Ministerio Público ha omitido investigar muertes de presos poselectorales bajo custodia
El Ministerio Público solo se ha pronunciado públicamente por la muerte de uno de los cinco presos poselectorales que han fallecido en centros de salud o las cárceles donde estaban recluidos. Sin embargo, al menos en tres casos se han controlado los sepelios de estas personas, una táctica calificada como «intimidatoria» por parte de organizaciones de derechos humanos
Las protestas en contra de los resultados de las elecciones presidenciales, anunciados por el Consejo Nacional Electoral y dando como ganador a Nicolás Maduro, siguen dejando víctimas. Desde el mes de noviembre han ocurrido cinco muertes de presos poselectorales, sin que los órganos de justicia (Ministerio Público, tribunales) hayan investigado de forma adecuada estos decesos bajo custodia del Estado.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, recordó que las muertes de personas privadas de libertad «son siempre responsabilidad del Estado» e hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas «para garantizar que todos los presos bajo su custodia sean tratados humanamente».
A juicio de Murillo, el deceso de Lindomar Amaro Bustamante, ocurrido el fin de semana en la cárcel de Tocorón, «subraya la necesidad de la inmediata liberación de todos los presos por motivos políticos». Esta petición también fue expresada por la organización Justicia, Encuentro y Perdón, que señaló que esta muerte se da «en un contexto de denuncias previas por maltrato, aislamiento y falta de atención médica. Esta es al menos la sexta muerte bajo custodia del Estado desde 2024, lo que evidencia situaciones muy graves que deben ser investigadas».
La abogada Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, insistió en que «más allá de los delitos por las que estas personas son acusadas o tienen responsabilidad directa, hay una responsabilidad del Estado respecto a estas muertes y lo que corresponde es que las autoridades del sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como tribunales, iniciaran las investigaciones correspondientes sobre las causas de esos decesos y establecer la responsabilidad que haya habido en función de esas muertes».
*Lea también: PUD condena «silencio oficial» por la muerte de Lindomar Amaro en cárcel de Tocorón
Según una revisión hecha por TalCual, solo en una de las muertes de presos poselectorales (Jesús Martínez Medina) hubo un pronunciamiento del Ministerio Público, aunque no se indicó sobre una investigación al respecto. Mientras que en los casos de Jesús Rafael Álvarez, Osgual Alexander González y Lindomar Amaro Bustamante, sus entierros fueron controlados por funcionarios de cuerpos de seguridad.
«A las víctimas indirectas se les está negando el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a una reparación porque claramente está establecido en nuestra Constitución nacional que cuando el Estado incurre en algún tipo de responsabilidades de este tipo las víctimas no solo tienen derecho a la justicia sino también derecho a una reparación integral», aseveró en una entrevista a NTN24.
Tras este tipo de sepelios controlados, señaló Tineo, tampoco se les da a las familias algún tipo de información.
«Estas familias se quedan con una pérdida irreparable. Una madre que queda sin su hijo, sin respuestas, sin justicia, sin acceso a ningún tipo de reparación y encima aterrorizada porque empieza este sistema lamentable de represión para silencio (…) Al final esto se traduce en más impunidad, por eso insistimos en que no es solo una responsabilidad por acción, por lo que pudo haber pasado, sino también por omisión y una de las formas de omitir es no investigar, es no dar cuenta de qué ocurrió y de que las víctimas puedan obtener justicia», aseveró la abogada.
Desde 2014, organizaciones de derechos humanos han reportado la muerte de al menos 20 personas detenidas por motivos políticos. De estos fallecidos, el Estado informó públicamente sobre investigaciones o supuestas causas en las muertes del exconcejal Fernando Albán, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el ingeniero Ángel Sequera, el general Raúl Isaías Baduel, Leoner Azuaje, Juan Almeida y Marino Lugo Aguilar.
