Narcotráfico, neoliberalismo y exclusión favorecieron prolongación de conflicto colombiano
La Comisión de la Verdad entregó este martes 28 de junio su informe sobre el conflicto interno colombiano, en el que se señalan causas armadas y no armadas que fomentaron el desarrollo del enfrentamiento y que hubo 450.000 muertos, y también hace una serie de recomendaciones para que se la lucha se quede solo en las páginas de la historia
Luego de un trabajo de investigación de cuatro años, la Comisión de la Verdad (CEV) entregó su informe sobre el conflicto interno colombiano, en el que se señala que la cifra de muertos es de 450.000 personas y que hubo causas armadas y no armadas que fomentaron la continuidad del enfrentamiento.
Para la elaboración del documento de 8.000 páginas y 24 tomos y titulado «Hay futuro si hay verdad», se realizaron más de 14.000 entrevistas a 27.000 personas, tanto en Colombia como en otros 23 países.
La CEV estuvo constituida por 11 comisionados, entre los que se cuentan académicos, líderes sociales y periodistas, y se formó a partir del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en 2016. Fue una institución autónoma aunque ligada a la Jurisdicción Especial para la Paz.
El presidente de la comisión, sacerdote jesuita Francisco de Roux, presentó el informe en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en el centro de Bogotá, acto en el que no estuvo presente el presidente saliente, Iván Duque, y sí estuvo el presidente electo, Gustavo Petro.
El padre Francisco de Roux expresó que la lista de víctimas es interminable y el dolor acumulado insoportable. «¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata», cuestionó el sacerdote.
“Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico, que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación”, expresó el sacerdote Francisco de Roux en su discurso.
Añadió que ese cuerpo de la nación «no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia, el alma indígena arrasada en el Vaupés”.
El informe hace señalamientos a la política de EEUU y a la de los gobiernos que se sucedieron en Colombia a lo largo de los 58 años que duró el enfrentamiento armado, así como a la vinculación del narcotráfico en todo el proceso.
Dividido en 10 capítulos, dos de ellos hechos públicos el martes, el informe documenta masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, extorsiones, torturas, agresiones sexuales y reclutamiento de menores.
Teatro Jorge Eliécer Gaitán sirvió de escenario a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad
En un breve discurso, el presidente electo, Gustavo Petro manifestó su esperanza de que este informe ayude a «cortar, definitivamente, los ciclos de la violencia». Advirtió que las sociedades siempre tendrán conflictos pero que los mismos no pueden ser sinónimo de muerte.
Previo al acto de presentación del informe, el presidente saliente, Iván Duque, declaró durante una entrevista con la agencia Efe que esperaba que el enfoque sobre la verdad tuviera absolutamente claro que en Colombia nunca han existido revolucionarios «porque un revolucionario no tiene licencia para asesinar a nadie ni para secuestrar ni para doblegar la institucionalidad».
«No hay asesinatos de derecha ni de izquierda. Asesinato es asesinato. Y no hay causas objetivas de la violencia. Nada puede justificar un asesinato, un secuestro, una extorsión o un ataque terrorista», añadió el mandatario.
Señaló que la verdad no puede tener sesgos, ni ideologías y no puede tener prejuicios.
Causas armadas y no armadas del conflicto
El documento publicado señala que el conflicto interno colombiano tuvo causas armadas y no armadas que facilitaron su expansión y prolongación en el tiempo.
Detalla que todo fue parte de un entramado económico, político e incluso cultural que fomentó el alzamiento en armas de campesinos y líderes políticos excluidos.
Asegura que el modelo económico neoliberal, implantado especialmente a partir de la década de los años 90, fomentó la exclusión y la desigualdad.
Agrega que el modelo de seguridad del Estado, en parte financiado por EEUU, puso a las Fuerzas Armadas de Colombia en «modo guerra» y señala que la exclusión a sectores sociales no fue solo de tipo económica, sino que se determinaron patrones de discriminación racial, étnica, cultural y de género, que coadyuvaron a la persistencia del conflicto.
Otra de las conclusiones precisa que el Estado colombiano desprotegió regiones y poblaciones vulnerables, expecialmente a jóvenes, muchos de los cuales se vieron obligados a pasar a formar parte de los grupos armados.
En cuanto al rol de EEUU, el documento critica que «emprender una guerra contra el narcotráfico tenía efectos sociales y ambientales desastrosos, al hacer que los agricultores pobres fueran enemigos del Estado y deteriorando paisajes que alguna vez fueron fértiles».
«Las consecuencias de este planteamiento concertado y en gran parte impulsado por EEUU -agrega- llevaron a un endurecimiento del conflicto en el que la población civil ha sido la principal víctima».
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El enemigo interno
Otro de los hallazgos de la CEV fue que la aplicación de la doctrina del enemigo interno, estigmatización y el exterminio del adversario tiene un gran potencial para explicar la persistencia del conflicto.
«Este mecanismo se ha instalado en la cultura como extensión de los múltiples prejuicios que existen en el país y que se anclan en la historia de la construcción de la nación», precisa el documento.
Agrega el texto que esta doctrina, que persiste hasta hoy, rápidamente se extendió a todos aquellos que no estaban de acuerdo con el sistema imperante o que demandaban transformaciones políticas, sociales y económicas, entre ellos dirigentes y miembros de partidos de izquierda y progresistas , defensores de DDHH, líderes religiosos, líderes sociales y ambientalistas, sindicalistas y organizaciones sociales, entre otros.
Se resalta en el mismo, como punto grave de la estigmatización del otro como enemigo, que esto muchas veces tiene origen en una mentira que se instala como verdad y que esa construcción de enemigo trascendió a las relaciones personales e íntimas, a las instituciones y a la manera de interpretar y aplicar la ley, así como al campo político.
De igual manera se señala que la impunidad ha sido una condición imperante en el país, que ha extendido estas prácticas; en especial por la falta de un criterio ético y de una autoridad que muestre lo que está bien y mal, que sancione la violación de DDHH o señale el horizonte de la convivencia.
Por una ética pública
Entre las recomendaciones que se hacen en el documento está la necesidad de fundar una ética pública.
Se refiere a u una ética laica, compartida por al menos una inmensa mayoría, que reconozca la igual dignidad de todos los seres humanos.
«Esto, acompañado de una democracia que garantice el acceso pleno a los derechos de todas y todos los ciudadanos sin distinción de raza, etnia, género, religión, clase social e ideología política», advierte el texto.
También se habla de la justicia restaurativa, creada en el marco del acuerdo de paz y que pone el énfasis en las penas para los responsables, orientadas a la reparación a las víctimas y la sociedad.
Finalmente se plantea la necesidad de activar una conversación nacional, con el argumento de que los reconocimientos de responsabilidad son espacios para generar confianza y explorar particularidades, por lo que propone trabajar en conjunto con víctimas y responsables en torno al sufrimiento humano.
Informe Final Capítulo Hall… by TalCual
