Misión de Determinación exige detener la «práctica estatal» de aislar presos políticos
La Misión de Determinación alertó sobre la «falta de eficacia» de recursos de protección como los habeas corpus en el país, una cuestión que calificaron como «alarmante» y que «confirma la ausencia de un verdadero Estado de Derecho»
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela exigió este miércoles a las autoridades venezolanas detener la «práctica estatal» de someter a aislamientos prolongados e incomunicación a las personas detenidas por razones políticas.
«Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional», afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión, en un comunicado.
La Misión –un mecanismo independiente de Naciones Unidas– señaló que esta práctica «a menudo equivale a desapariciones forzadas», al tiempo que señaló que las detenciones selectivas «forman parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de la oposición, o a quienes son percibidos como tales, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos, y para infundir miedo en la población».
Estas detenciones son realizadas «en connivencia con el Ministerio Público» por cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
«Además, los juzgados penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son cómplices al asegurar la impunidad de estos crímenes y graves violaciones a los derechos humanos», aseveraron los expertos.
La Misión también alertó sobre la «falta de eficacia» de recursos de protección como los habeas corpus en el país, una cuestión que calificaron como «alarmante» y que «confirma la ausencia de un verdadero Estado de Derecho».
En base a la revisión de casos desde el año pasado, la Misión corroboró que en al menos 20 casos los recursos de habeas corpus no fueron recibidos, fueron rechazados o no obtuvieron respuesta. En 13 casos en los que la Comisión Intermericana de Derechos Humanos ha concedido medidas cautelares en 2025, «en nueve explícitamente se registra la falta de efectividad del recurso de habeas corpus».
«La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad (…) El habeas corpus ha salvado vidas y contribuido a la investigación del comportamiento de gobiernos y grupos para estatales que actúan en la ilegalidad y el secreto», dijo la experta Patricia Tappatá.
Mencionaron el caso reciente del abogado Eduardo Torres, quien pertenece a la organización Provea y se encuentra en paradero desconocido desde el viernes 9 de mayo en la tarde. Familiares esperaron más de seis horas ante el Palacio de Justicia para entregar un recurso de habeas corpus, que no fue recibido por falta de «órdenes superiores». El lunes 12 se introdujo esta solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero aún no hay una decisión.
*Lea también: Provea ratifica desaparición forzada de Eduardo Torres tras comunicado del fiscal
Además, los expertos independientes de la ONU recordaron que las detenciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada de personas «son crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».
«Como ha expresado reiteradamente por la Misión, estas conductas se están cometiendo en Venezuela como parte del crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos», afirmó Francisco Cox.
Reiteró que «forman parte de una serie de hechos cometidos en implementación de un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición».
La Misión de Determinación exigió la liberación «sin condiciones» de todos los presos políticos, al tiempo que instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus Estados miembros que «mantengan su observación y vigilancia ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela».
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