa por abordar tan trascendental asunto la Asamblea Nacional, nada por el lado del oficialismo, pero tampoco por los grupúsculos que dicen representan a un sector de la oposición, pero que se conducen de manera obsecuente ante cualquier requerimiento del Ejecutivo, el cual les garantiza a cambio figuración política, visibilidad mediática y, dicen sus detractores, que apoyo monetario.
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La tragedia de los mineros en Bolívar se unió a la cadena de noticias que mantienen a Venezuela entre los titulares de la prensa internacional desde hace varios días: las acciones judiciales contra periodistas y activistas de los DDHH, y especialmente la detención sin fórmulas judiciales de Rocío San Miguel; la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU y ahora las sospechas de que en el secuestro en Chile del teniente (R) Ronald Ojeda puede estar la mano de algún organismo de seguridad venezolano. Y como telón de fondo la mayor incertidumbre sobre el cronograma electoral.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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