MP y Defensoría del Pueblo discriminan a víctimas de abusos contra los Derechos Humanos
Desde 2010 más de 27.000 personas han sido asesinadas por organismos policiales y militares en Venezuela. Estos asesinatos han sido presentados como muertes por «resistencia a la autoridad»
El pasado 21 de agosto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andrés Nieves y Víctor Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al régimen de Nicolás maduro.
El Ministerio Público (MP), cuatro días después, ordenó la detención de los funcionarios presuntamente responsables del crimen: José Contreras, Néstor Olano, Andrés Díaz y José Moreno.
Dos meses antes, el 11 de junio, las FAES asesinron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas. Arquímedes Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial.
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Es importante destacar que, en el caso de los trabajadores de la Televisora Guacamaya y las cinco personas asesinadas en El Limón, la versión oficial presentada por las FAES fue que las personas involucradas habían enfrentado a los funcionarios y debido a ello murieron. Esta es la versión en la casi totalidad de casos en los cuales no solo este componente de la PNB realiza ejecuciones sino también cuando están involucrados otros organismos policiales.
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Desde 2010 más de 27.000 personas han sido asesinadas por organismos policiales y militares en Venezuela. La casi totalidad de asesinatos son presentados como muertes por «resistencia a la autoridad» y, por lo tanto, se impone la versión que asegura que los funcionarios actuaron en el marco de la ley y en legítima defensa. Así se da luz verde para que los agentes de la fuerza pública sigan cometiendo graves violaciones contra los derechos humanos de las víctimas.
La impunidad es la norma
Los familiares de las víctimas de ejecuciones policiales se están organizando. Se constituyó la organización Orfavideh, que durante el mes de agosto, ha venido desarrollando una campaña de denuncia y exigencias al Ministerio Público para que se investiguen y sancionen a los responsables de los asesinatos cometidos por la fuerza pública.
También se han organizado los familiares de las víctimas de la represión a las protestas del 2017 bajo la organización Alfavic para igualmente exigir justicia por las muertes de varias personas.
