Muerte de concejal Albán intensifica el foco internacional en responsabilidad del Estado

Gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea y organismos multilaterales se pronunciaron para exigir una investigación independiente que ayude a determinar en qué condiciones ocurrió la muerte del concejal Albán

Cada uno de los elementos que se conjugaron en la trágica muerte del concejal Fernando Albán, militante del partido Primero Justicia, intensificó el foco de atención de la comunidad internacional sobre la responsabilidad del Estado en este caso: Albán fue víctima de una detención arbitraria al llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la tarde del viernes 5 de octubre, estuvo detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) sin que sus familiares y abogados pudieran verlo durante tres días y falleció bajo custodia del Estado, mientras su equipo de defensa legal y compañeros del partido lo esperaban en la presentación de su audiencia en tribunales.

La primera información oficial surgió desde la vocería del fiscal designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, quien afirmó que se trataba de un «suicidio» y precisó que el concejal «se había lanzado desde la ventana del baño en el piso 10» de la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

Pero las versiones que señalan dirigentes de oposición es que fue torturado hasta la muerte y posteriormente lo lanzaron desde el piso 10 del edificio. La declaración del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, contradice el lugar de los hechos según lo que dijo inicialmente Saab y aunque ambas apuntaron a un supuesto suicidio, dos días después, el fiscal incurrió en nuevas contradicciones incluso de sus propias declaraciones.

En ambas versiones la responsabilidad del Estado es ineludible. Liliana Ortega, directora de Cofavic, explica que según los parámetros del derecho internacional. «Si el escenario era una situación de salud que comprometía la vida de Albán tenían que tomarse más previsiones. La omisión también genera responsabilidad».

Durante estos tres días que han transcurrido después de la muerte del concejal, representantes de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Panamá y la Unión Europea se pronunciaron para exhortar al Estado venezolano una investigación exhaustiva e independiente sobre el caso. El pronunciamiento más reciente fue el de la canciller alemana Ángela Merkel, lo que generó una aireada reacción de su homólogo venezolano Jorge Arreaza.

2. La Canciller alemana reincide en acciones intervencionistas y hostiles en contra de Venezuela. Le exigimos al gobierno alemán que respete nuestras instituciones, nuestra soberanía y que cumpla con las más elementales obligaciones del derecho internacional

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) October 11, 2018

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una «investigación transparente» sobre su muerte porque existen «informes contradictorios sobre lo ocurrido», según declaró una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa en Ginebra.

La Unión Europea (UE) se sumó a las exigencias de una «investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte» y exhortaron al gobierno venezolano a que «respete los derechos humanos de todos los detenidos», expresó la oficina de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, a través de un comunicado.

A estas peticiones se unió la embajada de Estados Unidos en Venezuela al afirmar que la muerte de Albán es una muerte «sospechosa» y constituye una violación de los derechos humanos porque el dirigente estaba bajo custodia del Estado.

Provea especifica que la detención del concejal fue arbitraria, ya que violaba los artículos 45 y 46 de la Constitución, y derivó en una desaparición forzada porque después de 20 horas estuvo incomunicado detenido más de 48 horas sin presentación en los tribunales.  A través de su cuenta en twitter, esta ONG destacó que ningún funcionario del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo pueden entrar a las sedes del Sebin desde el año 2015.

Todos estos elementos fueron parte de los argumentos de 65 ONG que se unieron en un comunicado para exigir una investigación independiente porque aseguran que “existen altas probabilidades de que el concejal Fernando Albán haya sido sometido a tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes durante las 48 horas de su detención” y señalan que “la sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela, Caracas, ha sido denunciada como centro de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad por razones políticas”.

Las organizaciones destacan que según «estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de la vida e integridad de las personas que se mantengan bajo su custodia”.

Desde #EncuentroPopular comparto esta opinión de @lubrio Nuestro gobierno y el Fiscal General Tareck Willian Saab deben actuar con la mayor celeridad para clarificar este lamentable suceso.El chavismo es una fuerza democrática y la más interesada en la trasparencia en este caso. https://t.co/v5B93bxPb1

— Elias Jaua (@JauaMiranda) October 9, 2018

Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, se unirá al grupo de países de la región que establecerán una demanda formal en la Corte Penal Internacional (CPI)que por primera vez en la historia hacen uso del artículo 14 del Estatuto de Roma y piden a la CPI realizar una investigación sobre un mandatario. Se tenía previsto que la firma de la petición para que la CPI de inicio a una investigación contra el Gobierno venezolano se diera el martes 25 de septiembre, sin embargo fue pospuesta para el miércoles 26 durante la 73 asamblea general de la ONU.