MP se negó a recibir denuncias de amenazas contra Leída Brito, la «abuela del casco rojo»
Leída Brito, junto a otros seis activistas de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, recibió el pasado 4 de abril medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras identificar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos
La activista social y de derechos humanos Leída Brito denunció, junto a su abogado, que funcionarios del Ministerio Público (MP) se negaron a recibir un documento donde denuncia las amenazas y hostigamiento que ha recibido por parte de grupos afectos al oficialismo.
Desde la sede del Ministerio Público, en el centro de Caracas, la activista conocida como «la abuela del casco rojo» denunció que personas adscritas a las cuadrillas defensoras de paz (Cupaz) la persiguen, hostigan, amenazan y graban. «Nos reseñan, tomas fotografías, y de paso nos persiguen a donde vamos. Se ponen el teléfono aquí (en la oreja) para amenazar, para amedrentar, porque eso es lo que hacen».
Brito pidió al MP que investigue estas denuncias. «Mi integridad física es responsabilidad de ellos. Si a mí me pasa algo, si ellos no reciben este documento ni investigan, ¿qué puedo esperar yo del Estado? ¿Qué es lo que tengo que realizar? Porque la denuncia va a seguir».
¡Aunque usted no lo crea!
El Ministerio Público Dirección de «Derechos Humanos», violando el derecho de petición y a la tutela efectiva no recibe denuncia que por amenazas ha recibido la Abuela del Casco, de parte del CUPAZ. pic.twitter.com/DXb1dSz0G4— Joel García (@joelgarcia69) September 13, 2023
El abogado Eduardo Torres, que asiste en la denuncia a la activista, detalló que la Dirección de Protección de Derechos Humanos del MP vulneró la petición, «y el derecho a una oportuna y adecuada respuesta. La abuela del casco rojo y otros sindicalistas están denunciando que el Cupaz Caracas está colocando en redes sociales fotos y mecanismos para que los busquen y señalen».
Torres considera que «de oficio» la Fiscalía debió iniciar una investigación sobre estos hechos. «Estamos hablando de la vida y la integridad. Estamos hablando de grupos que están actuando en coordinación con otros como el DAE (Dirección de Acciones Estratégicas) de la PNB».
Las Cupaz, creadas en 2019, han sido señaladas por organizaciones nacionales e internacionales como grupos de choque promovidos por el oficialismo y que actúan junto a los «colectivos» para el control social en zonas populares. Estas cuadrillas han sido usadas para reprimir protestas y a la oposición política. El pasado 21 de agosto, el mandatario Nicolás Maduro ordenó su activación para un «plan especial antigolpe».
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La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que esta negativa de los funcionarios del Ministerio Público «resulta una flagrante violación a sus derechos humanos, entre ellos el derecho de petición y acceso a la justicia, consagrados en nuestra Constitución Nacional. Ante tales hechos exigimos a las autoridades competentes dar trámite a la referida denuncia y asegurarle la atención y protección que requiere por parte del Estado venezolano».
Leída Brito, junto a otros seis activistas de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, recibió el pasado 4 de abril medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras identificar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
