MP contabiliza más de 530 funcionarios imputados en lo que va de año por violación a DDHH
Tarek William Saab, fiscal del MP comentó que «durante el año 2022 además han sido acusados 398 funcionarios y 34 civiles colaboradores para un total 432 acusados de violaciones a derechos fundamentales. Con respecto a los privados de libertad, apuntó que en lo que va de año han sido detenidos 181 funcionarios y ocho civiles por violaciones a los derechos humanos
En lo que va de año unos 533 funcionarios del Estado han sido imputados por violaciones a los derechos humanos, así lo informó el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, quien también señaló que se suma el cargo de estos mismos flagelos al menos 20 «colaboradores».
Sin dar pormenores sobre sobre los sectores o cuerpos a los que pertenecen los funcionarios imputados, afirmó en rueda de prensa este 14 de octubre que la cifra habla por sí misma «del esfuerzo y dedicación por parte del Ministerio Público y órganos auxiliares de justicia para castigar estos casos lamentables».
Según Saab, durante este año han sido acusados 398 funcionarios y 34 civiles colaboradores, para un total 432 acusados, «lo que es también la cifra más alta desde nuestra llegada a Ministerio Público», dijo. Con respecto a los privados de libertad, apuntó que en lo que va de año han sido detenidos 181 funcionarios y ocho civiles por violaciones a los derechos humanos
Alardeó con que desde su llegada al Ministerio Público (MP), en 2017, han sido imputadas unas 1.460 personas, entre funcionarios del Estado y «colaboradores», por arremetes contra derecho fundamentales de personas. Indicó que en total desde ese año se han acusado a 1.546 funcionarios y 81 civiles para un total de 1.627 acusados.
De acuerdo a lo señalado por el funcionario, desde 2017 la cifras de privados de libertad alcanzan los 769 funcionarios y 39 civiles para un total de 808. Destacó que este año se ha condenado a 64 funcionarios y 19 civiles para un total de 83 personas con penas por abusos.
Saab precisó que en total, los condenados desde 2017 a la fecha son 358 personas, 261 eran funcionarios.
«Estas son cifras incuestionables que revela el trabajo, diligencia, investigación y expresan de manera contundente que los informes de algunos organismos, que no vale la pena mencionar» y que, aseveró, se quieren utilizar para judicializar a gobiernos incómodos para los centros de poder.
A su juicio, el tema de los derechos humanos es usado «para hacerle un expediente al país con cosas totalmente falsas. Se dice que hay inacción y no es verdad».
Saab habla de la actuación del MP
Tarek Wiliam Saab recordó que por el homicidio de David Vallenilla, ocurrido durante una protesta antigubernamental, frente a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda el 22 junio de 2017 fue condenado en octubre 2021 el funcionario de la aviación Arli Méndez a 23 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica.
Señaló que el 4 de noviembre del 2021 fueron condenados a cumplir la pena de 28 años y 7 meses de prisión cuatro exfuncionarios de la policía municipal de Naguanagua y dos funcionarios de la Policía del estado Carabobo por haber causado la muerte de Leonardo González en el municipio Naguanagua durante una protesta ocurrida el 27 de julio de 2017.
Por el caso del exconcejal Fernando Albán, fallecido el 8 de octubre de 2018, agregó que fueron condenados el 3 de diciembre del 2021 dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada. «Estos funcionarios admitieron los hechos y recibieron una pena de cinco años y diez meses de prisión» detalló
Indicó que el 20 de octubre de 2021 fueron condenados a una pena de 26 años y tres meses de prisión dos funcionarios de la Policía de Carabobo por la muerte de Daniel Queliz Araca, quien falleció por un disparo durante una protesta en 2017.
Otro de las actuaciones del MP que mencionó fue la condena que sentenciada el 4 de febrero de 2022 a los exfuncionarios Ascanio Antonio Tarascio Mejías y Esteban José Zárate Soto por los delitos de homicidio calificado y tortura en contra del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo (30 años de prisión).
«Como pueden ver, hay condenas y casos que se pretendió utilizar para una guerra judicial. No hace falta que ningún organismo supranacional investigue para judicializar a violadores de derechos humanos. En este sentido, quiero recordar que el año pasado creamos la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Derechos Humanos», agregó.
Explicó que desde el inicio de sus actividades, la oficina ha atendido a 2.619 ciudadanos, de los cuales 1.325 denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos, y 1.294 recibieron orientaciones jurídicas y remisiones a otros entes.
Reafirmó la voluntad del Estado de seguir en un diálogo constructivo con las instancias internacionales de derechos humanos, tal y como, dijo, se ha realizado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Apuntó que de estas instancias también han recibido denuncias que han sido investigadas y en las que se han producido resultados. Comentó que funcionarios de estos órganos han podido asistir a audiencias para ver el desarrollo de los juicios en casos de derechos humanos.
«Se caen todas las bajezas y falsos positivos en los que se han querido inventar una película de terror sobre cualquier cantidad de fábulas premeditadas para hacer daños y crear avances en una guerra legal contra el Estado venezolano. Si estos funcionarios de la ONU han visitado lo que han querido, han ido y se han entrevistado con quienes han solicitado, eso consta en los expedientes de este organismo. Extrañamente, una gran parte de los medios de comunicación silencian esto que difundo, ¿por qué?, si hay libertad de expresión, por qué esto queda relegado», enfatizó.
Alardeó con que su gestión ha tenido que reabrir casos de masacres y desapariciones forzadas, teniendo que manejarse cifras de hace 30 o 40 años, período en el que «hubo al menos 5 mil ejecuciones extrajudiciales».
«En Venezuela se persiguen y se castigan las violaciones de derechos humanos. El Ministerio Público lidera las acciones en el sistema de justicia. El Estado venezolano ha dado ejemplo a escala regional. Somos referentes en el hemisferio sobre cómo castigar a funcionarios que no se encargan de cumplir la ley», sostuvo.
Concursos en el MP
El fiscal aseveró que en su gestión han realizado dos concursos de credenciales y oposición para el ingreso a la carrera fiscal. Contó que el primero se le dio como nombre Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del Ministerio Público y fue realizado en Noviembre de 2021, mientras que el segundo se denominó VII Concurso de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal, y fue realizado en abril de 2022.
Como resultado de estos concursos han obtenido la titularidad de sus cargos 52 fiscales. Resaltó Saab que a través de la Escuela Nacional de Fiscales se han seguido desarrollando programas de formación en derechos Humanos que han alcanzado a un total de 104 mil 748 personas.
Explicó que estos programas incluyen la cátedra en derechos humanos; cursos para funcionarios y funcionarias policiales y órganos de investigación, cursos para público en general; talleres para el personal del Ministerio Público; talleres para funcionarios y funcionarias policiales y policías de investigación, y talleres para público en general.
