Misión de la ONU defiende trabajo sobre Venezuela: Es fundamental la rendición de cuentas
La Misión de Determinación respondió a los señalamientos hecho por el embajador venezolano Alexander Yánez, que los señaló de una «piratería mal intencionada». El abogado Francisco Cox comparó su intervención con «un bosque de palabras en un desierto de ideas». La experta Patricia Tapattá señaló que «una democracia robusta al servicio de los más débiles, como ha sido señalado, no encarcela a niños y adolescentes»
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela defendió su quinto y último informe donde se denuncia la grave situación en el país y la ocurrencia del crimen de lesa humanidad de persecución, debido a la intensificación de la maquinaria represiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
«Vamos a seguir en esa línea (de investigar la cadena de mando) porque es fundamental la rendición de cuentas y la identificación de responsables de estos crímenes de lesa humanidad», dijo el abogado Francisco Cox Vial, a nombre de la Misión, durante su intervención en la 57 Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En la presentación del informe, a cargo de su presidenta Martha Valiñas, la Misión afirmó que todo forma parte de un «plan diseñado anticipado y ejecutado bajo diversas modalidades de represión para silenciar y aplastar a la oposición», lo que conlleva que las víctimas y la población en general «se encuentren desamparados» mientras la independencia de poderes cada vez está más disminuida.
En base a esto, para la Misión el «riesgo de desintegración del Estado de derecho es muy alto» en Venezuela.
El abogado Cox respondió a los señalamientos hecho por el embajador venezolano Alexander Yánez, que los señaló de una «piratería mal intencionada». Comparó su intervención con «un bosque de palabras en un desierto de ideas».
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Señaló que la Misión tiene un trabajo definido, de identificar la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos y la cadena de mando responsable, aunque comentó que siempre estarán dispuestos a brindar información a la Corte Penal Internacional cada vez que lo requieran.
«Que cada organismo cumpla su función, el órgano internacional encargado de accountability (responsabilidad) y rendición de cuentas es la Corte Penal Internacional», afirmó.
Ante la pregunta de cómo se puede otorgar protección a personas dentro de Venezuela, contestó que «antes hubiéramos dicho que dar protección diplomática. la experiencia vivida por Argentina y la rápida intervención de Brasil, después revocada por Venezuela hace que eso sea una ilusión».
Indicó además la necesidad de exigir el acceso a las cárceles por organismos independientes para que verifiquen las condiciones en las que se encuentran los detenidos en esos lugares.
Respecto a la ley contra las ONG, dijo que este es «un mecanismo más para reprimir e impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y además priva de información vital a este Consejo».
Por su parte Patricia Tapattá, otra de las expertas que integra la Misión, recordó que no se pronuncian por hechos políticos, pero sí trabajan para identificar y denunciar las violaciones a los derechos humanos. «Apreciamos que la República Bolivariana reoriente sus políticas en esta dirección (democracia), tal como lo hemos recomendado en nuestros informes».
Dijo que están dispuestos a cooperar en esa tarea, pero señaló que «una democracia robusta al servicio de los más débiles, como ha sido señalado, no encarcela a niños y adolescentes, no los mantiene por 50 días sin asistencia legal y sin presencia de sus familiares durante las audiencias. Una democracia robusta no cierra emisoras de radio, no detiene periodistas ni interviene partidos políticos inhabilitando a sus candidatos, entre muchos atropellos a los derechos políticos».
Insistió en que una democracia investiga propiamente las violaciones a derechos humanos y sanciona a sus autores.
«Una democracia robusta no realiza audiencias en la noche sin anuncio previo en lugares secretos de manera que no pueden verificarse. Una democracia robusta permite el acceso a abogados designado por las víctimas y acceso a los expedientes que darían sustento legal a los arrestos. Finalmente una democracia robusta no persigue a los ciudadanos por causa de su identidad política», sentenció.
