“Narcolancha”: a quién acuden las familias ante reclamos por «desapariciones» o asesinato
Las identidades de los fallecidos por el hundimiento de una “narcolancha” en aguas internacionales y que transportaba drogas para el Tren de Aragua, según el Gobierno de Estados Unidos, siguen sin conocerse. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo que han iniciado una investigación pero “ninguno es ni del Tren de Aragua, no es narcotraficante, ni llevaban droga”
Si el Gobierno de Estados Unidos ya justificó sus actuaciones en el caso de la “narcolancha”, las autoridades venezolanas ahora buscan controlar la narrativa para señalar a la administración de Donald Trump del asesinato de 11 personas.
En una semana, funcionarios de Nicolás Maduro reconocieron “investigaciones” sobre “personas desaparecidas”. Hasta la fecha, las identidades de los hombres a bordo de la embarcación no han sido esclarecidas. Tampoco se ha aclarado quién maneja la investigación del caso.
En tanto las familias de San Juan de Unare, una población pesquera del municipio Arismendi (estado Sucre), permanecen en silencio. El ministro Diosdado Cabello dijo el 11 de septiembre que «allí están las familias de personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Y cuando preguntamos en pueblos, ninguno era del Tren de Aragua, ni narcotraficantes, ni llevaban drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos utilizando una fuerza letal».
Simón Gómez Guaimara, abogado especialista en derechos humanos y derecho internacional, destaca que este tipo de declaraciones, al igual que las hechas por funcionarios de Estados Unidos, son una “estrategia de carácter político que ha sacrificado a estas personas, sin importar a que se dedicaran”.
Sobre las declaraciones “políticas” del ministro Cabello, el experto comenta que no queda clara “la existencia de investigaciones imparciales, independientes, llevadas a cabo por los órganos competentes que, en este caso, es el Ministerio Público”.
“Dice ‘nosotros hemos llevado nuestras investigaciones’. Cuando dice ‘nosotros’, ¿quiénes? ¿Los organismos de inteligencia del Estado, los órganos de investigación penal o la Fiscalía? Esto no es algo que nos sorprenda, pero no existe atisbo alguno de una investigación seria, profesional y exhaustiva sobre estos hechos”, afirma.
Indica que, si bien es un tema “sumamente complejo” por la falta de información, el Ministerio Público “está en la obligación de abrir una investigación dada la notoriedad de los hechos. La complejidad de las circunstancias deviene que no conocemos con certeza el lugar donde ocurrieron los hechos”.
Según el Gobierno de Estados Unidos, el ataque ocurrió en aguas internacionales. El secretario de Estado Marco Rubio dijo en una oportunidad que la lancha se dirigía a Trinidad. Otros funcionarios han señalado que, en realidad, la embarcación se dirigía directamente a EEUU.
“En esa medida, dada también las condiciones de vulnerabilidad y pobreza que se ha conocido de estas personas y sus familiares, resulta para ellas bastante difícil acceder a instancias en los Estados Unidos que, evidentemente, estarían abiertas respecto a ellas por tratarse de funcionarios de esa nacionalidad quienes cometieron este ataque”.
Si el ataque ocurrió en aguas territoriales de Trinidad y Tobago, señala el abogado, la denuncia podría introducirse en ese país porque allí ocurrieron los hechos. Asimismo, recuerda que ya ese Gobierno ha desestimado mover recursos para atender esta situación, ante la solicitud del presidente colombiano Gustavo Petro de buscar restos mortales de estas 11 personas.
“Es una situación donde la ausencia de información nos deja con mucha incertidumbre frente a los canales de denuncias que podrían estar abiertos para estas personas, pero las instituciones venezolanas no pueden obviar su deber constitucional de investigar los hechos”, asevera.
¿Caso “narcolancha” en instancias internacionales?
Según reportes a The New York Times, la “narcolancha” habría cambiado su curso tras divisar un avión militar estadounidense, pero “los militares atacaron repetidamente el barco antes de que se hundiera”.
La administración Trump ha justificado la acción diciendo que era “cuestión de defensa propia” y enmarcado en leyes de conflicto armado, tras declarar al Tren de Aragua, organización a la que supuestamente pertenecía la embarcación como “terrorista”.
Especialistas jurídicos estadounidenses, algunos de ellos militares, han calificado la acción de ejecuciones sumarias.
“Si alguien se está retirando, ¿dónde está entonces la ‘amenaza inminente’?”, dijo al NYT el contralmirante Donald Guter, quien fue el principal juez abogado general de la Marina de 2000 a 2002. “¿Dónde está la ‘defensa propia’? Han desaparecido, si es que alguna vez existieron, que no creo que existieran”.
Una especialista en derecho, que pidió no ser identificada para esta nota, señala que Estados Unidos no tiene potestad “para cometer este tipo de crimen. Se debió respetar el debido proceso, parar esa lancha, peñero, embarcación, revisas que había allí y, en dado caso, llevarse a estas personas. Lo que hubo fue una ejecución extrajudicial”.
“Incluso, de acuerdo a las leyes americanas, algunos señalan que se trata de un crimen de guerra pero realmente para eso se requiere una política de Estado detrás, una intención de atacar y todo lo que plantea el Estatuto de Roma, pero Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma”, indica.
La abogada reitera que para el derecho internacional de los derechos humanos “sí está muy claro que hubo una violación por falta de debido proceso y se llegó a cometer una ejecución extrajudicial”.
Especialistas también coinciden que los familiares pueden accionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La CIDH tiene plena competencia para conocer estos y por supuesto que las víctimas pueden acudir a esa instancia. Allí por supuesto se tiene que probar que se han agotado todos los recursos en la jurisdicción interna”, dice Gómez.
Si bien Estados Unidos no forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, sí hace parte de la OEA por lo que se puede proceder por violaciones a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
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