Misión de Determinación: Sebin y Dgcim violan DDHH con anuencia del Ejecutivo nacional
En el informe presentado por la Misión de Determinación se refleja que fueron identificados varios mecanismos de tortura en la Dgcim. Además, se indica que el Estado no hace rendir cuenta a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, a pesar de las reformas legales que se hicieron en Venezuela, lo que evidencia que no existe independencia de poderes en nuestro país
La Misión internacional independiente de Verificación y Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela designada por la ONU presentó este martes 20 de septiembre su tercer informe anual respecto a la situación en nuestro país, centrándose en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad que cometieron los servicios de inteligencia como el Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En el informe, que se dio a conocer por vía telemática, la misión asegura que sus investigaciones evidencian, con «motivos razonables», que aquellos que ocuparon (y ocupan) las estructuras dentro de ambos cuerpos de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad y que en esos organismos funcionan de forma coordinada y eficiente para reprimir a quienes adversan la administración de Nicolás Maduro con la anuencia de quienes están en el poder.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU.
Misión de la ONU denuncia que torturas en la DGCIM y el Sebin no son actos aislados en Venezuela, sino parte de una maquinaria y de un plan del Gobierno para reprimir la disidencia.
“Los actos de violencia no fueron al azar” #20Sep#QueSigaLaMisión 👉 https://t.co/tveuvOfbGW pic.twitter.com/ATcRjcWjgF
— PROVEA (@_Provea) September 20, 2022
La misión documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles en la sede de la Dgcim en Boleíta, así como también en una «red de centros de detención encubiertos en todo el país».
Revela el testimonio de los excarcelados sobre las condiciones de reclusión que son muy duras, ya que las celdas no tienen entrada de luz natural y que les dan poco tiempo para que puedan estar al sol o ir al baño, obligándolos en muchos casos a hacer sus necesidades en bolsas o botellas de plástico, al igual que se ven forzados a comer en el suelo.
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Destacaron en su informe que fueron identificados al menos nueve formas de tortura contra los presos en las instalaciones de la Dgcim:
- Golpes, incluso con objetos como un bate y una mesa.
- Asfixia con bolsas de plástico o humo de granadas.
- Uso de la “señorita”, un dispositivo de tortura que permite introducir los cuerpos en tanques de agua.
- Descargas eléctricas a los detenidos, incluso en los testículos.
- Violencia sexual, incluida la violación con palos de madera.
- Amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos si no proporcionaban determinada información.
- Colocación de alfileres debajo de las uñas.
- Instrucciones a funcionarios de menor rango de la Dgcim para que llevaran a cabo actos de tortura.
- Operaciones en las que se detuvo a miembros de la familia de personas seleccionadas, con el fin de presionar a los objetivos para que se rindieran.
Entretanto, la misión de la ONU indicó en 90 personas fueron víctimas por parte de funcionarios del Sebin, muchos de ellos opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, se registraron actos de torturas y maltrato en su contra. Destacó que los arrestos arbitrarios que ejecuta ese cuerpo de seguridad se hacen después de vigilancia e investigación previa y bajo las órdenes del director del organismo.
Investigó además esta misión de la ONU unos 51 casos desde 2014 en donde los agentes del Sebin y se subraya que las órdenes “fueron dadas por individuos de los más altos niveles políticos a funcionarios de menor rango”.
Los expertos indicaron que las autoridades venezolanas no hicieron rendir cuentas a los autores de los crímenes de lesa humanidad, al igual que tampoco se les dio reparación a las víctimas. En ese sentido, refieren que los cambios judiciales propiciados por la administración de Nicolás Maduro “no han solucionado la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia”.
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“Las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, dinámicas y prácticas, mientras que funcionarios relevantes siguen trabajando para los organismos, y en algunos casos hasta han sido promovidos”, apuntó la Misión en su tercer reporte.
De igual forma, la misión hizo un análisis respecto a la situación en el Arco Minero y otras zonas que se dedican a la minería en el estado Bolívar donde concluyeron que el Estado y funcionarios en específico tienen responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en esas zonas.
«La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas», declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
Tras conocerse el informe, el director y presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, considera que la información fue «contundente» debido a que refleja que hay una sistematización en violaciones a los DDHH, «sobre todos con fines políticos» en el país, así como también evidencia la falta de investigación «genuina» en casos relevantes de crímenes de lesa humanidad.
Romero dice que hay que revisar la situación de los DDHH de los ciudadanos en la frontera y mencionó que la ONG FundaRedes y su director, Javier Tarazona, hicieron informes al respecto y eso derivó en su prisión arbitraria.
A su juicio, la misión de la ONU ratifica lo que denunció FundaRedes y calificó de «luz» el hecho de que ese grupo se mantenga trabajando para las víctimas de estos hechos y poder hacer justicia, por ello aboga a que continúe su labor para que se visibilice lo que ocurre en Venezuela.
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Con información adicional de Infobae / Provea