Presos poselectorales muertos bajo custodia
Jesús Manuel Martínez
Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, fue el primer fallecido bajo custodia del Estado luego de ser detenido en el contexto poselectoral. El hombre fue arrestado el 29 de julio de 2024 en el sector Plaza El Carmen, del municipio Aragua de Barcelona (Anzoátegui), tras haber sido testigo de mesa en la escuela Guzmán Bastardo.
Martínez Medina, quien había estado detenido en una sede policial en Lechería, falleció la mañana del jueves 14 de noviembre en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona. A ese lugar fue trasladado por abscesos en la piel que le ocasionaron necrosis en una de sus piernas, debido a la diabetes tipo 2 que padecía. También tenía problemas cardíacos.
Familiares y actores políticos denunciaron que fue trasladado cuando su salud tenía un deterioro importante, pese a las diversas solicitudes para que recibiera atención médica adecuada.
La Fiscalía negó, en un comunicado publicado un día después de su muerte, que el testigo electoral no haya recibido atención médica adecuada. “Esta persona (…) estaba hospitalizada desde el día 11 de octubre, por padecer diabetes tipo 2. Vale destacar que durante todo ese tiempo contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba”.
Jesús Rafael Álvarez
Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, fue detenido el 2 de agosto junto a su esposa, Anny Suárez de Álvarez, en El Callao, estado Bolívar.
Inicialmente, ambos fueron trasladados a una sede de la Guardia Nacional en Puerto Ordaz. Un mes después, Jesús fue enviado al penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Falleció el jueves 12 de diciembre, según la oenegé Una Ventana a la Libertad (UVL).
Su hijo de 20 años aseguró que su padre «era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban. A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel».
El 13 de diciembre, acudió al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Valencia, donde identificó el cuerpo de su padre mediante una fotografía. Dijo que estaba demacrado, con barba, extremadamente delgado y con signos evidentes de maltrato, pues observó que tenía un pómulo hinchado.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó la noche del 14 de diciembre que el cuerpo de Jesús Rafael Álvarez fue entregado a su familia «en avanzado estado de descomposición» y fue enterrado en un sepelio controlado.
Osgual Alexander González
Osgual Alexander González, de 43 años, fue detenido junto a su hijo de 19 años el 1 de agosto en el estado Lara. Ambos fueron trasladados al penal de Tocuyito.
Falleció el 16 de diciembre dentro del penal. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) detalló que, desde sus primeros días de reclusión, González presentó síntomas de depresión. Fue hospitalizado nueve días antes de su muerte por un fuerte dolor abdominal.
El personal del penal les dijo que se trataba de un cólico nefrítico; sin embargo, familiares del occiso sospechan que se trataba de una hepatitis. Su hijo fue liberado el mismo día de su muerte.
Reinaldo Araujo
Reinaldo Araujo era militante de Vente Venezuela en el estado Trujillo. Fue detenido el 9 de enero por funcionarios de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar de Valera cuando regresaba a su vivienda de una cita médica. Padecía de problemas cardíacos por hipertensión. Su esposa alertó en reiteradas ocasiones que su estado de salud era muy delicado, pero se le negó un traslado a un centro de salud o atención especializada.
Se encontraba detenido en el destacamento 20 de Valera por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y alteración del orden público. El 24 de febrero presentó una crisis cardíaca y fue llevado al hospital Pedro Emilio Carrillo, donde falleció.
Lindomar Amaro Bustamante
El mototaxista y obrero de 27 años de edad se suicidó el pasado 3 de mayo dentro de la cárcel de Tocorón (estado Aragua), según comités de familiares de presos políticos. Único sostén de familia, fue detenido por funcionarios de la PNB en julio de 2024 en el estado Cojedes, mientras iba en su moto a su vivienda. Su familia, de bajos recursos, nunca pudo visitarlo en prisión y según una ONG su sepelio fue controlado. Su compañero de celda, Jhoandri Joel Silva Lara, también intentó quitarse la vida ese mismo día.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó que Amaro Bustamante pasó al menos 15 días en celdas de castigo, sometido a tratos crueles y tortura psicológicas. Sus familiares alertaron que intentó atentar contra su vida durante su reclusión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
