Municipales: un «evento atropellado» donde el oficialismo busca mayor provecho político
En las elecciones municipales convocadas para el 27 de julio, consideran expertos, el oficialismo busca rematar su control en todos los niveles de gobierno, aprovechándose de los llamados a abstención y la fragmentación opositora en torno a la propia vía electoral y las candidaturas
El Consejo Nacional Electoral convocó las elecciones municipales para el próximo 27 de julio, apenas una semana y media después de la realización de los comicios donde se escogieron gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y legisladores estadales, y sin resolver las dudas en cuanto a participación del 25 de mayo o publicar los resultados disgregados, cuestión que se arrastra desde las presidenciales del 28 de julio de 2024 debido a un «hackeo» de la página web del organismo.
En este nuevo proceso electoral, consideran expertos, el oficialismo busca rematar su control en todos los niveles de gobierno, aprovechándose de los llamados a abstención y la fragmentación opositora en torno a la propia vía electoral y las candidaturas.
El pasado 25 de mayo, el Partido Socialista Unido de Venezuela avanzó en el control de los espacios: 23 gobernaciones, 256 diputados a la Asamblea Nacional y 235 legisladores regionales fueron adjudicados al PSUV y organizaciones aliadas.
Estas elecciones municipales pueden «ser una apuesta para apoderarse de todos los cargos ante la falta de credibilidad y legitimidad de los procesos electorales organizados por este CNE», considera Jesús Castellanos, politólogo y experto en procesos electorales.
El diputado de El Cambio y experto electoral Aníbal Sánchez no pone en duda «que privó el tema político de aprovechar la atomización, fraccionamiento de la oposición e inhibición del posible elector opositor» para fijar esta fecha.
Señala además que ante nuevos llamados abstencionistas «puede significar que el chavismo logre hacerse de buena parte o de todas las alcaldías en control de la oposición que hoy significan un tercio. A estos sectores se le debe llamar la atención que no es un tema de defender puestos o cargos, es el tema de poner la gente, sus problemas de primero, sin dejar de evaluar los riesgos y actuales gestiones».
Municipales a la carrera
A diferencia de las últimas dos elecciones, el Poder Electoral apenas dispondrá de 53 días para organizar las municipales. Uno de los eventos afectados es la actualización del Registro Electoral, cuyo corte finalizó el 4 de junio, mismo día en que fueron convocados los comicios.
Otro lapso que se acorta es el dispuesto para la campaña electoral: en las regionales, donde el PSUV admitió que era «reducido», los candidatos dispusieron de 31 días, mientras que en las municipales el tiempo de promoción no supera la quincena (13 días).
Apenas este jueves 5 de junio termina la auditoría «Datos de electores, Fase II» con la que finalizan las actividades del cronograma de las elecciones regionales. El diputado José Parra Ramírez, vía redes sociales, cuestionó que unos comicios de este tipo se desarrollen en apenas seis semanas, cuando el proceso anterior tuvo que ser reprogramado.
🧵1/2
La elección regional y de la Asamblea Nacional del #25May tuvo que ser pospuesta casi un mes.Y eso que contaba con mayor planificación, más tiempo de despliegue y menos tensiones acumuladas.
¿Qué hace pensar al CNE que ahora será distinto?
— José Parra Ramírez (@jparrave) June 4, 2025
Jesús Castellanos afirma que para este Consejo Nacional Electoral «y esta nueva etapa de los procesos electorales en Venezuela, de autoritarismo no competitivo o cerrado, no es muy difícil organizar elecciones. Recordemos, no hay cumplimento de ley, no hay cronograma oficial publicado, no hay jornadas especiales de inscripción y actualización del RE, dudosa celebración de auditorías, etc».
Para el profesor universitario, el principal problema de estas elecciones «es que la total falta de integridad se apodera de los procesos electorales en Venezuela. Son eventos en donde la ley, la elección y la voluntad popular son solo referencias. A eso sumen la falta de credibilidad y la difusa y exigua legitimidad de los que resulten proclamados como ganadores del evento».
Por su parte, Aníbal Sánchez califica el evento de «atropellado», al tiempo que recuerda que son 335 alcaldes y 2.471 concejales cuyos períodos constitucionales vencen en noviembre, por lo que se disponía de un lapso de cinco meses para organizar unos comicios, «de manera que se pudieran desarrollar cómodamente al menos 90 actividades previas al día de la votación».
«Entre estas actividades están unas de área técnica, administrativa, logística, y operativas. Siempre he mantenido que un cronograma ideal podría llevar unos 145 días, aunque existen antecedentes recordados como la elección del 2013 a partir de un hecho sobrevenido, pero en esa oportunidad el CNE estaba preparándose para unas elecciones municipales», destaca.
El diputado afirma que, en este tipo de procesos electorales, «siempre la parte más afectada es la promoción del evento, la familiarización sobre los instrumentos de votación», así como el padrón de electores, pues no se estipuló una jornada de actualización que permita la inclusión de nuevos votantes o la actualización de datos de residencia.
«Lo que nos lleva al tema de explicar que la identidad electoral no se pierde; por un informe de electores activos, un criterio acuñado para dar reportes sobre los que consideran activos por haber votado en cualquiera de los últimos eventos “si aplican ahora en julio sería haber votado en municipales del 2021, nacionales del 2024 o regionales del 2025”», puntualiza el experto.
Además, comenta que otro problema –de carácter político– es que para estas elecciones estarán habilitadas a participar 54 organizaciones partidistas: 36 nacionales, 10 regionales y ocho en representación de los pueblos indígenas.
«Está demostrada la necesidad de consensuar, de manera que por la oposición los (23) partidos puedan coincidir en las mismas candidaturas, lleva un gran esfuerzo y requiere tiempo. No es posible hacer mediciones ni incluso consultas de primaria, el tema es de tener criterio político», asegura Sánchez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
