Misión ONU: Represión desmedida sume al país en una de las crisis más graves de DDHH
El informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU señala que se ha cometido el crimen de lesa humanidad de persecución política, debido a la ocurrencia de torturas, incluso violencia sexual, contra mujeres, adolescentes y hombres detenidos en protestas poselectorales, así como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones recurrentes al debido proceso
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó este martes 17 de septiembre su último informe actualizado sobre la situación en Venezuela, en el que advirtió que la administración de Nicolás Maduro intensificó sus acciones represivas contra todo lo que sea contrario a sus decisiones y acciones, lo que sume al país en una de las crisis más graves de derechos humanos de la historia reciente.
El informe de esta misión señala que estas violaciones y crímenes que se documentaron, junto a la comisión de delitos de lesa humanidad de persecución política, son parte «de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición».
«Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Denunció además que fue alcanzado un nuevo hito en el último periodo a evaluar (septiembre 2023 a septiembre de 2024) no solo en detenciones sino en el deterioro del Estado de derecho, debido a que los poderes públicos en el país ya no aparentan independencia.
En julio de 2024, fueron documentados más de 120 arrestos durante eventos de campaña de la oposición bajo el argumento de conspiración, al igual que fueron emitidas órdenes de captura contra otras personas; mientras que en la primera semana de protestas poselectorales se conoció por las mismas autoridades que habían más de 2.000 detenciones, entre ellos menores de edad y personas con discapacidad, que fueron acusadas de presunto terrorismo e incitación al odio.
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«Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso», indica el informe.
«Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante», sostuvo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
Además, la Misión ratificó que el sistema de justicia, junto al TSJ, «está claramente subordinado a los intereses del poder Ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social», enfatizando que esta práctica de violación al debido proceso y el ejercicio arbitrario del poder ya se había advertido en otras ocasiones y ahora se evidencia.
Por su parte, la experta Patricia Tappatá señaló que la política represiva de Maduro fue dirigida a quienes criticaron su administración o protestar contra los resultados electorales; enfocándose en quienes militan en partidos políticos o los que son percibidos como opositores.
«La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico», dijo Tappatá.
También reconoció que el gobierno «responde con ironía» a las condenas y denuncias internacionales y que «tampoco parece importarle mucho» que se le caracterice como una «dictadura», pero que a pesar de todo ello «no hay que cansarse ni dejar de decir lo que está pasando».
«Esta situación no debe normalizarse ni hay que desistir de reclamar justicia o apoyar a los que dentro del país, como las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y las propias víctimas y familiares de las víctimas que enfrentan amenazas y riesgos», pidió la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en declaraciones a EFE.
Con información adicional de EFE
